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La Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), que reúne a empresarios autobuseros, anunció este lunes que su servicio entraría en “paro técnico” a partir del 1.° de enero, de no aprobarse el proyecto de ley que extendería la antigüedad de los buses por tres años más.
El anuncio lo hicieron acompañados por el directivo del Consejo de Transporte Público (CTP), Gilberth Ureña, quien funge como representante de los taxistas en la junta directiva de este órgano del MOPT, pero que ha sido lobista de los autobuseros en este proyecto de ley al grado de que se atribuye la redacción de la propuesta legislativa.
La conferencia de prensa, incluso, se efectuó en el auditorio de este órgano del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
La directora de Canatrans, Silvia Bolaños, indicó que más de 300 unidades de autobús no podrán circular a partir del próximo año porque están próximas a cumplir 15 años, la antigüedad máxima establecida por ley.
De seguido, el directivo Ureña aseguró que el CTP acordó pedir a los autobuseros con unidades vencidas que las renovaran para no exponerse a sanciones.
Pese a que los autobuseros ejercen sus concesiones a sabiendas de que la ley 7600 exige un máximo de 15 años de antigüedad, una tercera parte arrastra unidades que superaron esa vida útil o están por hacerlo en este 2022.
Sin embargo, un acuerdo tomado por el CTP en agosto del 2021, permite a los autobuseros con un 30% menos de flotilla, lo que les da un respiro a sus unidades más viejas, al no tener que renovarlas de inmediato. Ese permiso se extendió en agosto anterior, por un año más.
Uno de los defensores de la propuesta, el empresario Marvin Bastos, calificó como un “error” de los diputados incluir la antigüedad de los buses en la ley que protege a las personas con discapacidad.
El proyecto de ley, propuesto por el exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Erwen Masís, en junio del 2021, pretendía dar a los autobuseros cinco más para reponer las unidades vencidas desde el inicio de la pandemia, para que las repusieran en ese periodo. Sin embargo, los diputados han acordaron reducir ese plazo a tres años en el texto que aún no ha sido aprobado.
Actualmente, el Poder Ejecutivo respalda la medida y la convocó en sesiones extraordinarias, aunque su avance es lento, debido a las más de 100 mociones del Frente Amplio, fracción que se opone a la medida.
La directora de Canatrans pidió públicamente a los diputados dar trámite rápido al proyecto de ley para evitar el anunciado paro técnico.
¿Perderían la concesión?
El CTP aclaró a La Nación que, si las empresas no se ponen al día con una flotilla que cumpla lo que establece la actual ley, estarían sujetas a procesos administrativos que podrían terminar en la cancelación de la concesión.
“Las rutas tienen una cierta cantidad de unidades autorizadas que se determina por la necesidad del servicio y, de esa manera, se ajusta a la movilización real de usuarios. Entonces, todo operador debe cumplir con la totalidad de la flota autorizada y de no cumplirlo puede ser objeto de un debido proceso y darse una eventual cancelación”, respondió la entidad ante la consulta de este medio.
La Ley Reguladora del Servicio de Transporte Público avala el cambio en los contratos de concesión “en resguardo del interés público” o por una situación de carácter imprevisible, su artículo 41.
Al menos ocho grandes empresas autobuseras se beneficiarían del proyecto de ley que está en discusión.
