Su jurisprudencia en esta materia, agregamos, está entre las más robustas emitidas por los tribunales constitucionales de América. Se ha generado, esencialmente, ante recursos de amparo interpuestos no solo por periodistas, sino también por ciudadanos de todas las condiciones y ante restricciones múltiples. Además, sirvió de base para la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, aprobada unánimemente por la Asamblea Legislativa y vigente desde el 1.° de noviembre de 2024. Sin embargo, el Ejecutivo no la ha reglamentado, por lo que, precisamente como reacción a un amparo, la Sala le ordenó el pasado 14 de mayo enmendar la injustificada omisión.
Al anunciar el premio, este martes 18 de agosto, Pierre Manigault, presidente de la SIP, destacó que las decisiones de la Sala “constituyen un ejemplo del papel fundamental que desempeña una justicia independiente en la protección de la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a estar informados”. De inmediato, añadió: “Su jurisprudencia demuestra que la defensa de estas libertades es indispensable para preservar el Estado de derecho y la democracia”. No podríamos estar más de acuerdo.
Con toda razón, en un comunicado emitido a raíz del premio, la Sala valoró “especialmente que este reconocimiento se otorgue a partir de una jurisprudencia construida a lo largo de los años y que ha procurado garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de las libertades fundamentales”.
Su labor, sin embargo, va mucho más allá. Incluye resolver las acciones de inconstitucionalidad; ventilar los conflictos de competencia o atribuciones entre poderes del Estado y aclarar las dudas de constitucionalidad que tengan los jueces sobre normas o actos que deban juzgar o aplicar. Pero aún más importante es la reafirmación de los derechos ciudadanos en su más amplia gama: acceso a la información y la libertad de expresión, por supuesto, pero también a la salud, el ambiente sano, el agua potable y la integridad personal.
La Declaración de Chapultepec, que da nombre al Gran Premio, es uno de los dos documentos más emblemáticos del hemisferio en relación con la libertad de expresión. Fue aprobada el 11 de marzo de 1994, en una conferencia especial convocada por la SIP y celebrada en el Castillo de Chapultepec, México. A la actividad asistieron periodistas, intelectuales y académicos de casi todos los países americanos.
“Solo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre”, dice una parte de su preámbulo.
El otro texto clave en la materia es la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre del año 2000.
Para aquilatar la importancia del Gran Premio Chapultepec, es necesario tomar en cuenta, además del justificado prestigio de la SIP, el de los otros galardonados. Entre ellos están la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la Corte Suprema de Justicia de Argentina; Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la Unesco; Martin Byron, exdirector ejecutivo del diario The Washington Post; el Comité para la Protección de Periodistas, y Fernando Enrique Cardoso, expresidente de Brasil.
La Sala Constitucional no necesita premios para reafirmar su trascendente labor. Sin embargo, uno como este, en las circunstancias actuales que enfrenta, es particularmente relevante. Lo celebramos y felicitamos al alto tribunal y a sus integrantes.
