Cuando pensamos en crimen organizado, tendemos a pensar en narcotráfico. Se justifica. En buena parte del mundo, en particular nuestro hemisferio, la producción, venta, transporte y distribución de drogas son las principales actividades de las mayores bandas criminales. Sin embargo, la huella delictiva de estos grupos es mucho más amplia y compleja. Abarca múltiples rubros, demanda infinidad de servicios y se transforma fácilmente para aprovechar cuantas “oportunidades de negocios” surjan. Costa Rica, lo sabemos, no es una excepción.
Según un informe de su Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI) de la Cámara de Comercio, que revelamos el 27 de abril, el contrabando –de cigarrillos, perfumes, medicamentos y otros productos– se ha transformado. Pasó de ser un asunto de “oportunidad”, o a cargo de grupos dedicados solo a ese fin, a convertirse en “una operación del crimen organizado”. El OBCI estima que, en 2022, sus diversas facetas alcanzaron un valor cercano al billón de colones, equivalentes al 2,6% del producto interno bruto (PIB). Son cálculos imprecisos y con casi cuatro años de antigüedad, pero es posible suponer que las magnitudes actuales son similares e, incluso, mayores.
La principal ruta para el ingreso de drogas al país, en particular la cocaína, son pequeñas embarcaciones y aeronaves provenientes de Suramérica. Sus destinos son Estados Unidos y Europa. Costa Rica, en esencia, funciona como ruta de paso, aunque también se ha convertido en un creciente y mortífero mercado de consumo.
El contrabando utiliza vías distintas a las más usadas para las drogas, pero también forman parte de su red. Entre ellas están los pasos fronterizos sin control; las aduanas formales, incapaces de revisar toda la mercadería que ingresa, y los paquetes aéreos, ideales para productos de pequeño volumen, alto valor y difícil detección, como las sustancias psicoactivas sintéticas.
Se trata, en esencia, de infraestructuras logísticas similares. Si en el pasado la mayoría eran paralelas, la percepción de la Cámara de Comercio y las autoridades es que muchas ya están integradas. Forman parte del mismo entramado, y es posible que su integración también se dé en redes de narcomenudeo. Así como se distribuyen sobres de cocaína, también pueden distribuirse cigarrillos o perfumes.
La ampliación de actividades más allá de las drogas persigue también un objetivo esencial: “blanquear” el dinero obtenido por su venta local y por los servicios que los grupos delictivos prestan a carteles internacionales. De acuerdo con José Miguel Gómez, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), se valen, esencialmente, de empresas o actividades que manejan grandes cantidades de dinero en efectivo. Entre ellas están haciendas y subastas ganaderas, gasolineras, centros de bienestar, venta de vehículos de lujo, lotería ilegal y compra y venta de propiedades.
De ahí, el dinero pasa a la economía formal, para financiar negocios legalmente legítimos, pero controlados por los delincuentes, a menudo mediante testaferros. Es otra forma de ampliar su huella.
A detectar los pormenores de esta compleja trama de lavado se dedica, en buena medida, el ICD. Con base en las recomendaciones y metodología del Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (Gafilat), que integra, y con la colaboración de la industria financiera y otros operadores nacionales, da seguimiento a operaciones sospechosas que alerten sobre posible lavado.
En la última evaluación nacional, publicada en 2024, el Gafilat destacó los avances del país, pero advirtió sobre la necesidad de supervisar mejor las actividades notariales. Gómez aseguró que el ICD ya trabaja en este sentido.
La minería ilegal, particularmente de oro, constituye otro eslabón de las actividades integradas de los grupos delictivos nacionales y transnacionales. Una reciente investigación del diario The New York Times reveló cómo minas controladas por el narcotráfico en Colombia han logrado, mediante diversos intermediarios, que su oro termine en la Casa de la Moneda de Estados Unidos: más “legal”, imposible. El que se extrae en Crucitas y puntos aledaños del cantón de San Carlos, lo absorben compañías mineras chinas de dudosa conducta que operan en Nicaragua. Lo venden, ya “blanqueado” en otros mercados, en particular el estadounidense.
El mensaje es claro: enfrentamos una red delincuencial de múltiples dimensiones, enorme complejidad, sofisticados recursos y cero escrúpulos; además, con casi ilimitada capacidad de adaptación y mutación.
Ante un enemigo de semejante magnitud, no basta que algunas partes de nuestro sistema defensivo funcionen bien. Se requiere mucho más; en particular, salir de los abordajes simplistas y articular una sólida estrategia, con adecuada inteligencia, coordinación y abordaje sistémico. No podemos esperar más.