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La subasta de frecuencias de radio y televisión del Gobierno implicaba mucho más que participar en la puja. Además de amarrar las concesiones, los interesados debían asumir obligaciones financieras posteriores que elevaban el costo real de operar una frecuencia.
El resultado habría sido un modelo que requería de otros gastos fuera de la participación y ponía en apuros la sostenibilidad de concesionarios actuales y potenciales de no contarse con los fondos adicionales, según la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara).
El modelo combinaba precios de puja con exigencias técnicas que incluían inversiones adicionales en equipos para quienes desearan seguir o incursionar en la actividad, confirmó La Nación al revisar los requisitos técnicos listados por la Sutel.
La propuesta de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), a pedido del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), primero fijó rangos de precios mínimos según banda, tecnología y región para la puja ahora suspendida por un magistrado instructor de la Sala Constitucional.
En televisión, el rango de precios para concursar en la subasta iba de $157.629 (para cobertura regional) a $1.601.786 (cobertura nacional).
Para modalidad de radio FM híbrido (IBOC, 400 kHz) los precios quedaron entre $37.890 (regional) y $386.102 (nacional) y para radio FM analógica (200 kHz) entre $18.945 (regional) y $193.051 (nacional).
En radio AM analógico quedó en $9.653 y en AM híbrida (IBOC) en $28.959.
Estos montos eran montos base para entrar en la puja. El siguiente esfuerzo financiero venía después de adjudicarse una frecuencia.
Transmisores obligatorios
Tras obtener una concesión, los operadores debían cumplir un despliegue técnico obligatorio en plazos estrictos: para televisión y FM de cobertura nacional, un mínimo de 12 transmisores en todo el territorio nacional.
En el caso de FM y TV regional, el mínimo eran 2 transmisores por región, con uno en los primeros instalado seis meses luego de la adjudicación. Para AM nacional, la instalación inicial de uno y luego despliegue total del resto en 24 meses.
Cotizaciones en la tienda en línea Broadcast Depot, con sede en Miami, mostraron que los operadores debían adquirir sistemas de transmisores y antenas con precios que oscilan en el mercado entre $17.300 y $39.300 por unidad, según modelo y capacidad, sin incluir gastos de envío, seguros, impuestos de importación y cualquier gasto extra por trámites aduaneros.
Luego de eso, venían gastos adicionales como la construcción de las estructuras de torre para cada transmisor, la obra civil o instalación de los equipos y puesta en marcha, que corrían por cuenta del concesionario.
El costo final de equipar un solo sitio de transmisión podía superar con facilidad varias decenas de miles de dólares.
Un operador nacional de FM o TV, obligado a instalar 12 sistemas en diversos puntos de Costa Rica, enfrentaría así una inversión que podría rondar entre $207.600 y $471.600 únicamente en compra de antenas, sin incluir los demás componentes técnicos y constructivos, aparte del pago en la puja por la concesión.
La Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara) afirmó el jueves 28 de noviembre que el modelo técnico exigido por el gobierno también era técnicamente inconsistente.
Su presidente honorario y director de la Comisión de Gobierno, Andrés Quintana, expuso una analogía para explicar por qué el esquema de múltiples transmisores no se ajusta a la realidad geográfica del país.
“Si subimos un bombillo al cielorraso del techo, iluminamos toda la habitación; si lo bajamos al suelo, iluminamos apenas una parte pequeña. Con las ondas de radio ocurre lo mismo”, indicó.
Quintana recordó que Costa Rica tiene una geografía muy montañosa y que ubicaciones como el Volcán Irazú han permitido durante décadas una amplia cobertura gracias a su línea de vista y suministro eléctrico confiable.
“La subasta al mejor postor está llena de inconsistencias imposibles. Pretendía mini latifundios de transmisores, eliminando coberturas ya comprobadas desde el volcán Irazú y otros cerros. Eso aumenta interferencias perjudiciales y genera costos prohibitivos y desproporcionados”, mencionó Quintana.
