
Una de las fortalezas de la política comercial de nuestro país ha sido siempre contar con un equipo negociador profesional, preparado y plenamente comprometido con la promoción y defensa de los intereses nacionales. Hoy enfrentamos retos muy distintos a los de hace 20 años, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, aunque siguen estando en juego intereses de suma importancia para las exportaciones y para la política de atracción de inversiones en Costa Rica.
En aquel entonces, el objetivo de las negociaciones era estrictamente comercial: asegurarse el acceso preferencial al mercado norteamericano, establecer reglas claras para el intercambio de bienes y servicios entre los países suscriptores y fijar mecanismos relativamente efectivos de solución de diferencias. A pesar de ello, la complejidad del proceso era mayor, al tratarse de un acuerdo plurilateral, en el que no solo se negociaba con el principal socio comercial, sino también con el resto de los países de la región centroamericana y la República Dominicana.
Asimismo, esa agenda implicaba una importante negociación interna, tanto por la necesidad de tomar en consideración los intereses y temores de sectores muy diversos –en muchos casos, altamente sensibles a las importaciones–, como por los cambios estructurales que implicaba la apertura de los sectores de telecomunicaciones y seguros. Los resultados de la negociación fueron exitosos, pero el proceso de aprobación interna nos obligó incluso a someter el acuerdo a un referéndum que provocó divisiones que, afortunadamente, ya fueron superadas.
Las negociaciones que hoy mantenemos con Estados Unidos son sustancialmente distintas. Son más políticas que técnicas, y responden a un cambio radical en la política comercial de ese país, que busca distanciarse del sistema multilateral, usar las posibilidades de acceso a su gran mercado como instrumento para forzar concesiones en distintas áreas y condicionar sus relaciones con las demás naciones a que estas se alineen con las necesidades –reales o imaginarias– de su seguridad nacional.
En este caso, no existen mayores posiciones internas encontradas, puesto que el interés compartido por el gobierno y todos los sectores afectados es restablecer las condiciones que ya teníamos con el TLC. Tampoco están en juego reformas profundas en sectores productivos sensibles ni medidas que supongan una mayor competencia para bienes o servicios provistos por empresas estatales.
Las circunstancias actuales han obligado al equipo negociador a comprender a cabalidad el complejo contexto internacional en que se desarrollan las tratativas, las cuales posiblemente desemboquen en una reconfiguración de los bloques comerciales y de las cadenas de suministro existentes.
En ese escenario, Costa Rica puede aprovechar su localización geográfica, la base productiva instalada, los múltiples encadenamientos ya consolidados y las ventajas que, por muchos años, se han ofrecido a la inversión extranjera proveniente del país norteamericano. Ello solo será posible, sin embargo, si logramos convencer a Washington de que somos un aliado confiable y de que esa alianza será también en su propio beneficio.
Al mismo tiempo, es preciso ser realistas en cuanto a la disposición del gobierno estadounidense de asumir compromisos jurídicamente vinculantes con sus socios comerciales. El afán unilateralista, el desdén por la palabra empeñada y el menosprecio por la letra y el espíritu de los acuerdos suscritos en el pasado, deben llevarnos a cuestionar seriamente si cualquier entendimiento al que se llegue ahora será respetado en el futuro.
Acuerdos de corto plazo, revisables cada cierto número de años y sujetos a la voluntad discrecional de una de las partes aportan muy poco a la certidumbre que se requiere para el desarrollo de los negocios en los mercados internacionales.
Asimismo, lo anterior obliga a ser extremadamente cautelosos y transparentes respecto de las concesiones que el país esté dispuesto a ofrecer, especialmente si estas rebasan el ámbito comercial y se adentran en áreas que afectan nuestra relación con otras naciones, la autonomía en la toma de decisiones fundamentales o el respeto por los valores que durante décadas nos han inspirado y han moldeado nuestra nacionalidad.
Hasta ahora, los resultados de la negociación han sido magros. Incluso la reciente eliminación de los aranceles a ciertos productos agropecuarios obedeció no a las gestiones de los socios comerciales, sino a las presiones internas generadas por el incremento de los precios en los supermercados y por el efecto que ello tuvo sobre el resultado de las elecciones de principios de noviembre pasado. Pero sería injusto atribuir la escasez de logros al equipo negociador nacional. Lo cierto es que el difícil entorno internacional y la rigidez de las posiciones estadounidenses dejan poco espacio para avanzar, por más irracionales que sean las decisiones adoptadas por la Casa Blanca.
La tarea encomendada, entonces, no es fácil. Frente a circunstancias tan adversas y reconociendo nuestras limitaciones, lo esencial es prepararse bien, identificar con claridad y realismo los objetivos, y ejecutar la estrategia con disciplina. Hoy, al igual que ayer, ese es el único camino.
