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Los exabruptos, falsedades e insultos del presidente Rodrigo Chaves contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y sus funcionarios han sido múltiples, temerarios y violentos durante los últimos meses. Creíamos que superarlos era imposible, porque había agotado su extenso vocabulario de agravios. Nos equivocamos. En su puesta en escena mediática de este miércoles, rompió su propio récord de ultrajes, cuando la emprendió contra la institución y su magistrada presidenta, Eugenia Zamora.
También dirigió su diatriba a otras dos mujeres: las diputadas opositoras Alejandra Larios y Rocío Alfaro. Ambas, junto al oficialista Daniel Vargas, integran la comisión que analiza el pedido del TSE para que se le levante la inmunidad a Chaves, como parte de un proceso por presunta beligerancia política.
Incluso, llegó a la ligereza, casi insulto a la inteligencia ciudadana, de comparar esa gestión, acorde con nuestro Estado de derecho, con los intentos de funcionarios judiciales corruptos en Guatemala, primero por bloquear la elección, luego impedir la toma de posesión y, en la actualidad, tratar de despojar de sus credenciales al presidente Bernardo Arévalo.
La respuesta ante la provocación de tan temeraria andanada presidencial era indispensable. Celebramos que no se haya hecho esperar. El jueves, Zamora la dio, tanto en una carta dirigida a Chaves, como en un video público, rodeada por los demás magistrados integrantes del tribunal. Lo hizo con tono y voz respetuosos, claros, firmes y valientes, como corresponde a la dignidad de su cargo y al respeto que merecemos los costarricenses de quienes ocupan posiciones del más alto nivel. El contraste con la burda aspereza del mandatario no podía ser mayor. Pero lo más importante es el contenido del mensaje.
La magistrada presidenta hace una defensa clara, razonada y convincente de sus actuaciones, las de sus colegas y las de los 1.400 funcionarios y funcionarias del TSE. Son ellas y ellos los que, como responsables de su quehacer, garantizan la democracia interna de los partidos políticos, la pureza del sufragio, la transparencia y equidad del proceso electoral, y la legitimidad de sus resultados, incluida la elección de Chaves como presidente en 2022.
Zamora reclama el irrespeto del que, nuevamente, ha sido víctima desde un podio degradado, que debería servir para cosas mejores. Aclara, sin embargo, que no son las consideraciones personales, sino institucionales, en particular las acusaciones de “sesgo partidario” contra ella y sus “compañeras y compañeros del Tribunal como jueces electorales”, las que la obligan a pronunciarse. Con toda razón afirma que, al atacar “la credibilidad de la institución que dirigimos, del proceso electoral que se avecina y del resultado de este que certificaremos”, Chaves amenaza “la paz y la estabilidad política del país, y eso es algo, le repito, que no podemos permitir”.
Por desgracia, todos los hechos indican que tal es la intencionalidad del presidente. En lugar de asumir sus responsabilidades por las consecuencias de los actos que puedan implicar violaciones a las normas electorales o penales, defenderse con altura en las instancias correspondientes, o contradecirlas con adecuados fundamentos, su estrategia ha sido atacar e intentar deslegitimarlas. Lo mismo ha hecho cuando la Contraloría General de la República ha revelado y frenado sus arbitrariedades administrativas.
Chaves desdeña los mandatos constitucionales y legales que tienen el TSE y, en particular, sus magistrados. Zamora le recuerda que, con base en ellos, declararon “la elección a su favor, porque fue la voluntad mayoritaria expresada en las urnas”. Y añade: “Desde entonces, hemos admitido y también rechazado denuncias en su contra, siempre conforme a lo que en Derecho corresponde a los jueces”. Y por esas mismas razones “no podíamos incumplir nuestro deber de fiscalización del financiamiento de campaña, quedarnos de brazos cruzados cuando amenazó con un apagón de radio y televisión, o permitir que se trasgredan las normas que en Costa Rica exigen la imparcialidad política de las autoridades de gobierno”.
Más grave aún es que su línea de conducta, a contrapelo de las mejores normas y tradiciones democráticas, tiene implicaciones más amplias. Además de desprestigiar a funcionarios e instituciones independientes, que no son solo una estructura, sino garantes de nuestros derechos como ciudadanos, Chaves también pretende exacerbar los ánimos públicos, generar conflictividad, contaminar la discusión pública, erosionar la convivencia pacífica y crear zozobra. La intencionalidad del daño es obvia.
También pareciera tener una compulsión enfermiza, consecuente con su personalismo extremo, de monopolizar los ejes de la discusión ciudadana. “Presentadas ya las candidaturas, el debate público nacional y el foco de atención no debe estar en usted, sino en las personas que aspiran a ser electas y en sus propuestas para resolver los problemas nacionales”, le recuerda Zamora. En esto también tiene toda la razón.
Chaves seguirá insistiendo en alterar la calma, insultar, presionar, amenazar e imponerse. Estos intentos, sobre todo cuando se dirigen, como en el caso del TSE, contra el corazón de la democracia, deben enfrentarse sin dobleces. Así lo ha hecho la presidenta del TSE, mediante argumentos y frases respetuosas. Así también deben hacerlo los candidatos y candidatas a la presidencia. Sin embargo, no deben caer en la trampa de convertir al presidente en centro de sus discusiones y propuestas.
Lo clave durante la campaña es responder a las necesidades, inquietudes y problemas de la población, no a las provocaciones deliberadas y frívolas que emanan de Zapote. Por desgracia, se han exacerbado durante la administración que ya se acerca a su fin.
Los retos en el futuro inmediato son enormes, junto a la necesidad de articular visiones de largo plazo con sentido estratégico. Es en torno a ellos, y pese a Chaves, que debe orientarse la campaña.
