Las pruebas PISA siempre provocan la misma reacción en Costa Rica. Se informa de que el país está por debajo del promedio de las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se comparan puntuaciones, se lamentan los resultados y las soluciones se dejan para el olvido. Esta vez debe ser diferente.
Los resultados de 2025 del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) –que determina si los jóvenes de 15 años pueden aplicar lo aprendido a situaciones de la vida real– deben marcar un punto de inflexión para el Ministerio de Educación Pública (MEP) pues la advertencia es contundente: una gran cantidad de alumnos llega a esa edad sin dominar destrezas básicas para comprender un texto, resolver un problema matemático o utilizar conocimientos científicos en situaciones cotidianas.
Pertenecer a la OCDE debe servirnos para comparar nuestro desempeño con el de otros sistemas, reconocer las brechas y aprender de las políticas que han dado mejores resultados. Y para eso sirve PISA 2025, edición en la que participaron más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías, en representación de unos 33 millones de jóvenes de 15 años.
En Costa Rica, la evaluación fue aplicada a 6.881 estudiantes de 202 centros educativos, una muestra que permite proyectar los resultados a unos 54.300 alumnos y dimensionar nuestros problemas.
Solo el 30% de los colegiales alcanzó el nivel mínimo en matemáticas, frente al 65% en los países de la OCDE. En ejercicios sencillos, como comparar la distancia de dos rutas alternativas o convertir precios de una moneda a otra, siete de cada diez alumnos tienen dificultades para aplicar el razonamiento matemático.
En lectura, apenas el 53% llegó al nivel básico. Esto significa que casi la mitad no posee competencias mínimas para identificar la idea principal de un texto de extensión moderada, localizar información y reflexionar sobre su propósito.
En ciencias, el 56% alcanzó al menos el nivel básico y el 44% restante no evidenció habilidades para reconocer la explicación correcta de fenómenos científicos conocidos y determinar si una conclusión es válida a partir de los datos proporcionados.
Aunque en ciencias hubo una mejora con respecto a 2022, el resultado sigue 58 puntos por debajo del promedio de la OCDE. Además, PISA dejó al descubierto las precarias condiciones en que aprenden nuestros jóvenes: Costa Rica ocupa un lamentable primer lugar entre 88 países y economías por la escasez de materiales educativos y el tercer puesto por la falta de personal.
Esos problemas, traducidos a cifras, son aún más inquietantes. El 68% de los estudiantes asiste a centros donde la falta de libros de texto, computadoras y materiales de biblioteca o laboratorio obstaculiza la enseñanza; el 64% estudia en inmuebles con deficiencias de infraestructura y el 54,6%, en centros donde la escasez de docentes dificulta impartir las lecciones.
El ausentismo también arroja números rojos. El 54% de los estudiantes reportó haber faltado a clases al menos un día durante las dos semanas anteriores a un examen –en 2022 había sido el 16%–. Corresponde al MEP averiguar qué está alejando a tantos menores de las aulas e intervenir antes de que las ausencias reiteradas deterioren sus aprendizajes y los acerquen al abandono escolar.
Es cierto que los padres deben velar por la asistencia a clases de sus hijos, así como promover en ellos la lectura y acompañarlos en el estudio. Sin embargo, no pueden reemplazar al profesor que falta, equipar un laboratorio ni reparar una escuela. Eso es obligación del MEP. Corresponde al gobierno definir una ruta clara para la educación, con un programa nacional de recuperación de aprendizajes centrado en lectura y matemáticas.
Las evaluaciones deben servir para detectar a tiempo a quienes se están quedando atrás y brindarles apoyo antes de que las dificultades comprometan el resto de su formación. También es indispensable cubrir las vacantes docentes y fortalecer la preparación de los educadores.
Este nuevo informe de las pruebas PISA no puede terminar en una gaveta ni justificar una simple lista de nuevas promesas. Debe traducirse en decisiones, recursos bien asignados y distribuidos, y resultados verificables.
Lo contrario –la inacción– condenará a miles de jóvenes a afrontar mayores dificultades para continuar estudiando, encontrar empleos de calidad y tomar decisiones informadas. También limitará las posibilidades del país de elevar su productividad y reducir la desigualdad.
Una evaluación solo tiene sentido si cambia aquello que revela. PISA 2025 ha vuelto a mostrar las debilidades del sistema educativo costarricense, pero también ofrece información suficiente para establecer prioridades y corregirlas.
El MEP y el gobierno no necesitan esperar nuevas señales; necesitan actuar. En 2028, Costa Rica no debería preguntarse por qué seguimos rezagados, sino cuánto avanzamos después de que el MEP y el gobierno decidieran tomarse en serio la evidencia.