Todo presidente de la República aprovecha las giras por el país para anunciar carreteras, puentes, acueductos, empleos y mejores condiciones de vida. Sin embargo, muchos de sus compromisos terminan empantanados entre estudios, omisiones, presupuestos sin ejecutar y fechas vencidas.
Lo irónico es que, en la siguiente gira, esas mismas promesas regresan con otro plazo y hasta rebautizadas. Ese patrón se reproduce en las sesiones del Consejo de Gobierno celebradas cada 25 de julio en Guanacaste, con motivo de la Anexión; cada 31 de agosto en Limón, por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense; cada 14 de setiembre en Cartago, en vísperas de la Independencia, y cada 30 de setiembre en Puntarenas, al rendirse homenaje a Juan Rafael Mora Porras y a José María Cañas.
El tren a Paraíso retrata la comodidad política. En 2014, el entonces presidente, Luis Guillermo Solís, prometió que llegaría al año siguiente. En 2023, Rodrigo Chaves inauguró un servicio incompleto, cuya última parada quedó a 2,5 kilómetros del centro del cantón, y aseguró que, durante su administración, concluiría el trayecto. Ahora, Laura Fernández anuncia julio del 2027 como la nueva fecha y promete vigilar el cumplimiento de tal compromiso.
En Paraíso, no fueron los diputados los que fallaron. Más bien, asignaron ¢1.900 millones para tal propósito, pero Hacienda no liberó los recursos y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) no estaba listo para ejecutarlos. Seguían pendientes contrataciones y otros trámites. Nada de eso requería aprobación de la Asamblea Legislativa.
Lo mismo sucede con los planes de gobierno. Chaves se comprometió en 2022 a que hubiera educación bilingüe obligatoria en todas las escuelas y colegios y aseguró que los jóvenes terminarían la secundaria con la capacidad de comunicarse en inglés. Cuatro años después, Fernández reitera la misma promesa, solo que la estrategia nacional ahora se denomina “Costa Rica habla inglés”. Esta pretende instalar 600 aulas interactivas y transformar 20 colegios en experimentales bilingües. Su propuesta confirma que la promesa de 2022 quedó lejos de cumplirse.
Insistimos: para ampliar la enseñanza del inglés, no hacía falta aprobar una ley por mayoría calificada (38 votos). Solo se necesitaba dirección desde el Ministerio de Educación Pública. Y recursos.
Lo mismo ocurre con la tecnología. Chaves anunció hace cuatro años: “Esta vez sí lo haremos: digitalizaremos la totalidad del Estado” para interconectar bases de datos y evitar que los ciudadanos siguieran aportando documentos que ya estaban en manos de otra institución. Fernández lo plantea con otras palabras al prometer una Ventanilla Única Digital y la eliminación de duplicidades.
Chaves también aseguró cobertura total de 5G; Fernández propone extenderla a zonas rurales y vulnerables. Las nuevas ofertas confirman que las anteriores quedaron pendientes.
La historia se repite en el Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume), prometido cada 25 de julio en Guanacaste. En 2022, Chaves lo rebautizó “Agua para la Bajura” y anunció que la construcción comenzaría en un año. Pero, en 2024, admitió que no lo vería terminado como presidente y fijó como nueva fecha el año 2029, y luego 2030, aunque tampoco para eso se necesitan los 38 votos legislativos.
En Limón anunció una marina, una terminal de cruceros, un aeropuerto y sucesivas versiones de un tren de carga. Al Tren Eléctrico Limonense de Carga (Telca) se le redujo el alcance, se le reetiquetó como Tren Huétar y ahora se estudian nuevas posibilidades sin presupuesto ni plazo. En el caso de la marina, es cierto que tenía requisitos legales, pero ¿por qué la anunciaron con tanta seguridad antes de comprobar su viabilidad jurídica?
Ahora, la presidenta declara que su pacto con la ciudadanía no es de “promesas vacías” ni de “palabras rimbombantes” y que prefiere mostrar resultados. Muy bien, pero un resultado no es anunciar una fecha, un cartel u otro estudio; tampoco es darle seguimiento a una promesa. El resultado es el tren llegando a Paraíso, el agua abasteciendo a los guanacastecos, el estudiante recibiendo educación bilingüe, el ciudadano completando un trámite sin peregrinar entre oficinas, y Cartago, Limón y Golfito siendo atendidos en nuevos hospitales, solo por mencionar unos pocos casos.
Todo gobernante debe rendir cuentas y explicar por qué las amplias potestades del Ejecutivo para ordenar, reglamentar, planificar, coordinar y ejecutar no fueron suficientes para cumplir lo prometido. Antes de culpar al Congreso, al Poder Judicial, a la Contraloría o a gobiernos anteriores, debe demostrar que hizo su parte: que fijó metas claras, efectuó los estudios necesarios, aseguró los recursos, escogió una ruta jurídicamente viable, asignó responsables, coordinó a las instituciones, vigiló los plazos, corrigió los atrasos y exigió cuentas a quienes incumplieron.
Porque una democracia no se administra a punta de anuncios. Una promesa repetida no es una obra terminada; una nueva fecha no es un resultado, y cambiarle el nombre a un proyecto no lo acerca un solo kilómetro a su destino.
Si cada gobierno puede heredar las promesas incumplidas y volver a anunciarlas como propias, los ciudadanos no tendrán obras: tendrán una interminable sucesión de fechas, excusas y anuncios.