Editorial

Editorial: Golpe a agenda con el FMI

Diputados de Liberación Nacional prefieren arriesgar el éxito de la agenda antes que restar un privilegio a los empleados públicos con salarios superiores a ¢862.000

Con seis votos a favor y dos en contra, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa dictaminó negativamente el proyecto de reducción de exoneraciones integrado a la agenda de ajuste fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Diputados de Liberación Nacional prefieren arriesgar el éxito de la agenda antes de restar un privilegio a los empleados públicos con salarios superiores a ¢862.000.

Todo trabajador costarricense con ingresos mayores a ese monto paga impuesto sobre la renta, pero no los funcionarios, cuyo decimocuarto pago está exento. En el sector privado, la ley obliga a pagar aguinaldo (decimotercer mes) pero no salario escolar. Los funcionarios reciben un pago de más y sin motivo alguno la ley lo exonera de impuestos.

Uno de los tres votos del PLN se apartó de la decisión y a los otros dos se sumaron los legisladores de izquierda y los socialcristianos. De todos ellos se esperaba el voto negativo, dado su desinterés por la corrección fiscal y el acuerdo con el FMI, pero el PLN maneja un discurso ambivalente e impredecible, como también lo fue la restauracionista de la comisión.

El gobierno anunció un remedio tan malo como la enfermedad, si el objetivo de la reforma es igualar las condiciones del sector público con el privado, por lo menos en cuanto al gravamen. Hacienda intentará eliminar la exoneración a los salarios estatales superiores a ¢1.000.000. La iniciativa es comprensible desde la óptica de la recaudación, pero en términos de equidad solo crea una nueva distinción, esta vez entre empleados públicos.

Esa diferencia en nada altera la falta de equidad del trato dispensado a un empleado público con ¢862.000 de salario y uno del sector privado con ingresos por la misma suma. La razón de ser del privilegio, encima del decimocuarto mes, es difícil de imaginar. No cabe duda de la naturaleza salarial del pago porque la Sala Constitucional se pronunció específicamente al respecto.

El 56 % de los empleados estatales ganan más de ¢862.000; sin embargo, solo el 18 % del resto de los asalariados superan ese monto, así que la exoneración alcanza a la mayoría de los servidores públicos y apenas a la quinta parte de los privados. Contando el aguinaldo, los servidores públicos pagan renta sobre el 86 % de sus salarios, mientras los demás lo hacen sobre el 92 %, dada la exoneración generalizada del decimotercer mes.

La pérdida en recaudación es de ¢43.000 millones y el golpe a la agenda con el FMI es todavía mayor. El proyecto de ley de eliminación de exoneraciones se había vaciado de contenido a lo largo de la discusión, pero la exclusión del salario escolar lo dejó en el cascarón, con lo cual el dictamen negativo de la ley como un todo es poco más que simbólico.

El proyecto era uno de los más importantes en materia de generación de ingresos. Sus redactores esperaban lograr el equivalente al 0,43 % del producto interno bruto (PIB), pero las reformas en la comisión lo dejaron en un 0,19 %. Ahora, si el plenario no lo rescata o la idea de Hacienda fracasa, el rendimiento queda en cero.

Ese es otro motivo para declararse totalmente confundido por la actitud de los partidos con posibilidad de llegar al poder el año entrante. Comenzar el cuatrienio con el acuerdo del FMI vigente y acceso a los recursos asociados (no solo los del Fondo) es el escenario deseable para cualquier gobernante. En cambio, dar al traste con el acuerdo traería un período de incertidumbre con alcances más allá de la segunda ronda electoral y graves perjuicios para el país.