La decisión del Gobierno de ampliar por cinco años más la concesión de puerto Caldera, el más importante del Pacífico, a cambio de que el actual operador invierta en “obras urgentes” en la terminal, provocará un aumento en las tarifas u obligará al Estado a pagarle “un gran cheque” a la concesionaria.
Esas son dos de las posibles implicaciones de extender el vínculo con la empresa Sociedad Portuaria de Caldera (SPC), a criterio del ingeniero Eduardo Chamberlain Gallegos, quien fue secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) de la actual administración, entre el 20 de mayo y el 30 de setiembre del 2022.
El 20 de junio, el mandatario Rodrigo Chaves Robles anunció que, dado que el contrato con la empresa chileno-costarricense SPC vence en 2026, se le extendería desde 2027 al 2031 para que haga “inversiones sustantivas de medidas paliativas porque el tiempo no da para tener soluciones permanentes”.
Sin embargo, Chamberlain afirma que “en Concesiones dijimos que eso lo único que va a hacer es complicar más el asunto. Es menos malo quedarse unos meses sin concesionario que extender el contrato ahora, porque tratar de terminarlo después le va a complicar la vida al nuevo concesionario y al Gobierno”,
Alegó que, como sucede en cualquier contrato de concesión, el operador buscará recuperar la inversión realizada, pero sostuvo que un plazo de cinco años sería insuficiente para que SPC recobre el dinero.
El exsecretario indicó que, en caso de que el Estado no tenga recursos para compensar esas inversiones y se haya descartado un ajuste de tarifas, no habría más opción que otra renovación del contrato. Eso, según dijo, sería “casarse de por vida” con el mismo operador.
“Usted va a tener un nuevo concesionario en 2027 (el que construya el nuevo puerto). Pero, entonces, el concesionario al que se le extiende el contrato para que haga esos arreglos que urgen ahora va a decir: ‘vean, para recuperar eso en dos o tres años necesito subir las tarifas exponencialmente’, o el Gobierno tiene que escribir un cheque para reembolsarle y poder irse; y el Gobierno no tiene plata.
“Entonces, la única opción que le va a quedar al Gobierno es seguir pateando la bola para adelante y decir ‘bueno, no entonces cinco años más para que usted mantenga las tarifas competitivas y recupere su inversión’”, manifestó.
Chamberlain estimó que, en tal escenario, nunca va a llegar el momento de tener un nuevo concesionario que invierta entre $500 millones y $800 millones para modernizar el único puerto internacional del Pacífico costarricense.
Un informe elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) señaló que el rezago en mantenimiento de infraestructura y maquinaria en Caldera ascendió a $2,4 millones para el año 2019 y que la falta de inversión afecta los servicios que da la terminal a importadores y exportadores.
El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) responsabilizó al concesionario por la situación, pues adujo que SPC no incrementó “el monto de mantenimiento de puerto Caldera, a pesar de haber presentado un incremento en la cantidad de carga que moviliza”.
En SPC figura como socio José Pablo Chaves Zamora, de 50 años, uno de los mayores financistas de la campaña electoral de Rodrigo Chaves.
Dicho empresario, además, es hijo de Calixto Chaves, quien figuró como director de campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), con el que el actual mandatario se postuló para la contienda electoral del 2022.
José Pablo Chaves compró bonos de la campaña valorados en ¢107 millones, mientras que su padre, Calixto Chaves Zamora, quien se desempeña como consejero del gobernante, invirtió otros ¢146 millones en certificados de cesión. Estos datos están disponibles en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
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Jerarcas cambian criterio tras consulta a Chaves
Previo a su salida del Gobierno, a finales de setiembre de 2022, Eduardo Chamberlain impulsaba modernizar el puerto de Caldera con una licitación internacional por medio de una propuesta privada, de modo que el Estado no quedara “atrapado” con la misma operadora por años.
De esa manera, se hubiesen estudiado propuestas de empresas interesadas para elegir el proyecto más conveniente para el país. En una última etapa se hubiese realizado una licitación para elegir a la empresa concesionaria.
En caso de que la empresa ganadora de la licitación hubiese sido la misma que presentó el proyecto de construcción, esa misma firma desarrollaría y operaría el puerto. Al contrario, si se concesionaba el puerto a otra empresa, esa organización debía pagar los estudios elaborados por la compañía portuaria que diseñó el proyecto.
Chamberlain relató a La Nación que existía una especie de acuerdo entre los jerarcas que conforman el Consejo Nacional Portuario para tomar esa vía. No obstante, aseguró que el rumbo del proyecto cambió radicalmente cuando se le consultó al presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Ese Consejo Nacional Portuario está integrado por los jerarcas de Incop, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y el secretario técnico de Concesiones.
“Don Luis Amador (ministro del MOPT) llevó al Consejo esa decisión, de qué hacer con eso. Nosotros propusimos ir a una iniciativa privada, porque si no se iba a complicar mucho.
“El Ministerio de Planificación no tenía plata para financiar los estudios, la Contraloría no iba a aprobar la propuesta de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y no se quería extender el contrato actual. Entonces, la única opción era esa”, relató Chamberlain.
Señaló que el MOPT estuvo de acuerdo en principio con la propuesta en la sesión del 26 de julio del 2022. No obstante, relató que el presidente de Recope, Juan Manuel Quesada, solicitó no tomar una decisión en ese momento.
“Nos pidió que le diéramos tiempo a la siguiente sesión para ver qué se hacía, que le mandáramos la información y entonces no se tomó la decisión”, aseveró. No obstante, para la siguiente sesión, el 12 de agosto, el acuerdo se cayó.
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“Se volvió a presentar y ahí don Luis Amador (jerarca del MOPT) fue el que dijo que no podíamos tomar esa decisión, que ya eso se le había salido de las manos, que eso lo estaba viendo en Casa Presidencial y que entonces la decisión se iba a tomar en Casa Presidencial”, relató Chamberlain.
Agregó que “ahí murió el tema, hasta ahí supimos”.
Para entonces, el mandatario ya había anunciado su decisión de ampliar el contrato por cinco años más con la Sociedad Portuaria de Caldera a cambio de que invirtiera en obras urgentes en el puerto colapsado.
Las urgencias del puerto, sin embargo, no pueden ser corregidas completamente con esas obras, pues la terminal requiere de una profunda modernización para adaptarla a las nuevas necesidades del mercado marítimo.
Por Caldera se exporta alrededor de $2 millones diarios y se mueve el 12,8% de la totalidad del volumen de las exportaciones anuales.
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