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La explicación dada por el fiscal general Carlo Díaz, sobre la ausencia de la acusación en el expediente del caso Turesky, que culminó con la libertad de los 22 imputados, fue cuestionada por abogados penalistas consultados por La Nación, quienes concordaron en que Díaz le atribuyó al Tribunal funciones que en realidad no le corresponden.
Este miércoles, el fiscal general señaló una “falta de lealtad” del Tribunal de Apelación de Sentencia de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, al afirmar que la acusación no estaba lista y por lo tanto rechazar la solicitud de seis meses de prórroga de las medidas cautelares realizada por la fiscala Stephanie Tenorio Barrios.
Díaz aseguró que la fiscala ya había avisado a los jueces que la acusación de 772 folios estaba lista y la tenía físicamente en sus manos, pero los jueces nunca la solicitaron para incorporarla al expediente por presunto narcotráfico y legitimación de capitales.
No obstante, para el abogado Federico Campos, el Ministerio Público cometió un grave error al culpar al Tribunal.
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“Un Tribunal le debe lealtad solo a la ley y, por ello, los jueces deben resolver con objetividad los asuntos sometidos a su conocimiento, por lo que no pueden asumir deberes que corresponden a cada una de las partes porque estarían violentando el deber de imparcialidad”, manifestó Campos.
El jurista expuso que ningún tribunal le pide al fiscal que presente la acusación, sino que le corresponde a ellos mismos (los fiscales) presentarla al expediente.
Similar criterio tuvo el abogado Erick Gatgens, quien afirmó que “el Tribunal no tiene porque pedirle eso a la Fiscalía”.
Asimismo, un abogado que solicitó anonimato, explicó que las solicitudes de prisión preventiva llegan a un Tribunal de Apelación una vez que superan el plazo máximo establecido de dos años, para casos de delincuencia organizada. En el caso Turesky, los imputados llevan tres años en prisión preventiva, por lo que los jueces de Apelación le indicaron a la Fiscalía que debía tener la acusación lista para solicitar la siguiente prórroga, lo cual no se cumplió.
“La acusación y cualquier elemento probatorio, para que surtan efecto en la vida jurídica, tienen que estar incorporados al expediente, no podemos decir: ‘la acusación está lista, pero está en la mente del fiscal e hipotéticamente no la hemos visto, pero ya la terminamos’, no, así no funciona”, señaló.
Incluso, aseguró que el Tribunal más bien cometería un error al pedir la acusación, pues anteriormente la Fiscalía ya se había comprometido a incorporarla.
El penalista Simón Angulo coincidió con sus homólogos y estimó que las declaraciones del fiscal general fueron inapropiadas.
“El Tribunal no tiene que darle chance a la Fiscalía para que presente la acusación, eso tiene un procedimiento establecido y la acusación se presenta ante el Juzgado Penal (...), que debe señal un auto de señalamiento de la audiencia preliminar y eso es todo un proceso que no se hace en un día.
“Las declaraciones del fiscal general tratando al Tribunal de desleal son incompatibles, el Tribunal está haciendo su trabajo de legalidad, de verificar las garantías constitucionales de los individuos investigados”, agregó.
Los sospechosos por este caso habían quedado detenidos desde el 25 de mayo del 2021, tras 40 allanamientos en los que se decomisaron ¢1.500 millones en efectivo (entre dólares y colones), carros, armas de fuego, municiones, computadoras, teléfonos celulares y artículos de línea blanca. Ese día quedó detenido el presunto líder, un hombre de apellidos James Wilson.
A los presuntos miembros de esa banda se les atribuye trasegar cocaína hacia Europa, y con esas ganancias habrían invertido en una empresa constructora, en el cultivo de arroz y en bienes muebles e inmuebles en sitios como Escazú (San José), Santa Bárbara (Heredia), Alajuela y Limón.
También habrían comprado valiosos vehículos, quintas, apartamentos y hasta el Motel Infinity, ubicado en Alajuela y que ahora está en manos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
