Editorial: La Fiscalía tiene mucho que explicar

El fiscal general, Carlo Díaz, señaló el riesgo de fuga y la posible necesidad de girar una orden de captura cuando llegue el momento de la audiencia preliminar o de un eventual juicio. La base de la preocupación es sólida si se considera la gravedad de la causa y los cuantiosos recursos decomisados al grupo durante 40 allanamientos ejecutados el 25 de mayo del 2021, entre los cuales destacan ¢1.500 millones en efectivo.

Según el expediente, los imputados negociaban de manera directa la cocaína trasegada a Europa y, producto del negocio, adquirieron vehículos, quintas, apartamentos y un motel. Las inversiones en los últimos años se estiman en al menos $20 millones e incluyen una empresa constructora y cultivos de arroz.

La importancia del caso es mayúscula, tanto por los bienes involucrados como por la supuesta integración de una organización autóctona, capaz de transar directamente las operaciones de compraventa. La habilidad para conducir un negocio transnacional de esa naturaleza implicaría un grado de sofisticación pocas veces constatado en el país, aunque el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha venido advirtiendo del desarrollo alcanzado por grupos locales de narcotraficantes.

Cuando se produjeron las detenciones, el entonces director del OIJ, Walter Espinoza, comparó la supuesta operación con una empresa compleja, dotada de un área legal, una estructura financiera para legitimar capitales, otra para las labores logísticas y una dedicada a obtener información de funcionarios y convertirlos en aliados.

Vista la magnitud del proceso y la cantidad de detalles ofrecidos por la policía judicial, la súbita liberación de los imputados exige explicación, sobre todo en un clima de constante cuestionamiento de la labor de jueces y fiscales. El tribunal rechazó las pretensiones de prórroga de la fiscala Stephanie Tenorio Barrios porque, pasados tres años desde la imposición de las medidas cautelares, el Ministerio Público no había presentado la acusación.

Los jueces están obligados a velar por los derechos de los imputados tanto como por los demás aspectos del proceso y, en este caso, cumplieron su función. Queda preguntarnos por la demora del Ministerio Público, y la duda no la resuelve el reproche del fiscal general, que acusó al tribunal de “deslealtad” por haber ignorado el aviso de sus subalternos de que la acusación de 772 folios estaba lista y en manos de la fiscala, a pesar de lo cual el tribunal nunca la solicitó para incorporarla al expediente.

El tribunal no tiene esa obligación y debe resolver con vista en el expediente, donde no figuraban los 772 folios citados. Corresponde al Ministerio Público presentar la acusación, y es inexplicable que no lo hubiera hecho si estaba completa y en manos de la fiscala, quien alertó a los jueces de esa circunstancia durante la audiencia celebrada para analizar las medidas cautelares, a pesar de lo cual, según la resolución, el documento acusatorio “no consta incorporado de manera formal al expediente” y esa “Cámara no lo tuvo a la vista” en el momento de resolver.

El Ministerio Público no dijo desde cuando tenía lista y firmada la acusación. Con ese dato, podríamos saber cuánto tiempo permaneció en manos de la fiscala sin ser aportada al expediente, pese a la proximidad del vencimiento de las medidas cautelares. Aunque el lapso entre la firma del documento y la resolución del tribunal hubiese sido breve, siempre quedan en duda las razones que impidieron, en los tres años desde los arrestos, completar el documento con el margen de tiempo necesario para asegurar su revisión a la hora de decidir sobre la ampliación de las medidas cautelares. La Fiscalía tiene mucho que explicar.