Una Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea detectó, en Costa Rica, un flujo constante de “mensajes destinados a socavar la confianza” en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la integridad de las elecciones, “principalmente en páginas y grupos afines al gobierno”.
El informe fue presentado el miércoles 29 de abril en la sede central del TSE, en presencia de los magistrados electorales, del embajador de la Unión Europea (UE) en Costa Rica, Pierre-Louis Lempereu; y de autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Los expertos identificaron el uso de etiquetas como #NoConfíoEnElTSE, afirmaciones sobre un supuesto intento de “golpe de Estado” o la existencia de una “ley mordaza” contra el entonces presidente Rodrigo Chaves. El monitoreo de la Unión Europea determinó que la interacción con estas narrativas alcanzó sus puntos más altos tras declaraciones públicas del mandatario o de miembros de su gabinete que cuestionaron la transparencia de la autoridad electoral.
“El monitoreo de medios de la propia Unión Europea ‘identificó cientos de páginas afines al Gobierno que difundían estas narrativas y socavaban la confianza en el proceso electoral y en las instituciones’”, dice el informe.
El documento refirió hallazgos del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina sobre una actividad sofisticada de cuentas coordinadas de tipo trol. Estas acciones amplificaron ataques personales y distorsionaron el debate político en línea. Según el informe, se afectó la capacidad de los votantes para formar opiniones libres de interferencias manipuladoras.
“Aunque al inicio de su mandato el presidente Chaves había elogiado al TSE, posteriormente lo criticó (…) cuestionó la imparcialidad del TSE y afirmó que la institución intentaba censurarlo”, dice el informe.
La misión de la UE citó como ejemplo de desinformación posterior a los comicios un titular del medio Trivisión. Los observadores calificaron la publicación como engañosa por basarse en una interpretación errónea de las conclusiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y señalaron que este hecho provocó una nueva oleada de ataques contra el TSE por supuestas irregularidades en las actas.
Sobre la entonces candidata presidencial oficialista, Laura Fernández, el documento señala que adoptó una postura “menos confrontativa”, aunque durante su paso como ministra de Planificación y aspirante presidencial “realizó declaraciones públicas que sugerían que la autoridad electoral mostraba sesgos contra su movimiento político”.
El documento resaltó “la respuesta” del TSE ante los ataques. “Respondió a las acusaciones defendiendo la credibilidad de la institución (...). La respuesta más consistente del TSE ante estas críticas fue priorizar la transparencia”, resaltó el informe.
Beligerancia política
El informe de la UE también reconoció las reglas sobre la neutralidad del Estado y la beligerancia política como “un principio constitucional fundamental en Costa Rica (...), garantía esencial de la integridad y equidad del proceso electoral”.
Según el documento, la decisión del TSE de extender las prohibiciones existentes sobre el uso de recursos públicos a las plataformas digitales, bajo administración del Poder Ejecutivo, forma parte de la “competencia exclusiva y obligatoria para interpretar el derecho electoral”
“La solicitud del levantamiento de la inmunidad presidencial, frente a las denuncias de beligerancia contra el entonces presidente Chaves, fue “de conformidad con los requisitos constitucionales”, subrayó la misión europea.
El documento reseñó que la justicia electoral costarricense está “en consonancia con los estándares internacionales y las buenas prácticas”, y que “el sistema prevé garantías del debido proceso”.
Recomendaciones
Algunas de las principales recomendaciones del informe de la MEE, destaca:
- Definir un marco jurídico preciso para la asignación de la publicidad estatal, alineado con estándares internacionales, sustentado en criterios objetivos y no discriminatorios y administrado por órganos independientes, con el propósito de proteger la libertad de prensa y la independencia editorial de los medios, especialmente durante los procesos electorales.
- Incorporar franjas de propaganda electoral en los medios de comunicación para todas las candidaturas, financiadas con recursos del aporte estatal a los partidos políticos y distribuidas bajo criterios de equidad.
- Regular la asignación de frecuencias de radiodifusión mediante un marco jurídico acorde con los estándares interamericanos, basado en criterios objetivos y no discriminatorios, así como en condiciones económicas y técnicas proporcionales, para asegurar el pluralismo mediático, en particular en contextos electorales.
- Impulsar la verificación independiente de datos y la alfabetización mediática y digital para combatir la manipulación informativa en línea, incluido el contenido generado por inteligencia artificial, especialmente en períodos electorales.
- Reforzar la comunicación sobre las salvaguardas técnicas y las garantías de transparencia en todas las etapas del proceso electoral, especialmente en el conteo y escrutinio de votos.