Las graves revelaciones del expediente judicial del caso Riverside –la mayor operación policial ejecutada contra una estructura de narcotráfico y legitimación de capitales– deben obligar al Ministerio de Justicia, como administrador del sistema penitenciario, y al Ministerio Público, como órgano acusador del Estado, a coordinar soluciones y cumplir plenamente las responsabilidades que la ley les asigna.
El hecho de que Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, lograra reclutar a dos policías penitenciarios cinco días después de entrar a Máxima Seguridad de La Reforma, mientras esperaba el proceso de extradición hacia Estados Unidos, comprueba la debilidad de los controles para impedir la infiltración del crimen organizado en las prisiones.
Se trata de una amenaza para la seguridad del Estado y, a fin de cuentas, para los ciudadanos, porque ni siquiera una sección destinada al régimen de vigilancia más restrictivo logró neutralizar la capacidad operativa de un cartel del narcotráfico. Los oficiales le permitieron a Pecho de Rata mantener comunicación con el exterior, transmitir instrucciones y garantizar la continuidad que mantendría la banda luego de su extradición, que se dio, finalmente, el 20 de marzo pasado.
Este no es un caso excepcional. Es otro más. Hace un año, un allanamiento en La Reforma le permitió al Organismo de Investigación descubrir celulares en manos de los reclusos Tonny Peña Russell y George Michael Paniagua Rivera, alias Curry, desde los cuales, según la Policía, habrían ordenado el asesinato de al menos 15 personas.
La historia se repitió con Darwin González, alias Pancho Villa, condenado a 12 años por narcotráfico. En ambos casos, Peña Russell y González tenían no uno, sino dos dispositivos, pese a que anteriormente ya les habían decomisado otros.
Está más que probado que, en las cárceles, los protocolos de inspección son arcaicos. El Ministerio de Justicia debe invertir en escáneres similares a los utilizados en aeropuertos para revisar a los pasajeros, y en cámaras de vigilancia.
Lo sucedido también exige depurar el proceso de reclutamiento de la Policía Penitenciaria que, con sus 5.000 oficiales, es el segundo cuerpo policial más grande del país. Cabe incluso preguntarse si es suficiente ese número de agentes. La Defensoría de los Habitantes denuncia que faltan 2.700 más.
También urge investigar si existe una red de protección a favor de reos integrada por funcionarios públicos. La sospecha no surge de la especulación, sino de una conversación interceptada entre uno de los colaboradores de Pecho de Rata y la hija del recluso, en la que el primero asegura: “Soy policía y lo estoy cuidando a él”. Un indicio de esa gravedad obliga a reforzar los mecanismos de gestión del riesgo dentro de la Policía Penitenciaria, incluido el uso frecuente y voluntario del polígrafo, ya autorizado por ley. Eso sí, debe emplearse como una herramienta preventiva y nunca como detector de mentiras, prueba definitiva o fundamento exclusivo para sancionar.
También debe eliminarse cualquier tomacorriente en celdas que posibilite cargar baterías. Desde hace dos años, el OIJ los detectó y pidió suprimirlos. ¿Se hizo? Sin lugar a dudas, esos tomacorrientes alimentan el comercio clandestino de celulares inteligentes que, con un chip de telefonía internacional, llegan a negociarse hasta en ¢3 millones, según el propio OIJ.
Basta una cifra para dimensionar el negocio: en apenas una semana de mayo, la Policía Penitenciaria decomisó 22 teléfonos celulares dentro de las cárceles. ¿Y el bloqueo de señales? De poco sirve. Es una burla, porque el sistema, supuestamente, solo inutiliza las líneas de los operadores locales.
Todas esas acciones son urgentes. Pero también lo es que el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, y el fiscal general, Carlo Díaz, se comprometan a encontrar soluciones conjuntas. Sobre todo, porque una acusación tan grave como la formulada por el primero no puede quedar en el aire. Si es cierto que el fiscal general y varios fiscales se abstuvieron de ejercer la acción penal en 90 casos de personas sorprendidas por la Policía Penitenciaria, entre enero y junio de este año, cuando intentaban introducir teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en las cárceles, el país tiene derecho a conocer las razones.
Según Aguilar, algunas fiscalías remitieron esos casos a la vía administrativa, pese a que, de acuerdo con la ley aprobada en abril del año pasado, esa conducta constituye un delito sancionado con hasta cuatro años de prisión. Corresponde a Díaz aclarar si existen vacíos normativos que expliquen esa actuación y, de ser así, ambos jerarcas deberían impulsar las reformas necesarias.
El país necesita soluciones, no conflictos prolongados entre instituciones ni entre sus jerarcas. La gravedad del problema exige unir esfuerzos, no profundizar la polarización. Con más de 17.000 personas privadas de libertad, las cárceles no pueden seguir convirtiéndose en las oficinas desde las cuales el crimen organizado administra homicidios, narcotráfico, legitimación de capitales y estafas. Los costarricenses financiamos el sistema penitenciario y a sus funcionarios para romper la cadena de mando de las organizaciones criminales, no para que continúen operando desde las celdas.