Arrodillados ante el dios bus

La injerencia política de los autobuseros, adjudicatarios de un servicio público estratégico, es permanente. Que quede claro de una vez: los dueños del transporte público somos todos, principalmente los pasajeros.

Los autobuseros son propietarios de los empresas, eso sí, en alianza público-privada necesaria para el desarrollo, pero también para ganar elecciones. Antes de la promulgación de la Ley 7600, en 1996, los autobuseros esgrimieron argumentos manipuladores, falaces y ofensivos para las personas con discapacidad y adultos mayores, con el fin de evitar cumplir, a toda costa, con las disposiciones que en materia de transporte público accesible contemplaría la normativa.

Años después, en un episodio en el que políticamente se nos obligó a “acceder por el bien del país”, en vista de la permanente amenaza de paralizar el transporte público, patrióticamente, las personas con discapacidad debimos respetar la reforma que prorrogó el plazo para la accesibilidad en el 100% de los buses.

No solo ganó el poderoso sector autobusero, sino también se dividió al políticamente débil movimiento de personas con discapacidad. Aunque inobjetablemente se trataba de una reforma regresiva, tuvimos que negociar nuestros derechos humanos para que los autobuseros no hicieran una huelga y se paralizara la economía nacional. El eterno chantaje.

Hoy, y a pesar de que ya recibieron apoyo del Estado, argumentando pérdidas por causa de la covid-19, amenazan de nuevo con un paro técnico a partir de enero. Los autobuseros piden a los diputados que se amplíe la vida útil de los buses de 15 a 20 años.

Es incuestionable que la pandemia produjo pérdidas económicas debidas al cierre de fuentes de trabajo, pero ¿se justifica que la ampliación de la vida útil de los buses sea de cinco años y que sea una medida permanente y no por una única vez, dada la coyuntura pandémica? La respuesta es no.

Sin embargo, los autobuseros procuran una nueva ventaja económica, que por excepción bien podría ser de carácter transitorio para que no nos acusen de intransigentes; sin embargo, la intención es obtener un beneficio permanente.

Los derechos de las personas con discapacidad, en particular, y de quienes viajan en autobuses, porque los necesitan diariamente para ir a trabajar, estudiar o al Ebáis, no importan.

Si se aprueba la reforma a la Ley 7600 y se posterga la renovación de la flota, los buses viejos circularán durante más tiempo, costosamente refaccionados, tecnológicamente obsoletos, inseguros, contaminantes y repagados, pero generando más ingresos a los autobuseros y, por supuesto, por costo de vida, los pasajes seguirán aumentando.

Lo que les interesa es mantener el conveniente modelo que beneficia a partidos políticos y autobuseros. Una vez más nos piden arrodillarnos ante el dios bus, fetichizada máquina de hacer dinero y jalar votos, que todo lo puede en la política nacional, por ejemplo, aprobar reformas que violan los derechos humanos y agravan el cambio climático.

cramvar60@gmail.com

El autor es politólogo y fue el primer asesor presidencial en asuntos de discapacidad.

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