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El fiscal general, Carlo Díaz, señaló una “falta de lealtad” del Tribunal que ordenó la libertad de 22 sospechosos que cumplían prisión preventiva por presunto narcotráfico y lavado de dinero, investigados dentro del Caso Turesky, luego de que los jueces expusieran una demora del Ministerio Público en presentar la acusación.
Díaz criticó la decisión tomada este martes por el Tribunal de Apelación de Sentencia de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, el cual rechazó la solicitud de seis meses de prórroga de las medidas cautelares, realizada por la fiscala Stephanie Tenorio Barrios.
El fiscal general afirmó que la fiscala ya había avisado a los jueces que la acusación de 772 folios estaba lista y la tenía físicamente en sus manos, pero que el Tribunal nunca la solicitó para incorporarla al expediente.
“Definitivamente hubo una falta de lealtad por parte del Tribunal al no pedir la acusación al Ministerio Público, si no la teníamos hubiéramos quedado en evidencia de que no estaba, pero en este caso la acusación estaba formulada, ya estaba firmada, se ofreció en la audiencia y pese a eso el Tribunal decidió liberar a esas personas con esa excusa”, aseguró en una declaración enviada este miércoles por la oficina de prensa del Ministerio Público.
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Díaz señaló que el Tribunal, compuesto por los jueces Laura Cervantes, Rodrigo Obando y Edwin Salinas, pudo haber puesto la acusación en conocimiento de los abogados defensores, para que se refirieran a la misma, acción que también omitió. Agregó que ahora se corre el riesgo de que los sospechosos se fuguen y que se deba girar una orden de captura cuando tengan que presentarse a la audiencia preliminar o a un eventual juicio.
Tenorio había pedido seis meses más de prisión preventiva para el presunto cabecilla del clan, un hombre de apellidos James Wilson, alias Turesky, para su mano derecha, de apellido Cartín Ceba, así como para Picado Marín, Soto Rivera, Zúñiga Araya (esposa del líder), Cartín Ramírez, Wein Calvin, Gutiérrez Gutiérrez, Gutiérrez Agüero y Chacón Bonilla.
Pidió el mismo plazo con arresto domiciliario y tobillera electrónica para Solís Sánchez, Bejarano Benavides, Praslin Delgado, Alfaro Pérez, Aguilar Ulloa y Picado Mora, y la medida de localización permanente con dispositivo electrónico que han venido soportando Molina Fonseca, Alfaro Alfaro, Vega Quirós, Mora Núñez, Marín Madrigal y Guadamuz Herrera.
Según consta en la resolución 2024-0013, de la cual La Nación tiene copia, los jueces no acogieron el pedido al cuestionar que la Fiscalía no tenía la acusación antes del 24 de mayo de este año, como lo había prometido.
“A pesar de que ella (la fiscala) manifestó durante la vista oral que ya contaba con la pieza acusatoria lista y afirmó tenerla en sus manos, lo cierto es que dicho documento acusatorio no consta incorporado de manera formal al expediente y esta Cámara no lo tuvo a la vista”, argumentó el Tribunal.
Pese a lo resuelto por el Tribunal, la Fiscalía aseguró, en un comunicado de prensa, que se encuentra preparada “jurídica y probatoriamente para afrontar la audiencia preliminar y el debate en el momento en que sean señalados”.
A más de tres años de los arrestos
Los sospechosos por este caso habían quedado detenidos desde hace más de tres años, el 25 de mayo del 2021, tras 40 allanamientos en los que se decomisaron ¢1.500 millones en efectivo (entre dólares y colones), carros, armas de fuego, municiones, computadoras, teléfonos celulares y artículos de línea blanca.
A la banda se le atribuye operar como una empresa, con diferentes departamentos, y negociar de manera directa la cocaína que trasegaba a Europa. Presuntamente, las enormes ganancias les permitieron a los sospechosos invertir en una empresa constructora, en el cultivo de arroz y en bienes muebles e inmuebles en sitios como Escazú (San José), Santa Bárbara (Heredia), Alajuela y Limón.
También habrían comprado valiosos vehículos, quintas, apartamentos y hasta el Motel Infinity, ubicado en Alajuela y que ahora está en manos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Celso Gamboa, defensor de James Wilson, aseguró este martes que la Fiscalía no ha recabado prueba alguna que vincule a su cliente con una organización criminal.
“Le pedimos a la Fiscalía, desde hace dos años, que por favor recabara información en los puertos donde el barco atracó y que certificara cuál había sido la manipulación. Esto para descartar que hubiese sido contaminado en esos países y la Fiscalía en dos años no recabó esa prueba”, argumentó.
