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Una campaña electoral debe ser, entre otras cosas, una oportunidad para que los candidatos y candidatas –sobre todo presidenciales— discutan en serio temas de trascendencia nacional y propongan ideas para abordarlos con responsabilidad. Entre ellos, el futuro de nuestro sistema de pensiones es clave. Con una población cada vez más envejecida y esquemas de jubilación y financiamiento incapaces de hacer frente a la creciente demanda, nuestra sociedad no puede darse el lujo de eludir un abordaje integral de ese desafío, cuya cercanía como crisis nos acecha.
Sin embargo, lejos de una discusión sobre cómo mejorar el esquema de jubilaciones en su conjunto y garantizar así una verdadera justicia generacional en la materia, durante las últimas semanas tanto el presidente Rodrigo Chaves como algunos candidatos a sucederlo se han focalizado en apenas en una de sus partes: el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). Más grave aún es que lo han hecho con una mezcla de ligereza, populismo e indefinición. Porque sus propuestas, aunque con diversos matices, se acercan peligrosamente a un debilitamiento terminal de ese pilar fundamental del sistema.
El ROP nació en el año 2000 con la Ley de protección al trabajador. Fue el resultado más importante de la concertación nacional convocada por el entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2022). A diferencia de los regímenes colectivos de reparto, como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el del Magisterio o el del Poder Judicial, se trata de un sistema de capitalización individual, nutrido no por el ahorro directo de los trabajadores, sino por una parte de las cargas sociales ya existentes, que se reorientaron a tal fin.
Por ser un complemento (segundo bastión) en el sistema de pensiones, el disfrute de sus beneficios está restringido a ciertas modalidades. Ninguna contempla la posibilidad del retiro total del fondo acumulado al llegar la jubilación, porque implicaría desnaturalizar por completo el ROP, a riesgo de darle un golpe letal.
Lo que resulta obvio y está en la base de la reforma, sin embargo, ha sido echado a un lado tanto por el Ejecutivo como por algunas de las personas que encabezan, hasta ahora, las preferencias para llegar a la Presidencia el 8 de mayo. En algunos casos, la urgencia de subirse a la oleada populista que plantea la posibilidad del retiro total, o el temor a enfrentarla, ha conducido a cambios de posición sin sustento técnico, o a planteamientos ambiguos que nada aportan a una discusión seria.
Pese a que, en el pasado, se opuso sin matices, y con razón, a esa opción, el presidente Chaves dio un giro total hace dos semanas. Convocó a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa dos proyectos para el retiro acelerado del ROP, sin dar explicaciones del porqué. Curiosamente, la decisión se produjo un día antes de la votación para el posible levantamiento de su inmunidad, y el diputado proponente de uno de ellos, Gilberth Jiménez, decidió votar en contra.
Entre las candidaturas presidenciales con mayor apoyo, dos han modificado su posición. El cambio más drástico ha sido el de Laura Fernández, de Pueblo Soberano. El 15 de octubre, cuando, durante una entrevista de canal 13, le preguntaron su opinión sobre la posibilidad de retirar el 100% del ROP, respondió negativamente. Hace pocos días, cuando esa postura –que consideramos acertada— recibió críticas en redes sociales, adoptó un discurso ambiguo, habló de la necesidad de hacer “estudios técnicos” (que ya existen en abundancia) sobre la mejor manera de hacer los retiros, y atacó a la “prensa canalla”, no al canal oficial, de tergiversarla.
Cuando fungía como superintendente de pensiones, hace seis años, Álvaro Ramos, candidato de Liberación Nacional —también correctamente— se opuso al retiro total, por atentar “contra el concepto de pensión complementaria”. Ahora sigue reconociendo su naturaleza como un ahorro a largo plazo que complementa la pensión principal; sin embargo, habla ambiguamente de “actuar frente a la realidad que hoy viven miles de familia”, un matiz muy diferente a lo que antes dijo.
Ana Gabriela Zúñiga, jefa de campaña de Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, reafirmó que la candidata no está de acuerdo en permitir el retiro del 100% del ROP, y habló de otras opciones para dar liquidez a los pensionados. Ariel Robles ha mantenido su posición en sentido contrario, al respaldar un proyecto de Rocío Alfaro, compañera de bancada, que permitiría el retiro completo, pero en un plazo de dos años, a quienes se hayan pensionado entre 2021 y 2029.
Otros candidatos, con menores cuotas de apoyo, han sido más frontales en impulsar el retiro total, con el argumento real de que los fondos del ROP son de los trabajadores, pero simplista, porque no considera que este proviene de las cargas sociales y que recibir el 100% de una vez desquiciaría el régimen.
Es lamentable que se esté produciendo, con tanta ligereza, el manoseo electoral de un tema tan serio. La esperanza es que, pasado este período, la presión ceda. Sin embargo, los proyectos de reforma legal mal encaminados siguen allí, y podrían resucitar con éxito en los próximos meses. Debemos mantenernos atentos.
