Escuchar“En cualquier momento puede ser nuestro último recorrido”. La frase de Óscar Beita, guardaparques en Corcovado, describe los peligros que afrontan los 400 hombres y mujeres que protegen nuestros tesoros naturales sin lo más mínimo para garantizar su propia seguridad. Así lo reveló el reportaje "Guardaparques patrullan con la muerte al hombro“, elaborado por la periodista Sofía Sánchez, y publicado en la Revista Dominical del 4 de mayo.
Nuestros guardaparques sobreviven sin radios, sin armas funcionales, con chalecos antibalas vencidos o inexistentes; incluso, deben comprar pantalones, calzado o agua potable para afrontar a cazadores furtivos, narcos o coligalleros armados con fusiles.
Realmente es imposible que creamos que se puede proteger más de una cuarta parte de nuestro territorio terrestre y una vasta porción de mar con 400 guardaparques. Cada uno debe cubrir, en promedio, 3.257 hectáreas, más de seis veces lo recomendado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El número real se reduce aún más si se considera que muchos son asignados a tareas administrativas.
El caso de Alberto, en una zona montañosa, da una idea de las penurias: no tiene radio para comunicarse con sus colegas. Si cae herido por una mordedura de serpiente, no podría pedir ayuda. Julián, por su parte, dijo no recordar la última vez que le dieron el uniforme. “Cada quien ve cómo se cuida”, contó mientras cargaba botas, lámparas y jackets costeadas de su bolsillo.
Aun así, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) les exige patrullajes nocturnos, atención a emergencias y vigilancia de zonas de alta peligrosidad. Si un saqueo ocurre de noche, deben levantarse y atenderlo sin importar la hora ni el riesgo. No hay pago de horas extra y el salario promedio de un oficial de seguridad nivel 3 ronda los ¢400.000.
El peligro es real porque las áreas protegidas han sido tomadas por redes criminales. En Corcovado, en la península de Osa, la DEA y la CIA reportaron, solo en 2020, el ingreso de 500 toneladas de cocaína y 600 de marihuana por Drake-Sierpe, ruta hacia este parque. El Ministerio de Seguridad incluso retiró la base de Guardacostas de Drake, lo que allanó la operación de mafiosos.
El trabajo se vuelve aún más riesgoso porque las armas, si las hay, suelen estar sin mantenimiento. Alberto contó que, en su puesto, solo el jefe tiene un chaleco antibalas, donado hace años y ya vencido por el tiempo. “Hay riesgo de morir”, declaró con resignación. Y como si fuera poco, en diciembre de 2024, el Sinac les ordenó la devolución inmediata de todas las armas prestadas por el Ministerio de Seguridad Pública porque venció un convenio.
Mientras tanto, los delitos ambientales se multiplican. Solo entre el 12 y el 20 de abril de 2025, se recibieron 48 denuncias y se ejecutaron 2.491 acciones de control de patrullajes terrestres, retenes en carretera y recorridos acuáticos. En los operativos se enfrentan a amenazas como la caza furtiva, extracción de oro, tala ilegal, cultivos ilícitos, ingreso clandestino de turistas, incendios provocados y tráfico de especies.
En lugar de fortalecerse, al Sinac se le debilita. En los últimos cinco años se le redujo el presupuesto en 37%, al punto de que llegó a ¢28.000 millones este año, pese a que, anualmente, solo por venta de servicios y concesiones, genera ¢18.000 millones.
El deterioro también lo evidencia el hecho de que entre 2019 y 2020 perdió 100 plazas por efectos de la Ley Marco de Empleo Público, aunque para cubrir adecuadamente las áreas de conservación se necesitarían más de 1.000 puestos adicionales. “El guardaparque es una especie en vía de extinción”, resumió Cristian Brenes Jiménez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Minae.
Esto es vergonzoso, porque mientras promovemos al país como ejemplo mundial de conservación, los guardaparques dan la pelea sin recursos y, en muchos casos, lejos de sus familiares, a los que ven unos pocos días al mes. Y pese a todo, la mayoría sigue. Lo hace por amor a la naturaleza, por vocación, por el orgullo de preservar un legado.
Pero la pasión no alcanza cuando el abandono es sistemático. Se necesita más que voluntad para enfrentar al crimen organizado, para rescatar a turistas extraviados, para lidiar con amenazas de muerte o cargar a un compañero herido durante 14 horas, en medio de la montaña, sin poder contactar al 911, como lo tuvieron que hacer Beita y tres colegas más.
Los costarricenses no podemos seguir vanagloriándonos de nuestra riqueza natural mientras el Estado trata a los guardaparques sin conmiseración. Se requieren equipos adecuados, armas funcionales, condiciones laborales dignas, personal suficiente, formación continua y descentralización. No basta con tener parques si no se puede garantizar su conservación.
En un país que sustenta buena parte de su desarrollo socioeconómico en el turismo ecológico, el desamparo a los guardaparques es una irresponsabilidad ambiental, económica y humana. Todos debemos tener claro que sin guardaparques, no hay conservación. Si el gobierno y los legisladores no actúan ya, no solo perderemos hectáreas de bosques y especies, perderemos también nuestra identidad.
