En Costa Rica, apenas el 9,2% de la población habla, lee y escribe inglés con fluidez. La cifra –con datos del INEC– no solo es baja, sino que se ha mantenido en niveles similares durante al menos dos décadas. Y al desagregarla, el problema se vuelve aún más claro. Apenas el 1,4% de las personas con baja escolaridad –es decir, que no terminaron la escuela o el colegio– domina el idioma, frente al 25,1% entre quienes tienen educación universitaria.
En la práctica, el inglés no está funcionando como un mecanismo de movilidad social: está profundizando desigualdades preexistentes. Esta desigualdad también se reproduce en el sistema educativo: mientras una proporción significativa de estudiantes en colegios privados logra dominar el idioma, en el sistema público el dominio efectivo sigue siendo excepcional.
Este patrón no es nuevo. Desde hace más de una década, el país ha reconocido el bilingüismo como un desafío estructural y ha impulsado una política de Estado orientada a su universalización. Iniciativas como la Alianza para el Bilingüismo (2018) no se plantearon como programas aislados, sino como una ruta de transformación del sistema: intervenir desde la educación preescolar, fortalecer la formación y contratación docente, alinear la evaluación con estándares internacionales y articular la educación formal con la capacitación técnica y la demanda del mercado laboral. Es decir, una estrategia que reconocía que el problema no se resuelve con intervenciones puntuales, sino mediante cambios acumulativos a lo largo de toda la trayectoria educativa.
Los avances, sin embargo, han sido lentos. Si bien cerca del 94% de los estudiantes de primaria reciben lecciones de inglés, en preescolar la cobertura apenas ha aumentado del 27% en 2020 al 33% en 2024.
Además, estos progresos conviven con una realidad incómoda: el acceso no se ha traducido en un dominio efectivo. Años de exposición al idioma no están generando las competencias que el mercado laboral exige.
El problema, entonces, no es únicamente de cobertura, sino también de aprendizaje, continuidad y calidad: un sistema que aún no logra convertir la enseñanza en resultados. Y mientras esa brecha persista, el bilingüismo seguirá siendo más una aspiración política que una realidad para la mayoría.
En ese contexto, la discusión ya no es si hacen falta más programas, sino qué tipo de soluciones estamos priorizando: si aquellas que transforman las condiciones de fondo o aquellas que prometen avanzar más rápido. Esa diferencia –entre lo estructural y lo inmediato– es la que hoy empieza a marcar el rumbo de la política pública en este campo. Y es, también, la que definirá si el país logra cerrar esta brecha o si simplemente aprende a convivir con ella.
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Andrés Fernández Arauz es economista.