Desde el 5 de diciembre, todos los guardaparques recibieron la orden de devolver las armas asignadas, tanto largas como cortas, junto con sus respectivos cargadores. Estos equipos eran utilizados para garantizar su seguridad durante operativos de control contra la caza ilegal, patrullajes en zonas de acceso restringido y otras labores de campo.
La medida fue comunicada por David Chavarría Morales, director ejecutivo interino del Sinac, mediante la circular SINAC-SE-DE-1799-2024 dirigida a los directores de las Áreas de Conservación.
En el documento, al que tuvo acceso La Nación, Chavarría explicó que la falta de un nuevo convenio con Seguridad Pública imposibilita el uso del armamento por ausencia de sustento jurídico y reconoció que esta es una situación temporal.
Sin embargo, la circular no establece plazos para la renovación del acuerdo ni detalla medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los funcionarios en el campo. “Somos conscientes de las repercusiones operativas que esto implica”, reconoció Chavarría Morales en el mensaje.
La decisión afecta el resguardo de 149 áreas silvestres bajo tutela del Sinac, según sus registros al 2023. Estos comprenden 52 refugios nacionales de vida silvestre, 33 zonas protectoras, 30 Parques Nacionales, 12 humedales, nueve reservas biológicas, nueve reservas forestales y cuatro áreas marinas de manejo.
La Nación solicitó al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), al que pertenece el Sinac, información sobre las medidas que se implementarán para salvaguardar la seguridad de los funcionarios en los parques nacionales y otras zonas protegidas, especialmente durante la temporada alta de turismo extranjero y un repunte de excursionistas nacionales con motivo de las vacaciones de fin de año.
Según la Secretaría Ejecutiva del Sinac, las labores de control y protección en campo se mantienen al aducir que hay un “inventario importante” de armas propias distribuidas en todo el país para cumplir con las competencias legales de salvaguardar el patrimonio natural de este país.
De acuerdo con el Sistema, se cuenta con un grupo considerable de funcionarios armados que pueden atender los delitos ambientales que se presenten, las actividades planificadas para los operativos de fin de año se mantienen y se harán los ajustes para garantizar las medidas de seguridad correspondientes para salvaguardar a los funcionarios que no porten armas.
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Problema sin resolver
En la circular, Chavarría Morales indicó que desde hace tiempo (no indica cuándo) se elaboró un borrador para renovar el convenio, pero este aún se encuentra en revisión por parte de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública.
“Estamos a la espera de recibir las observaciones correspondientes para avanzar hacia la firma del convenio entre los ministros y garantizar la continuidad del mismo”, detalló.
El funcionario también advirtió sobre las posibles implicaciones legales para el personal del Sinac al seguir utilizando las armas sin un convenio vigente. Citó una reforma al artículo 20 de la Ley de Armas y Explosivos (Ley N.° 7530), que restringe el uso de armas largas únicamente a cuerpos policiales. Ante esto, ordenó la inmediata devolución del armamento en préstamo a la Dirección General de Armamento del Sinac.
“Por favor proceder como se le ha indicado hasta que se cuente con el instrumento jurídico pertinente que habilite el uso de las mismas y devolver de forma inmediata cualquier arma larga que tengan en este momento”, solicitó el funcionario hace dos semanas.
