Los diputados aprobaron este jueves, en segundo debate, el proyecto de ley que establece una pena de cárcel de hasta cuatro años para aquellas personas que introduzcan teléfonos celulares, satelitales o cualquier otro dispositivo de telecomunicaciones a los centros penitenciarios.
Este tipo de aparatos electrónicos son frecuentemente utilizados como herramientas para cometer todo tipo de fraudes telefónicos desde la prisión.
Cada año, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registra denuncias por estafas realizadas desde los centros penitenciarios que rondan entre los ¢5.000 millones y los ¢7.000 millones.
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La pena mínima por el nuevo delito de introducir teléfonos a las cárceles es de dos años y máximo de cuatro.
La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo, desde febrero de 2024, y establece el aumento de la pena hasta en un tercio cuando esas conductas las cometa un funcionario público, así como los proveedores de bienes o servicios en ese tipo de centros penales.
Igualmente, se aumentaría la pena en un tercio si son los abogados en el ejercicio de su actividad profesional quienes introducen los teléfonos a los centros penales, o bien cualquier otra persona que posea una autorización especial de ingreso.
Según datos de la Dirección de Policía Penitenciaria incluidos en la exposición de motivos del proyecto, entre octubre y diciembre de 2023, se incautaron 784 teléfonos celulares en los centros penitenciarios.
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“El uso de teléfonos celulares y otros medios de comunicación electrónicos facilita la coordinación de actividades violentas entre reclusos y con el exterior, generando un ambiente carcelario peligroso y difícil de controlar.
"Además, la falta de una sanción real conlleva que las personas no teman introducir celulares a los lugares de reclusión, dado que no existe una penalidad y ello les puede generar un ingreso monetario considerable, precisamente por el monto que se paga ante la introducción de celulares", detalla la argumentación del proyecto.
Entre los delitos que se realizan desde la prisión, cuando se posee un aparato celular, están tráfico de drogas, extorsiones, estafas informáticas e, incluso, el planeamiento de homicidios y de otros delitos, como la fuga de la reclusión.
Ya aprobada la iniciativa, solo resta que la Presidencia de la República la firme como ley y la envíe a su publicación en el diario oficial, La Gaceta.
