El derecho de objeción lo prevé nuestra legislación con el fin de transparentar la licitación; el problema, entonces radica en las inconsistencias con las cuales el Incop diseñó el pliego, al extremo de que ya se cuantifican 115 impugnaciones, una cifra que raya en la exageración y da una idea del problema de fondo: si el cartel fuera preciso y robusto, no se expondría a tantos reclamos. Para resolver cada uno, el artículo 34 de la Ley General de Concesiones le da a la Contraloría un mes natural, lo cual el Incop y el gobierno debían saber y anticipar. Cada impugnación, entonces, es una demora que se pudo evitar con un pliego blindado a los cuestionamientos.
Las empresas que han presentado recursos son APM Terminals B. V., SAAM Puertos S. A., DP World CL Holding Americas INC. e International Container Terminal Services, INC, las cuales han impugnado el plazo para la presentación de ofertas, el modelo financiero, la estructura tarifaria, requisitos técnicos y las obligaciones que asume el concesionario, solo por citar algunas de las que ya han sido resueltas.
Es inconcebible, también, que este proceso afronte tantos tropiezos pese a que, desde mayo de 2023, el Incop fue autorizado por la Contraloría a pagar un asesoramiento de $3,8 millones con la Corporación Financiera Internacional (que pertenece al Banco Mundial) para acompañarse en el proceso de elaboración de los estudios de prefactibilidad y factibilidad, así como la precalificación y licitación para posteriormente seleccionar la empresa que se encargará del diseño, construcción y financiamiento del proyecto de expansión del puerto.
Mientras tanto, la operación del puerto está al límite. Caldera trabaja por encima de su capacidad desde hace una década y el propio Incop reconoce una saturación cercana al 95% (cuando el nivel óptimo no debería superar el 80%). El año pasado, atendió 639 buques (casi dos por día) y solo hay un puesto con 12 metros de profundidad; otro limita a 7,5 metros, lo que obliga a esperar en bahía cuando coinciden naves de gran calado. El resultado son retrasos y sobrecostos que se trasladan al precio final de los bienes; distintas estimaciones ubican ese impacto en al menos $100 millones anuales.
Estamos en un momento en que no se valen las excusas: la modernización del puerto, que debía manejarse como un asunto técnico, se enredó desde junio de 2022, cuando, con apenas un mes en el gobierno, el presidente Rodrigo Chaves desistió de licitar y optó por extenderle el contrato a SPC por cinco años más, hasta 2031, a cambio de que realizara obras paliativas.
El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) objetó desde un inicio esa prórroga por considerar que resultaría más onerosa para el Estado e incluso era necesaria porque en 2022 aún había tiempo para sacar la licitación.
A ello se sumó otro cuestionamiento público: entre los accionistas de la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) figura José Pablo Chaves, quien aportó ¢107 millones en bonos de deuda política a la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) con el cual Chaves llegó al poder; además, es hijo de Calixto Chaves, consejero ad honorem del presidente, quien invirtió ¢34 millones en certificados de cesión. El mandatario niega que exista conflicto de interés en su decisión.
Lo que sí está claro es que Caldera no admite arreglos paliativos. Con más de cuatro décadas de operación, requiere con urgencia una modernización integral. Ya en 2019, un plan maestro contratado por el Incop por $560.000 concluyó que se necesitaban $251 millones para poner al día la terminal. Hoy, las estimaciones oficiales rondan los $600 millones, y cada mes de atraso solo encarece la factura.
Tanto traspié con el cartel de licitación hace temer que se llegue al punto de que este gobierno o el próximo lo declare infructuoso y, por medio de un decreto ejecutivo de emergencia, deba justificar una extensión del contrato con SPC, tal como lo propone el presidente Chaves, mientras se logra armar un nuevo concurso sin tantos vacíos.
Esa salida implicaría prolongar por más tiempo el colapso de Caldera y los millonarios sobrecostos por su operación al límite. El gobierno y, sobre todo, quienes administran el Incop deben entender la gravedad del problema que le están causando al país.
