La Defensoría de los Habitantes (DHR) investigará la intención del gobierno de construir una megacárcel bajo el modelo penitenciario de Nayib Bukele, en El Salvador. Así lo confirmó a Revista Dominical Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes.
“La Defensoría está en proceso de apertura de una investigación acerca del tema. Hemos venido dándole seguimiento a diversas iniciativas que ha tenido el Estado en materia de infraestructura penitenciaria, pero en este caso estamos haciendo las solicitudes de información para efectos de poder tener una visión general de lo que se pretende”, explicó Cruickshank a este medio.
La defensora sostiene que existen estándares internacionales mínimos para la construcción de centros penitenciarios, por lo que la DHR fiscalizará su cumplimiento.
El ministro de Justicia, Gerald Campos anunció el 9 de abril la construcción de una megacárcel en Costa Rica, que tardará 195 días en levantarse desde que se coloque la primera piedra. Campos explicó que se trata de un centro penitenciario con capacidad para 5.000 personas privadas de libertad, basado en los planos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), construido en 2023 por el presidente de El Salvador, Bukele, para albergar a 40.000 reclusos. Este modelo ha recibido fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos.
El 30 de abril, Campos detalló a Revista Dominical que no está en sus planes contratar nuevo personal para esta nueva megacárcel, pues apostará por un modelo en el que la infraestructura brinde la seguridad y el personal el acompañamiento.
Por su parte, el exministro de Justicia Marco Feoli, aseguró que no contratar personal “refleja un absoluto desprecio a los problemas que tiene el sistema penitenciario”. La Defensoría alertó en setiembre de 2024 que las cárceles atraviesan una “crisis” por “serias limitaciones presupuestarias” que impiden una operación ideal de los centros. El personal carcelario sufre agotamiento, señaló el ente.
Ante la consulta sobre terrenos propiedad del Ministerio de Justicia y Paz con estudios de suelo, factibilidad, permisos, entre otros, listos para construir, Campos respondió que “tiene terrenos”, pero se negó a revelar cuántos son, sus características y la ubicación donde se levantará el centro.
Confirmó, sin embargo, que el diseño de la cárcel estaba ya finalizado y que se elaboró con base en los planos del centro penitenciario en El Salvador. Omitió referirse al costo que implicó rediseñar toda la estructura, e insistió en que un equipo de ingenieros y arquitectos del ministerio trabaja en ello.
Tampoco hay claridad sobre la viabilidad económica para construir el centro. El jerarca aseveró que podría financiarse mediante presupuestos extraordinarios o, que bien, “puede ser que algún gobierno nos done los $35 millones”. Se negó también a revelar posibles donantes, negociaciones en curso y el tipo de contratación por la cuál se inclinaría. Si fue claro en asegurar que la Contraloría “va a tener que cargar sus muertos”, discurso que sostuvo Chaves durante su visita a La Reforma el 2 de mayo: “no me sorprendería” que la contralora Marta Acosta trabara el proyecto, dijo el mandatario.
Este es el segundo proyecto para construir un centro penitenciario que presenta el Poder Ejecutivo durante la administración Chaves Robles. El primero trascendió en julio de 2024 con la propuesta de construir cárceles con carpas. En menos de un mes, el presupuesto para ejecutar el proyecto —que carecía de estudios técnicos que respaldaran su viabilidad— fue rechazado en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
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En ese entonces, también intervino la Defensoría de los Habitantes, luego de que el ministro de Justicia, Gerald Campos, omitiera responder una serie de preguntas técnicas, argumentando que el proyecto se encontraba “en una etapa de estudio, análisis y búsqueda de opciones”.
Cuestionamientos al modelo Bukele
El Cecot abarca el equivalente a siete estadios de fútbol y, una vez que un detenido cruza sus puertas, sabe que nunca más volverá a vivir en libertad. Ni siquiera tienen derecho a un abogado. Fue construido en menos de 200 días porque, en abril de 2022, la Asamblea de ese país aprobó un decreto que liberó al gobierno de la obligación de someter la ejecución de obras a concursos y licitaciones mientras esté vigente el régimen de excepción.
Esto —reportó el medio salvadoreño El Faro— permitió al Gobierno de Bukele adjudicar contratos directos y ocultar toda información sobre montos.
Sin embargo, no es el único centro penitenciario. “Es la joya más brillante entre un archipiélago de prisiones”, así lo describe El Faro. La declaratoria del régimen de excepción en 2022 dio pie a detenciones masivas que superan ya las 80.000 personas, una cifra que responde a la orden de cumplir con una cuota diaria de capturas, sin importar si podían o no atribuir delitos a los detenidos, incluso en sitios donde no operaban las pandillas, como en Ciquera. Así lo reveló El Faro.
Además de la detención de inocentes, organizaciones internacionales han señalado el sistema carcelario salvadoreño por sus políticas de tortura y privación de los derechos humanos.