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La Sala Constitucional anuló la subasta de frecuencias de radio y televisión impulsada por el gobierno de Rodrigo Chaves y ejecutada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), al declarar con lugar un recurso de amparo presentado por Giovanni Delgado Castro, vecino de Paraíso de Cartago.
El fallo dejó sin efecto las licitaciones 2025LY-000001-SUTEL (AM), 2025LY-000002-SUTEL (FM) y 2025LY-000003-SUTEL (TV), promovidos por la Sutel, porque se utilizó la oferta económica más alta como único criterio de adjudicación en la puja.
Según la resolución, establecer exclusivamente la propuesta económica más alta como criterio para asignar concesiones de frecuencias resulta incompatible con el deber del Estado de asegurar el pluralismo, tanto de medios como de contenidos, propio de un Estado democrático de derecho y de una sociedad con derecho a información libre y plena.
La decisión de la Sala IV deja sin efecto todo el concurso de frecuencias mediante el cual se pretendía adjudicar 85 bandas del espectro radioeléctrico en operación en Costa Rica, proceso clave para la renovación de concesiones de radio FM, radio AM y televisión abierta en el país.
Al anular los tres procedimientos licitatorios, los magistrados constitucionales ordenaron al gobierno adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio mientras se diseña un nuevo modelo de adjudicación.
Además, le ordenó que los futuros concursos no utilicen la oferta económica más alta como único parámetro de adjudicación en una eventual subasta y que incorporen, de manera efectiva, criterios que promuevan el pluralismo y una distribución equitativa, transparente e igualitaria del espectro radioeléctrico destinado a la radiodifusión.
La orden fue dirigida a Jorge Rodríguez Bogle, ministro a. i. de la Presidencia; Paula Bogantes Zamora, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones; y Carlos Watson Carazo, presidente del Consejo de la Sutel, o a quienes ocupen esos cargos actualmente.
Asimismo, la Sala condenó a la Superintendencia de Telecomunicaciones y al Estado al pago de costas, daños y perjuicios ocasionados por los hechos que dieron origen a la declaratoria, los cuales se deberán liquidar en la vía contencioso-administrativa.
La Nación consultó a Bogantes Zamora su postura luego de la resolución, sin embargo, prensa del Micitt indicó que el despacho ministerial de momento prefiere esperar mientras analiza el fallo antes de emitir una posición oficial.
Proceso cuestionado
El proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión se desarrolló en medio de la los anuncios de varias emisoras y canales que optaron por no participar debido a los altos costos de pujar por las bandas del espectro radioeléctrico.
Tal fue el caso de Radio Sinfonola (90.3 FM), Radio Musical (97.5 FM) y Radio Hit (104.7 FM), así como cinco frecuencias de Cadena Radial Costarricense: CRC 89.1, 94.7 FM, 95.9 FM, Azul 99.9 FM y 103.1 FM. En televisión abierta tampoco participaron Telefides y Canal 1.
Para televisión, el precio base para pujar se fijó en $1.601.786. Mientras que en radio FM híbrido, el monto ascendió a $386.102, con valores diferenciados por región.
El 26 de noviembre pasado, el magistrado Paul Rueda había ordenado la suspensión del proceso de subasta hasta que la Sala Constitucional resolviera el recurso, al advertir indicios de que su continuidad produciría una disminución en los servicios de radiodifusión y televisión abierta, debido a la baja participación en la puja.
En la subasta participaron 14 empresas interesadas en 85 bandas del espectro radioeléctrico actualmente en operación: 20 ofertas fueron para radio FM, una para radio AM y cuatro para televisión abierta, cifras inferiores al número de concesionarios vigentes (24 en televisión y 74 en radio), lo que, según el análisis inicial del magistrado Rueda, habría impedido la continuidad y diversidad del servicio en la señal libre y abierta.
Delgado Castro, quien presentó el recurso, sostuvo que su acción no obedeció a posiciones políticas y afirmó que sus argumentos partieron del derecho a la información y al acceso a medios de comunicación que debe tener todo ciudadano costarricense.
