En Costa Rica existen 293 casos abiertos por contrabando y delitos relacionados, y la mayoría están en la fase inicial, según datos del Poder Judicial actualizados a marzo de 2026.
Actualmente, 173 causas (cerca del 60%) están bajo investigación en las fiscalías. Conforme el proceso avanza hacia instancias superiores, el volumen se reduce: 70 casos se ubican en Juzgados Penales, 36 en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, siete en tribunales de flagrancia y seis en tribunales ordinarios.
Solo un expediente ha escalado hasta la Sala Tercera, la máxima instancia penal del país.
Los delitos con mayor incidencia son el contrabando simple, la defraudación fiscal aduanera y el contrabando agravado.
Según la Ley General de Aduanas (N.° 7557), el contrabando implica el ingreso o salida de mercancías evadiendo el control aduanero. Esta conducta afecta directamente a la Hacienda Pública y genera pérdidas millonarias al Estado.
El artículo 211 de dicha ley establece penas de tres a cinco años de prisión y multas de hasta tres veces el valor aduanero cuando la mercancía supera los cinco mil pesos centroamericanos.
Un flujo que no se detiene
Por su parte, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual reporta que el ingreso de causas se mantiene estable.
En lo que va de 2026 se han abierto 20 expedientes, sumando un total de 73 investigaciones activas en esa oficina técnica. La tendencia es similar a los periodos previos: en 2024 se registraron 69 casos nuevos y en 2025 ingresaron 66.
Cómo se están resolviendo los casos
Durante 2025, los tribunales cerraron 29 expedientes. No obstante, solo cinco terminaron en una condena tradicional mediante juicio ordinario.
La mayoría se resolvió por vías alternas o beneficios procesales: 13 casos se cerraron con un procedimiento abreviado y 8 mediante abreviado con beneficio.
También hubo una absolutoria (cuando el tribunal declara que la persona no es culpable) y dos sobreseimientos definitivos (uno de ellos porque se cumplió con la reparación de los daños y otro por la muerte del imputado).
La legislación costarricense permite que, en ciertos casos, se aplique la conmutación de la pena, es decir, que la prisión se pueda sustituir por otras medidas, como trabajo comunal o arresto domiciliario con tobillera electrónica, siempre que se cumplan las condiciones que establece la ley.
Un negocio ilegal con peso en la economía
Estos datos cobran relevancia luego de que sector empresarial advirtió que el contrabando ha evolucionado hacia operaciones de crimen organizado. Cálculos de la Cámara de Comercio al 2022 estiman que este mercado moviliza cerca de ₡1 billón al año, cifra que representa el 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
“Ya no sólo está en el negocio del narcotráfico, sino que se han involucrado en el contrabando de cigarrillos, de licores, de productos falsificados, de medicinas, y esto nos está generando una gran problemática al comercio formal y al país”, señaló Ricardo Carvajal, director del Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio.
El impacto mayor en el sector de tabaco: se estima que el 44,9% de los cigarrillos consumidos en el país son ilegales, con al menos 19 marcas detectadas fuera del control fiscal.
La mercancía de contrabando, según precisó Carvajal, entra al país por diferentes vías: pasos fronterizos sin control, irregularidades en los procesos aduaneros formales y envíos por paquetería internacional.
Para mitigar el avance de este delito, el especialista urge a reforzar las inspecciones, modernizar la tecnología aduanera y mejorar los sistemas de gestión de riesgo ante el crecimiento del comercio internacional.