Editorial

Editorial: Defensa de un privilegio

Ningún salario por encima de ¢862.000 está exonerado, salvo el escolar. Los defensores de la discriminación ni siquiera explican por qué la diferencia con el resto de la sociedad

No le harán caso, y la ministra de Planificación Pilar Garrido lo sabe, pero su insistencia ante los diputados sobre la necesidad de reponer ¢43.000 millones anuales a las arcas del Estado, si persisten en exonerar el salario escolar del impuesto sobre la renta, enfatiza el costo de conservar un privilegio tan indefendible como inexplicable.

Ningún salario por encima de ¢862.000 está exonerado, salvo el escolar. Los defensores de la discriminación ni siquiera explican por qué la diferencia con el resto de la sociedad. Intentaron, en algún momento, decir que no es realmente un salario, pero lo es desde su nombre y la Sala Constitucional no dudó antes de confirmarlo. Luego, pretendieron hacer creer que el impuesto se cobraba en cada “retención” mensual, pero el desmentido está en la propia ley y su explícita exclusión del beneficio.

Es salario y no se cobra un cinco a quienes lo perciben. Si la reforma se aprueba, quienes ganan menos de ¢862.000 seguirán exonerados, como cualquier otro ciudadano de ese nivel de ingresos. No obstante, los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos Franggi Nicolás, José María Villata, Paola Vega, Pedro Muñoz y Walter Muñoz lo defienden en nombre de la justicia social.

Los tres primeros plantearon al Ejecutivo la amenaza de dictaminar negativamente el proyecto de ley de exoneraciones, donde está incluida la eliminación del privilegio, si no se les garantiza respeto para su decisión de eliminar la reforma del salario escolar. El temor de los congresistas es la restitución de la eliminación del privilegio cuando el proyecto de exoneraciones comience a ser discutido en el plenario.

La exigencia es inusitada. No solo piden al gobierno renunciar al derecho de promover su proyecto original sino que le exigen una garantía totalmente fuera de su control. La posibilidad de plantear mociones en el plenario para revertir lo ocurrido en comisión es parte del derecho de enmienda de los diputados. Villalta, por ejemplo, lo ejerce con frecuencia. El Ejecutivo no puede comprometer ese derecho en nombre de los demás.

Nicolás descartó mala voluntad contra los proyectos acordados con el Fondo Monetario Internacional y pidió “claridad” para saber cómo proceder con su voto. “Insisto en que no me voy a prestar para que en el plenario se reincorporen cosas que no comparto”, afirmó. La claridad ya la obtuvo. El gobierno confirmó su intención de revertir la decisión de la comisión cuando el proyecto llegue al plenario. Hizo bien en no permitir la presión indebida y ni siquiera escudarse en la imposibilidad de impedir a otros diputados plantear las mociones necesarias.

Antes del trámite en el plenario, el voto de la comisión dirá cuánto interés hay entre sus integrantes por contribuir a llevar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a buen puerto. El proyecto para eliminar exoneraciones es uno de los más importantes por el lado de los nuevos ingresos. Originalmente, pretendía generar el equivalente al 0,43 % del producto interno bruto (PIB). Luego de las reformas en la comisión, la previsión bajó al 0,19 % del PIB.

Si los diputados de Asuntos Jurídicos consiguen entorpecer la aprobación del proyecto con un rendimiento suficiente, nos situarán un paso más lejos de lo acordado con el Fondo. El tiempo se agota, y si las malas decisiones desencadenan consecuencias, será indispensable sentar responsabilidades políticas, como lo demanda el sistema democrático. Por lo pronto, la petición un tanto irónica de la ministra de Planificación solo tiene la respuesta que sin duda ella imagina: no, el resto de la ciudadanía no pagará más para mantener un privilegio injustificado.