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El Partido Liberación Nacional (PLN) está dando un espectáculo poco edificante al verse atrapado en San Ramón, su cuna histórica, por una disputa entre el candidato presidencial, Álvaro Ramos, y el exalcalde ramonense (2016-2024), Nixon Ureña. La renovación de la Asamblea Cantonal derivó en un pulso marcado por intereses particulares, acusaciones cruzadas y reclamos de candidaturas legislativas. Pese a que los 108 delegados han sido convocados en más de 10 ocasiones, nunca se alcanzó el cuórum: se requerían 54, pero si acaso llegaban 29.
Ese conflicto puso al PLN, por primera vez en su historia, en el potencial riesgo de quedarse sin el financiamiento estatal para la campaña electoral. Irónicamente, la amenaza no proviene de un adversario externo, sino de las desavenencias en el cantón donde José Figueres Ferrer fundó, en 1951, esta agrupación que marcaría profundamente el desarrollo del país. Desde entonces, el PLN ha logrado elegir a siete presidentes de la República que, en conjunto, gobernaron durante 36 años, en nueve periodos constitucionales.
Desde el 22 de agosto, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le confirmó a Liberación, en la resolución 5503-E1-2025, que sí podrá participar en las elecciones nacionales sin haber concluido la Asamblea de San Ramón, pero dejó claro que no podrá recibir la contribución estatal mientras no complete ese trámite. En esa condición, los bancos difícilmente otorgarán crédito a un partido sin garantía de reembolso vía deuda política, y los bonos electorales del PLN resultarán imposibles de colocar.
Ese matiz convirtió a la asamblea ramonense en una poderosa ficha de negociación, en una moneda de cambio por las candidaturas a diputado por Alajuela. Es un juego perverso, porque una instancia concebida para garantizar la participación democrática y la renovación de estructuras no debe transformarse en un instrumento de presión para asegurar espacios de poder. Esto abre el portillo a que las candidaturas de una provincia terminen influidas por las maniobras de un solo cantón y los intereses de una minoría que actúa como grupo de veto.
La misma resolución del TSE advirtió de que la “omisión” de los delegados ramonenses afecta a todos los militantes del partido, en otros cantones que sí han cumplido su tarea: “Los actos de un sector minoritario de la agrupación, tendientes a frustrar el avance exitoso del proceso de renovación de estructuras, lesionan los derechos fundamentales de las personas militantes de un partido político”.
El sector que ha bloqueado el cuórum está encabezado por el exalcalde Ureña, quien acusa a Ramos de intentar imponer al ramonense Miguel Guillén, secretario general del PLN, como candidato a diputado. Ramos, en cambio, responsabiliza a Ureña de utilizar la parálisis como medio para asegurarse una diputación.
No es un secreto que Ureña ha construido una carrera política con la mira puesta en llegar al Congreso, ni tampoco que Guillén representa para Ramos un aliado estratégico en su proyecto de renovación interna.
Ya hay visos de solución. El PLN convocó la Asamblea Cantonal para este sábado 6 de setiembre, luego de una reunión sostenida por Ramos y Ureña la semana pasada. Ninguno dijo públicamente qué pactaron, por lo que serán los nombres que se anuncien en la papeleta alajuelense los que confirmarán hasta dónde llegó el poder de presión de Ureña y el margen de acción de Ramos.
En entredicho no solo ha estado el riesgo del financiamiento electoral. También la autoridad del candidato presidencial, obligado a negociar con quienes lo señalan de manipular la lista de diputaciones y expuesto al costo político de ceder en aquello que prometió combatir: “las viejas prácticas y mañas de la vieja política”.
Aparte de eso, sus declaraciones cargadas de emocionalidad abrieron un frente de confrontación innecesario con dirigentes de un cantón donde hay unos 100.000 habitantes, al menos 69.000 electores y una abstención que ronda el 40%. De poco sirvió que acusara públicamente a Ureña de “sabotaje” o que calificara de “miserable” a la Asamblea de San Ramón. Ese tipo de maltrato verbal degrada la política, sacude los puentes internos y multiplica los focos de resistencia. Los encontronazos podrán generar impacto mediático, pero la dirigencia es, en última instancia, la que sostiene al PLN, un partido que arrastra una década de derrotas electorales.
La gran moraleja de todo esto es que lo sucedido en el PLN se puede repetir en ese y en cualquier otro partido político. Convertir la renovación de estructuras en un mecanismo de presión interno es una práctica nociva porque erosiona la democracia partidaria, impide el recambio generacional y termina distorsionando la voluntad de la mayoría y lesionando derechos fundamentales.
Si las dirigencias locales aprenden que basta con bloquear un cuórum para forzar su llegada al Congreso, el sistema político quedará a merced de minorías. Ante este riesgo, corresponde al TSE y a la Asamblea Legislativa asumir el reto de plantear y discutir reformas que cierren este portillo.
