EscucharEs sumamente urgente resolver la falta de capacidad y eficiencia características de la operación del puerto de Caldera. Las demandas de las diferentes cámaras empresariales acerca de la operación son genuinas y deben ser atendidas por el bien del país.
No obstante, el otorgamiento a la contratista Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) y a la concesionaria Sociedad Portuaria Granelera de Caldera (SPGC) de una prórroga de cinco años en sus tres diferentes contratos podría no ser bien recibido por la Contraloría General de la República, en vista de las diferentes figuras legales que conviven en el negocio, y eso nos llevaría a perder tiempo valioso, ya consumido por administraciones anteriores.
La pretendida ampliación contractual se efectuaría a cambio de la construcción de ciertas obras “paliativas”. Sin embargo, después de la comparecencia del presidente ejecutivo ante la comisión de infraestructura de la Asamblea Legislativa, queda el sinsabor de que el listado de las pretendidas obras, si bien revisten carácter de urgencia, no atacan el mayor problema de la falta de capacidad del puerto en profundidad y línea de atraque.
Además, tendrían un costo que no sería amortizable en los cinco años adicionales y, consecuentemente, las tarifas se incrementarían para saldar la inversión requerida.
Antes de proponer la prórroga del plazo contractual, cabe preguntar sobre el cumplimiento del contratista durante el tiempo transcurrido. La duda más grande se relaciona con las inversiones en mantenimiento que la SPC no hizo.
Si bien en el contrato por servicios de operación del puerto se omitió definir cuáles son las condiciones normales de operación a que se obliga al contratista, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) ordenó la confección de un estudio que pudiera orientar a la institución en ese sentido.
Las principales conclusiones contenidas en el informe del 2019 deben tomarse en cuenta para definir cómo se aborda la mejora paliativa del puerto. Según se desprende del informe, la SPC ha diferido mantenimiento por una suma cercana a los $4 millones, dinero que bien podría invertirse en mejorar la condición de los elementos que más inciden en la eficiencia de la operación.
La SPC y la SPGC también deberán, dentro del plazo restante de sus contratos, efectuar un nuevo dragado de la dársena y del canal de ingreso a fin de garantizar la atención de buques con el calado de diseño del puerto.
Queda pendiente resolver la compleja situación que afronta el puerto de Caldera dentro del plazo de cuatro años que quedan a los contratos de la SPC y la SPGC.
Posibles alternativas:
1. Estructurar y costear los estudios para una concesión, preferiblemente mediante convenio entre el Incop y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC). Para ello, los cuatro años hasta agosto del 2026 serían suficientes, aunque ajustados, si el proceso comienza de inmediato y se dispone del recurso financiero.
2. Negociar con un banco multilateral la contratación de la consultoría necesaria para estructurar el proyecto y restituir esos costos del concesionario adjudicado. El plazo para concesionar se reduce a unos 43 meses, con un margen prudencial antes de la expiración de los contratos actuales.
3. Revivir, negociar, adaptar y aceptar la iniciativa privada presentada por la empresa International Container Terminal Services Inc. en enero del 2020 para luego someter la concesión a una licitación pública internacional. Bajo esta modalidad, los plazos se reducen a unos 39 meses, y deja tiempo de sobra antes de la finalización de los actuales contratos.
De las anteriores opciones, conviene revisar la iniciativa privada, pues se trata de un operador de terminales portuarias con amplia experiencia en la materia, la concesión estaría sujeta a una licitación pública internacional para la cual, sin duda, habrá suficientes contendientes, entre ellos, el contratista SPC, cuyo conocimiento del puerto, probablemente, le daría una buena oportunidad de presentar una oferta competitiva.
Como país, no podemos seguir dejando pasar el tiempo sin tomar una decisión técnica y legalmente sensata para adecuar el puerto que nos conectaría con la zona de mayor desarrollo mundial y que, sin duda, nos abriría una amplia gama de oportunidades para la economía nacional, pero en especial para las zonas costeras del Pacífico costarricense.
El autor es ingeniero, ex secretario técnico del CNC.
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