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Los autobuseros amenazan con un paro técnico si la Asamblea Legislativa no aprueba la ampliación de la vida útil de sus vehículos de 15 a 20 años, como pretende un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo en asocio con un nutrido grupo de diputados. La iniciativa, planteada como remedio para las dificultades sufridas durante la pandemia, se sumaría a otras medidas de apoyo concedidas al sector.
La oposición ha estado a cargo del Frente Amplio y ya se le sumaron cinco legisladores del Partido Liberal Progresista. La inevitable afectación de la calidad del servicio a expensas del usuario hace dudar a otros diputados, pero la fuerte influencia política de los transportistas podría imponerse, como lo ha hecho a lo largo de décadas en cuestiones de calidad, sectorización y cobro electrónico.
El gobierno se declara incapaz de enfrentar las presiones, pero sí tiene recursos y, si deja de emplearlos, añadirá un nuevo precedente a la larga cadena de exitosas intimidaciones. La ley no debe ser reformada a fuerza de amenazas contra la satisfacción de necesidades básicas de la población.
Los autobuseros son concesionarios de un servicio público y deben prestarlo de conformidad con la ley. Cuando ganan la concesión, manifiestan su voluntad de ajustarse al derecho. El país no debe permitir el uso de esa concesión para ajustar el derecho a los intereses de los transportistas. La limitación de la vida útil de los autobuses es una garantía mínima de la calidad del servicio y la prórroga solo puede hacerse a costa del bienestar de millones de usuarios.
Al Poder Ejecutivo le toca decidir, en primer término, si insistirá en permitirlo. Si renuncia a hacerlo o deja de considerarlo viable, debe planear la reacción ante el paro anunciado, comenzando por la preparación de las acciones judiciales necesarias para declararlo ilegal y despejar el camino al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para operar los autobuses de forma directa.
Es difícil imaginar argumentos para convencer a un juez de la legalidad de un paro convocado para forzar una enmienda legislativa contra los intereses de los usuarios, en especial los más humildes, cuando las deficiencias del transporte público se hacen obvias en las calles de todo el país, incluso con el espectáculo de unidades en llamas, como acaba de suceder en Limón.
También es necesario preparar los medios materiales de la intervención, comenzando por la disponibilidad de conductores y los cuerpos de seguridad necesarios para garantizar la operación pacífica de las rutas intervenidas por la suspensión o abandono de los concesionarios.
Son medidas perfectamente posibles según el criterio emitido en el 2017 por la Procuraduría General de la República a petición del Consejo de Transporte Público. Declarada la ilegalidad del paro, el MOPT puede prestar el servicio de forma directa o habilitar a otra entidad estatal para hacerlo. En ese caso, el ingreso de los peajes sería depositado en la caja única del Estado. El CTP también podría otorgar permisos en precario a otras empresas. Si se llegara a esos extremos, es necesaria la firme disposición a cancelar las concesiones y promover nuevas adjudicaciones.
La firmeza del Ejecutivo y la manifestación de su voluntad de recurrir a las medidas descritas quizá disuadan a los transportistas. En caso contrario, la confrontación será difícil y traumática, pero podría sentar las bases de la profunda reforma requerida por un servicio tan indispensable.
