Razones sobran para la extrema inquietud. El fentanilo es un opioide sintético con una potencia 50 veces mayor que la cocaína. Si existen los precursores adecuados, puede producirse en laboratorios poco sofisticados, además de transportarse y comercializarse con relativa facilidad, dada su concentración y poco peso.
Los sistemas de salud alrededor del mundo lo usan para aliviar dolores extremos, sobre todo cuando ni siquiera la morfina es suficiente. Costa Rica no es la excepción. Hasta ahora, buenos sistemas de control de inventarios y prescripciones han impedido, casi en su totalidad, las filtraciones para otros usos. Sin embargo, no son totalmente inmunes a la acción de personas inescrupulosas con acceso a ellos. A esto se ha agregado un riesgo puntual, que esperamos no tenga graves consecuencias: la Gerencia Financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social alertó hace pocos días sobre las dificultades en la entrega y trazabilidad de las recetas de psicotrópicos –entre ellos, fentanilo, morfina y metadona– en algunos centros de salud.
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La preocupación se convirtió en alarma en noviembre de 2023, cuando fue desarticulada una banda que traía insumos y el producto terminado desde México y lo mezclaba con otras drogas, para darles mayor potencia y venderlas a precios más elevados. El 21 de agosto, el Tribunal Penal de Pavas absolvió a los acusados de operar el laboratorio, al considerar que no existían pruebas suficientes de su responsabilidad.
Hasta ahora no se ha detectado ninguna otra estructura delictiva dedicada a su producción y comercialización en el país, y el consumo es mínimo. Una encuesta realizada por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) detectó que en 2023 solo alcanzaba el 0,05% de la población. De entonces, sin embargo, mucho puede haber cambiado. Ese “futuro más complejo” que inquieta a Soto es probable que se manifieste, sobre todo, con su uso como potenciador por parte bandas que se dedican a vender otras drogas, como la cocaína o el éxtasis, y de ahí al consumo directo, el camino es corto. En ambos casos, es posible que se produzcan consecuencias catastróficas para la salud de las personas.
De las 170.000 muertes por sobredosis que se calcula ocurrieron en Estados Unidos en 2023, un 70% fue atribuido al fentanilo. Basta consumirlo durante cuatro semanas para que genere una adicción profunda, y con unos pocos miligramos, las consecuencias pueden resultar fatales.
Existen, al menos, dos factores que, hasta ahora, han limitado su penetración en Costa Rica. Uno, desde el lado de la oferta, es que, al contrario de la cocaína, el flujo hacia el mercado estadounidense –el mayor del mundo– no pasa por Costa Rica; se origina en México, Guatemala o China, y también en Estados Unidos existen laboratorios de producción. Esto nos ha librado de que, al igual que ocurre con otras drogas, el fentanilo ingrese al mercado local como pago por servicios.
A lo anterior se suma, tal como ha dicho Luis Eduardo Sandí, psiquiatra del IAFA, que se requiere mucho tiempo para que “se desarrolle una cultura del consumo de opioides”. Pero si el tiempo pasa, el uso comienza a despuntar y los delincuentes perciben oportunidades, sea para su venta pura o como potenciador, del acecho pasaremos al ataque directo. De ahí la importancia de prepararnos y actuar a tiempo.
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Las iniciativas deben ser varias y darse al unísono. Buenas campañas de educación, prevención y alerta, sobre todo entre los jóvenes. Un buen sistema de control en las prescripciones médicas. Cooperación con autoridades regionales. Estricta vigilancia en las aduanas, para impedir el ingreso de insumos o producto terminado. Sistemas de detección temprana, como el ya utilizado por el OIJ para determinar si está presente en el sistema digestivo de personas fallecidas por sobredosis. Labor policial meticulosa, en interdicción y represión. Entrenamiento a los fiscales para la preparación de casos.
Se trata de un abordaje que tiene similitudes, pero también grandes diferencias, con el de otras drogas para las cuales somos punto de tránsito hacia el norte. Por esto, merece atención diferenciada; también, inmediata. La acción preventiva es esencial y con evidente costo-beneficio humano, social, económico y de seguridad. Esperar a que el impacto se eleve no debe ser el camino.
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