Desde hace más de una década, Perú vive una peligrosa espiral de incertidumbre e ingobernabilidad. Lejos de detenerse o moderarse, lo que ha hecho es acentuarse. Y aunque pronto habrá elecciones, la dispersión de las ofertas políticas, la debilidad de los partidos, el personalismo agudo y la disfuncional interacción entre los poderes Legislativo y Ejecutivo no permiten augurar que, tras ellas, se abra una etapa de estabilidad.
La manifestación más reciente y palpable de esta enfermedad política ya crónica fue la remoción, el martes, del presidente interino José Jerí, elevado al cargo por el Congreso, que entonces presidía, el pasado 10 de octubre. Este miércoles, José María Balcázar fue designado como sustituto por los legisladores. A sus 83 años, se convirtió en el octavo presidente en una década y en el más viejo en la historia republicana peruana.
Los cuatro meses que Jerí logró permanecer en el poder parecen un récord de brevedad, pero no es así. En 2020, uno de sus colegas, Manuel Merino, enfrentado a una incontenible oleada de protestas, apenas logró mantenerlo por cinco días. Lo sustituyó entonces José Sagasti, quien, al año siguiente, sí pudo completar lo poco que quedaba del mandato constitucional. Si Balcázar, con un pasado lleno de acusaciones y turbiedad, evita contratiempos terminales, le corresponderá entregar el mando a un sucesor elegido mediante voto popular.
El panorama de la campaña en curso, sin embargo, no llama al optimismo. El 16 de diciembre, tras cerrarse el periodo de inscripciones, el Jurado Nacional de Elecciones anunció que 36 candidatos disputarán la Presidencia el 12 de abril. Ese día se elegirán también los 60 escaños del Senado y los 130 de la Cámara de Diputados, la más poderosa de las dos, y también la institución más desprestigiada del país.
Rafael López Arriaga, ultraconservador exalcalde de Lima, aparece en primer lugar en las preferencias de los votantes, pero con apenas el 12% de intenciones, seguido a cuatro puntos de distancia por Keiko Fuijimori, hija del autócrata que gobernó el país entre 1990 y el año 2000.
Ante la imposibilidad de que alguno de los 36 aspirantes supere el 50% de votación requerida, habrá segunda vuelta el 7 de julio. Es casi seguro que la dispersión de nuevo impere en el Congreso, y que el retorno de la estabilidad, si se logra, lleve tiempo.
En medio de esta volatilidad política, a la que se añade una escalada de inseguridad nunca vista, un acelerado deterioro de los servicios públicos y una enorme percepción de corrupción pública, resulta paradójico que la economía peruana haya sido capaz de mantener su estabilidad y un razonable dinamismo. No existe otro país en que la desconexión entre las esferas sociopolítica y económica sea tan marcada. Es algo a tomar muy en cuenta, más allá de su específica realidad, entre quienes se inclinan a adoptar como variable casi única para evaluar un país el comportamiento de su producción y la estabilidad monetaria.
En 2025, el producto interno bruto peruano creció 3,44%, impulsado por diversos sectores. La extracción minera ha sido fundamental en este comportamiento, pero también la confianza en un Banco Central férreamente independiente, que ha logrado hacer del sol la moneda más sólida de Suramérica.
Es fácil suponer que, con un razonable grado de funcionalidad institucional y gobernabilidad, los avances podrían ser mucho mayores, lo mismo que su impacto en el bienestar colectivo. Pero no ha sido así.
Los acelerados y disruptivos relevos en la Presidencia son apenas la parte más visible de la crisis política; también, la más disruptiva. A esto se añade que cuatro expresidentes elegidos, no seleccionados por el Congreso, están en la cárcel: Alejandro Toledo, Ollanta Umala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo. Otro –Pedro Pablo Kuczynski–, guarda prisión preventiva, y Dina Boularte, quien sustituyó a Castillo tras su destitución y solo duró en el poder dos años y medio, enfrenta investigaciones penales y tiene impedimento de salida del país.
Alan García cumplió su mandato entre 2006 y 2011, pero se suicidó en 2019, cuando iba a ser detenido en un caso de corrupción. Alberto Fujimori, quien gobernó con violencia y arbitrariedad la mayor parte de sus dos mandatos (1990 y 2000), fue condenado con posterioridad a 25 años de cárcel y murió en 2024.
Todas estas situaciones se relacionan, de una u otra manera, con un sistema político colapsado en su arquitectura constitucional e institucional, con partidos virtualmente inexistentes, un electorado con su compromiso cívico erosionado y élites económicas que viven y progresan al margen de lo público. Mientras estas condiciones persistan, también lo hará la inestabilidad.