¿Cuántas veces hemos escuchado a un presidente o ministro prometer que una obra pública estará lista “en meses”, solo para ver cómo los meses se convierten en años y la infraestructura sigue inconclusa? La historia se repite con anuncios grandilocuentes, primeras piedras colocadas con cámaras de televisión y vagonetas trabajando, pero a la hora de avanzar, los proyectos se estrellan contra el mismo muro: las expropiaciones.
La lentitud y los engorrosos y costosos procesos para adquirir los terrenos se han convertido en un obstáculo que genera pérdidas millonarias al Estado, eleva los costos de las obras y afecta la competitividad del país, con impacto directo en el bienestar ciudadano.
La lista de proyectos atrapados en este laberinto es extensa. La ampliación de la ruta San José-San Ramón suma más de 500 terrenos sin adquirir; la ruta 32 –iniciada en el 2017– arrastra más de 100 expropiaciones pendientes; la carretera a San Carlos mantiene 14 propiedades en trámite en su punta sur, mientras que en el tramo Barranca-Limonal –varado desde el 2022– ya se perdió la cuenta. A este inventario se suma la Circunvalación norte, que enfrentó más de 3.000 días de atraso causados exclusivamente por problemas de expropiación.
No se puede decir que no se han hecho intentos. Las reformas legales de 2014 y 2017 buscaron habilitar la ocupación anticipada de terrenos declarados de interés público y establecer plazos judiciales para agilizar los procesos. Sin embargo, los resultados han sido decepcionantes. Según el Informe Estado de la Justicia 2022, las expropiaciones judicializadas tardan en promedio 19 meses, y la mitad de ese tiempo se pierde en trámites administrativos. El problema, por tanto, no recae únicamente en el Poder Judicial. También es responsabilidad del Poder Ejecutivo, cuya lentitud y falta de coordinación agravan el estancamiento.
A ello se añaden razones tan absurdas como indignantes. Se han dado casos de expropiaciones detenidas por falta de chofer, viáticos o vehículos para que un juez o funcionario realice una notificación. Otras se frenan por errores en las direcciones, por ausencia de coordinación entre juzgados y dependencias estatales, o porque hay muy pocos jueces para cientos de expedientes.
En este contexto, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) dio un paso que merece atención. Para destrabar el proyecto San José-San Ramón, contratará una empresa privada que se encargará de las gestiones técnicas y legales de las expropiaciones. Si se ejecuta con transparencia y eficacia, este modelo podría replicarse en otros proyectos paralizados por los mismos motivos. Pero, además, representa un reconocimiento tácito de que el sistema actual no funciona y debe cambiar.
Sin embargo, este no puede ser un esfuerzo aislado. Tal como ha alertado el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), la falta de coordinación entre instituciones ha sido uno de los principales factores de atraso. Por eso urge una articulación entre actores clave como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), los juzgados, la Procuraduría y las municipalidades, para evitar que decisiones fragmentadas sigan neutralizando cualquier avance.
También es positiva la propuesta presentada por el diputado Luis Diego Vargas para reformar de manera integral la Ley de Expropiaciones. Su iniciativa plantea reducir a seis meses la duración máxima de los procesos, permitir el uso inmediato de los terrenos mientras se resuelven diferencias de precio, incentivar la venta voluntaria con un 10% adicional sobre el avalúo y crear un órgano técnico especializado adscrito al MOPT. Son ideas que ameritan un debate responsable, pero también pronto.
Por supuesto, ninguna reforma será suficiente si no se acompaña de inversión. Saldría más barato dotar de personal, vehículos y herramientas digitales a las instituciones encargadas antes que continuar pagando indemnizaciones por atrasos o enfrentar sobrecostos millonarios. Invertir en agilización no es un gasto.
La raíz del problema también está en la falta de preingeniería. Se siguen adjudicando contratos y dando órdenes de inicio sin contar con el derecho de vía completo. El caso de la vía a San Ramón es, sin duda, el más simbólico. Desde el fallido contrato con OAS en el 2013, pasando por el fideicomiso truncado con el BCR, hasta el modelo actual sin crédito aprobado, lo único constante ha sido la inacción. Y lo peor es que hoy, tras más de una década de trámites y conflictos, seguimos en el mismo punto de partida. La misma historia se repite con la ruta 32.
Es hora de que los tres poderes de la República –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– asuman su responsabilidad y trabajen de forma coordinada para plantear soluciones reales. Hace falta cambiar las leyes, modernizar la forma en que se gestionan estos procesos y dar a las instituciones el personal, los equipos y el dinero que necesitan. Mientras no se concreten reformas, será imposible confiar en un presidente o un ministro que prometa una obra en un determinado número de meses. Si queremos salir del estancamiento, hay que despejar el camino.
