El presidente Rodrigo Chaves convocó dos proyectos de ley relacionados con el retiro acelerado de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), un sistema creado con el propósito de garantizar un ingreso económico adicional al régimen básico, precisamente, para mejorar la calidad de vida durante la jubilación.
Las iniciativas convocadas por el Gobierno permitirían al trabajar asalariado reclamar el ahorro total del ROP una vez que accede a la jubilación básica.
Para expertos consultados por La Nación, la aprobación de las iniciativas expondrían a las personas adultas mayores a la pobreza por no contar con el ingreso adicional del ROP.
Además, temen un efecto para la economía de Costa Rica, porque la desacumulación total de los recursos expondrían a las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) a pagos masivos de dinero, los cuales en su mayoría están invertidos a largo plazo.
Efectos al pensionado y economía
Hermes Alvarado, jerarca de la Supén, advirtió que “debilitar” el ROP de cualquier forma pone en riesgo la estabilidad de la seguridad social y la protección futura de los trabajadores y pensionados en Costa Rica. “Eso hay que dejarlo muy en claro”, afirmó a finales de noviembre.
Como ejemplo, el superintendente expuso cuál sería el impacto macroeconómico que tendría el país si se diera la posibilidad real de entregar el ROP en un solo tracto, tal y como lo proponen las iniciativas convocadas por el Presidente de Costa Rica.
Según detalló Alvarado, actualmente existen alrededor de 85.000 pensionados por el ROP y si todos decidieran sacar sus recursos en un solo tracto significaría un retiro total de ¢945.000 millones, lo cual equivale al 7% del activo administrado.
Entonces, si se permitiera un retiro masivo, esa inyección de liquidez en la economía costarricense generaría fuertes presiones inflacionarias y también, según la Supén, provocaría distorsiones en las tasas de interés, afectando el crédito y la estabilidad financiera de Costa Rica.
“Este dinero, es muy probable, que provoque mayor consumo, que sea destinado a que circule en la economía, y esto podría provocar incrementos en las tasas de interés, incrementos en la inflación. Entonces, todos, entiéndase la colectividad, nos veríamos afectados por ese retiro”, comentó el jerarca de la Supén.
Además, la Superintendencia recordó que los fondos del ROP están invertidos en instrumentos de largo plazo. Por ende, un “retiro masivo no planificado” obligaría a las operadoras de pensiones complementarias (OPC) a vender esos instrumentos antes de su vencimiento.
“Esta venta masiva bajaría los precios, perjudicando el valor del fondo de todas las personas que se mantienen en el fondo de pensión y obligaría al gestor a mantener mayores niveles de liquidez”, señalaba la presentación de Alvarado.
Para Javier Cascante, exjerarca de la Supén, si bien los recursos acumulados en el ROP pertenecen a los trabajadores que se pensionan, las condiciones para su retiro deben responder al objetivo de mantener la calidad de vida en la vejez o para atender situaciones extremas, como enfermedades terminales o pobreza extrema.
“La experiencia en todos los países en donde se promovieron reformas de retiros de los fondos de pensión de forma acelerada evidencia que la pobreza de los adultos mayores se incrementó”, señaló Cascante.
Un video elaborado por el economista Gustavo Cano advirtió, incluso, que la evidencia internacional expone que entre el 70% y el 90% del dinero que se devuelve del sistema de pensión obligatoria va directo a consumo inmediato, no a inversiones que generen riqueza a futuro.
“No existe ni un solo caso en el mundo donde ‘devolver el dinero’ a los trabajadores haya generado jubilaciones dignas y sostenibles. Un país sin sistema de pensiones obligatorio se empobrece. Es que es así: primero desaparece el ahorro y luego explota la pobreza en la vejez”, sentenció el video.
En esa misma línea, la Superintendencia recordó en su boletín de octubre pasado, que la “evidencia” demuestra que los retiros totales se agotan rápidamente. A modo de ejemplo, se indicó que una encuesta realizada por la entidad en 2020 exponía que más de la mitad de las personas que recibieron el total de su ROP consumieron los recursos en menos de un año.
¿Qué plantean los proyectos convocados?
Uno de ellos es el proyecto de ley 24.955, presentado por el diputado Gilberth Jiménez. El texto propone modificar los artículos 20, 22 y 25 de la Ley de Protección al Trabajador para que una vez que las personas se pensionen del régimen básico, tengan derecho, si así lo quisieran, a retirar en un solo acto el 100% de los recursos acumulados en su cuenta del ROP.
El otro proyecto, expediente 24.984, fue presentado por la diputada oficialista Ada Acuña y plantea dos modalidades de retiro del ROP.
La primera opción permitiría usar el dinero del ROP como una renta temporal complementaria, es decir, un monto adicional que se sumaría a la pensión que paga el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). El objetivo es que, al sumar ambos montos, el total no supere el tope máximo de pensión sin postergación del IVM, que asciende a ¢1.666.062 mensuales.
Esta modalidad aplicaría cuando la pensión del IVM que recibe la persona sea menor al salario mínimo exento del impuesto de renta, que para el 2025 es de ¢929.000 al mes, según expone la iniciativa.
La segunda opción establece que, si la persona recibe una pensión del IVM igual o superior a ese salario mínimo exento de renta (¢929.000), podrá retirar de una sola vez todos los fondos acumulados en su ROP.
Posición de las operadoras
Popular Pensiones manifestó su profunda preocupación ante cualquier iniciativa que permita retiros anticipados del ROP, como los proyectos de ley mencionados, al considerar que este tipo de estas propuestas comprometen la sostenibilidad del sistema previsional costarricense y el bienestar futuro de las personas trabajadoras.
Róger Porras, gerente general de Popular Pensiones, advirtió que de aprobarse alguna de estas iniciativas se generaría un perjuicio a la seguridad financiera de los afiliados. “Convertir los fondos en liquidez inmediata expone a la población a un futuro sin protección social, aumentando la dependencia del Estado y la presión sobre los programas sociales”, señaló.
El gerente de esta OPC añadió que los retiros masivos también podrían afectar la estabilidad de los portafolios de inversión, disminuirían los rendimientos y podrían provocar fuga de capitales hacia conglomerados internacionales, disminuyendo la inversión productiva en Costa Rica.
“Desde Popular Pensiones instamos a que la discusión sobre el ROP se realice desde la técnica y no desde la política, mediante el análisis profundo de las implicaciones económicas y sociales que podría tener cualquier decisión que se tome sobre el régimen. Estas iniciativas ofrecen una falsa solución: liquidez inmediata a cambio de un futuro sin seguridad financiera ni protección social”, afirmó Porras.
Por su parte, BCR Pensiones consideró que este tipo de proyectos deben analizarse desde una perspectiva integral, que considere los beneficios que puedan obtener los pensionados a lo largo de su vida y no en situaciones de muy corto plazo.
Colaboró el editor Óscar Rodríguez.