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El 3 de febrero, apenas dos días después de que se celebraran nuestras más recientes elecciones, un informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó la pulcritud en el desarrollo de esa jornada, la solidez y profesionalismo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la vocación democrática y pacífica de nuestro pueblo. A la vez, planteó importantes observaciones en torno al financiamiento político y lamentó los ataques al TSE.
Otro más reciente, esta vez elaborado por la Misión de Expertos Electorales (MEE) de la Unión Europea (UE), presentó hallazgos muy similares, a partir de un análisis mucho más exhaustivo y revelador. El documento plantea también diez recomendaciones destinadas a mejorar el proceso y protegerlo de quienes pretenden deslegitimar su integridad y la del TSE. Esta fue la primera misión electoral desplegada por la UE en Costa Rica. Más allá del contenido del informe, celebramos el manifiesto interés europeo por el curso de nuestra democracia.
Los tres integrantes de la MEE permanecieron en el país entre el 2 de enero y el 16 de febrero. Durante ese amplio lapso, fueron testigos directos de la campaña y el proceso de elecciones. Además, analizaron exhaustivamente los flujos de comunicación, recorrieron diversos puntos del país y condujeron múltiples entrevistas con dirigentes políticos, autoridades electorales, periodistas y analistas políticos.
Su resultado es un documento de 73 páginas, presentado oficialmente el 29 de abril en el auditorio del TSE y divulgado el pasado jueves. A partir de una exhaustiva y objetiva exposición de hechos, valora el desarrollo de la campaña y la elección, destaca peculiaridades de nuestro sistema electoral y recoge preocupaciones por la manipulación informativa y los orquestados ataques al TSE y medios de comunicación independientes.
El informe reitera que nuestro Código Electoral “reconoce expresamente los tratados internacionales vigentes como fuente directa de derecho”. Contamos con “uno de los marcos más avanzados” en igualdad de género en las listas de candidaturas. El proceso de su inscripción lo califica como “inclusivo y procedimentalmente claro”. Las elecciones fueron organizadas “de manera transparente, eficiente e inclusiva” por el TSE, al que considera una institución altamente profesional e íntegra.
Mejoró la participación electoral, añade, la más alta desde 2016. Las votaciones se desarrollaron “de manera organizada y pacífica”. Los resultados preliminares se divulgaron de manera “eficiente y transparente”, al punto de que a medianoche del domingo 1.° de febrero ya se contaba con el 90% de ellos. Y el escrutinio oficial definitivo “ofreció sólidas garantías de transparencia”.
Además, el informe destaca que la neutralidad del Estado en materia electoral y la prohibición de beligerancia política de sus más altos funcionarios “es un principio constitucional fundamental” y garantía de integridad y equidad entre los participantes. Los expertos señalan que, como parte de su “competencia exclusiva y obligatoria para interpretar el derecho electoral”, el TSE investigó denuncias por beligerancia contra Rodrigo Chaves y solicitó a la Asamblea Legislativa levantarle la inmunidad, algo que finalmente no ocurrió.
Fue en este contexto que el entonces presidente “cuestionó la imparcialidad del TSE y afirmó que la institución intentaba censurarlo”, a pesar de que al inicio de su administración la había elogiado. A esto se añadió un flujo constante de “mensajes destinados a socavar la confianza en el TSE”, principalmente generados por “páginas y grupos afines al gobierno”.
Pero la evidente campaña de desinformación y ataques no solo se enfiló contra la autoridad electoral. También fueron blancos órganos de prensa y periodistas independientes, y continuó después de los comicios. Como muestra, los expertos mencionan que el medio Trivisión, cercano al gobierno, divulgó una información sesgada de las conclusiones de la misión de la OEA.
La MEE plantea como sus tres recomendaciones prioritarias: incorporar más a la ciudadanía (además de los partidos) a la supervisión de las juntas de votación, bajo la supervisión del TSE; establecer un marco jurídico para la asignación de la publicidad estatal (sesgada a favor de medios afines), y que el Tribunal sea más proactivo en “incrementar la comunicación sobre las protecciones técnicas existentes y las garantías de transparencia en todas las etapas del proceso electoral”.
La síntesis es que, de nuevo, el TSE ha sido reconocido en su integridad y rigor, y que, por primera vez, expertos externos internacionales, bajo mandato de la UE, han dejado en claro las maniobras de actores políticos externos para desprestigiar y atemorizar a la institución, manipular la información pública y vulnerar el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
