La entidad dio a conocer los resultados de un informe iniciado en el 2023, que contiene datos hasta abril de este 2024, en el cual concluyó que el déficit de oficiales se agravó en estos dos años, pues al iniciar la investigación el faltante era de 1.754.
Esto ha generado “una afectación directa tanto a los derechos laborales del personal policial como a los derechos fundamentales de la población privada de libertad”.
La Defensoría detalló que la cifra fue brindada por el mismo director de la Policía Penitenciaria, Nils Ching Vargas, quien indicó en un informe que “el Sistema Penitenciario Nacional requiere de al menos 2.722 nuevos funcionarios policiales penitenciarios, para poder desarrollar todas las demandas operativas de la mejor manera y poder cumplir con las múltiples tareas que se desarrollan de manera diaria”.
Funcionarios de la Defensoría detectaron incluso alto agotamiento físico y emocional en el personal carcelario, así como recargo de funciones, acumulación de vacaciones no disfrutadas, y limitaciones en atención médica, técnica y educativa de los reclusos.
Asimismo, el poco personal compromete la seguridad de los centros penales, retrasa traslados médicos y judiciales, afecta el contacto de los privados de libertad con sus familias, e incrementa el riesgo de motines y fugas.
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Frente a este escenario, la Defensoría recomendó al Ministerio de Justicia y Paz adoptar medidas presupuestarias, administrativas y logísticas concretas, para fomentar con urgencia la contratación de policías penitenciarios.
El Ministerio deberá remitir además, este mes, un nuevo informe detallado de cada cárcel del país. También deberá crear un sistema de información anticipado de manera semestral, para identificar a los oficiales que se van a jubilar, renunciar, que han fallecido o que han sido despedidos, y así proyectar la plazas que quedarán vacantes.
Por su parte, al Ministerio de Hacienda se le solicitó garantizar el presupuesto necesario para que Justicia pueda contratar a los 2.722 oficiales faltantes.
Ante consulta de La Nación, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó que “la gestión del recurso humano es una potestad propia del Ministerio de Justicia, es este ministerio quien define su personal de acuerdo con su plan estratégico, por lo que el Ministerio de Hacienda no tiene injerencia en esos asuntos”.
