Todo comenzó con dos decretos de emergencia. El primero fue justificado, y se ajustó a las causales establecidas por la Ley Nacional de Emergencia y Prevención de Riesgos de 2005: según su artículo 1, estas se justifican para “reducir las causas de las pérdidas de vidas y las consecuencias sociales, económicas y ambientales, inducidas por los factores de riesgo de origen natural y antrópico” y “atender impactos negativos de sucesos que sean consecuencia directa de fuerza mayor o caso fortuito”. Esa declaratoria, sin embargo, abrió las puertas para la segunda, que se burló de los requisitos legales y generó condiciones para las irregularidades y eventuales delitos que indaga la Fiscalía en el caso denominado Pista Oscura.
A principios de julio de 2022, la tormenta tropical Bonnie causó severos daños en zonas al norte el país. Como consecuencia, el 12 de ese mes, el presidente Rodrigo Chaves y la entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, firmaron un decreto que declaró emergencia en 12 cantones y cuatro distritos afectados. Nunca se mencionó a Liberia, porque no se reportaban daños significativos a raíz de ese fenómeno natural. Dos meses después, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) aprobó el plan de atención respectivo. Este indicó que se podrían incluir otras obras si existiera un “nexo de causalidad” con el evento.
Casi año después del primer decreto, el 21 de junio de 2023, Chaves y Díaz emitieron otro para añadir a la lista de obras la reparación de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia. No demostraron que su mal estado estuviera relacionado con Bonnie. La realidad era que, desde antes de que la tormenta golpeara otras zonas, ya se conocía la necesidad de la reparación, por daños estructurales acumulados a lo largo del tiempo.
No hay que ser muy perspicaz para suponer que la real intención no era atender una verdadera emergencia, sino manipular la ya establecida y, según lo permite la ley respectiva, saltarse los procedimientos de contratación pública, agilizar procesos e impedir la vigilancia de la Contraloría General de la República, que carece de competencias en estos casos.
Lo que siguió a partir de entonces fue una cadena de irregularidades, presiones indebidas denunciadas por ingenieros de la Dirección de Aviación Civil, e incluso la posible comisión de delitos por presunto tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública. En el epicentro del caso está la adjudicación de las obras a la empresa constructora MECO, la modificación de las condiciones originales del contrato, la aceptación de una “ingeniería de valor” cuestionada técnicamente, y su recepción provisional, el 10 de marzo.
Fue a raíz de lo anterior, y luego de recopilar una abundante cantidad de documentos y declaraciones, que la Fiscalía realizó, este martes, 22 allanamientos y detuvo por varias horas a Mauricio Batalla, exministro de Transportes; Marcos Castillo, director de Aviación Civil; Alejandro Picado, presidente de la CNE, y su jefe de fiscalización de obras, Henry Villalobos. Quedaron en libertad el miércoles en la noche, y actualmente se discuten ante un juez las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. La investigación, también incluye a Luis Amador –como Batalla, exministro del MOPT–, Natalia Díaz, dos altos representantes de MECO y otros funcionarios. Al presidente Chaves, por gozar de inmunidad, se le sigue una causa aparte, debido a la firma del decreto que dio a la reparación de la pista carácter de emergencia.
Estamos, sin duda, ante un caso de enorme trascendencia. Aunque habrá que esperar el curso de la justicia para determinar responsabilidades en la eventual comisión de delitos, algo resulta evidente: el uso abusivo y sin sustento de la ampliación de la emergencia debido a la tormenta Bonnie, como vía para saltarse procedimientos, y las irregularidades que se cometieron en el proceso de contratación.
Los hechos de Pista Oscura se inscriben en lo que ha sido un uso excesivo de los decretos de emergencia por este gobierno. Según el Informe Estado de la Nación, llegaron a 21 entre 2022 y 2024, la segunda mayor cantidad de las últimas nueve administraciones, a pesar de que en los dos primeros años de ese lapso disminuyó en casi 92% la cantidad de desastres relacionados con fenómenos hidrometeorológicos y geológicos.
Añadamos que, de las 502 obras contempladas en el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), que cuenta con un presupuesto de $700 millones otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 204 se derivan de ese tipo de decretos. Su avance, a cargo de la CNE, ha sido extremadamente lento; los informes de auditoría sobre su gestión han sido omisos, y el cuidado de los recursos públicos, muy poco riguroso. En una comparecencia ante una comisión legislativa, en febrero, Picado, su director, reconoció que no habían presentado denuncias, a pesar de detectar que empresas constructoras se habían puesto de acuerdo para elevar el costo de los contratos en cinco casos de grandes escuelas “en riesgo inminente”. Su justificación: al final, no se les otorgaron.
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En nada de lo anterior ha podido intervenir la Contraloría General de la República por las razones ya apuntadas. La falta de controles, el exceso de declaratorias, su frecuente uso injustificado, la cercanía al Ejecutivo de la CNE y sus falencias de ejecución y seguimiento, constituyen el caldo de cultivo ideal para lo que, según la denuncia de la Fiscalía, ocurrió en relación con la Pista Oscura del Daniel Oduber.
En el mejor de los casos, estamos ante un empleo indebido de una figura excepcional como tales declaratorias; en el peor, ante su deliberada manipulación para saltar sobre las mejores prácticas de contratación y ejercer altos criterios de discrecionalidad. Ninguna de las dos posibilidades es aceptable.
