EscucharLa reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, se presentó al país como una obra de máxima urgencia para salvaguardar el ingreso de turistas, pero lleva dos meses sin avance, salvo por las labores de drenaje. La premura de la obra no está en duda, pero sí la cadena de decisiones tomadas para desarrollarla.
La primera incertidumbre la despertó el presidente, Rodrigo Chaves, cuando habló de una contratación “como traje a la medida”, con un exceso de precio cercano a ¢1.000 millones, por lo cual despidió a su ministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador y al director de Aviación Civil Fernando Naranjo. Ahora resulta que los arreglos necesarios pueden ejecutarse por $5,5 millones menos, porque las capas inferiores de la base de la pista están en buen estado.
La conclusión es de los ingenieros de la empresa Meco —adjudicataria del contrato por $41,7 millones— después de las primeras valoraciones. Surge, pues, una duda sobre las evaluaciones hechas con anterioridad para redactar el cartel. ¿No había forma de saber, de previo, qué obras serían necesarias?
El descubrimiento de que los daños en la pista son mucho menores de lo estimado al principio es parcialmente responsable del estancamiento de las obras, porque la contratista presentó un cambio en el diseño cuya aprobación por la Dirección General de Aviación Civil está pendiente. Sin embargo, llama la atención que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el MOPT no supieran lo que estaban contratando, presumieran la destrucción de las capas inferiores y adjudicaran una obra mucho mayor.
Ni siquiera la oferta de otra empresa, por ¢900 millones menos, que motivó al presidente a hablar de un exceso en el precio del contrato con Meco, habría sido justa si la reparación puede hacerse con otros $5,5 millones de ahorro. La diferencia es demasiado amplia. El daño no era tanto y, como es bien sabido, sus causas no fueron las enumeradas en el decreto que permitió contratar la obra mediante un régimen de excepción, es decir, con prisa.
El Poder Ejecutivo emitió, en junio del 2023, un decreto para incluir las obras del aeropuerto entre las necesidades creadas por la tormenta tropical Bonnie, un año antes, en julio del 2022. No obstante, el fenómeno natural no deterioró la pista. Los propios expertos de Aviación Civil lo advirtieron en sus informes técnicos: los daños no fueron causados ni acelerados por el fenómeno natural.
El decreto permitió la contratación de emergencia, sin intervención de la Contraloría General de la República, y ahora sabemos que la obra, además de la duda sembrada por el presidente sobre el costo de casi $2 millones en exceso, realmente pudo haberse adjudicado con otros $5,5 millones de ahorro.
Quizá la profundidad del daño solo podía constatarse con el levantamiento de la capa superficial, pero Meco no necesitó levantarla toda, porque el aeropuerto sigue funcionando y solo se ha avanzado en los trabajos hidráulicos. Esa circunstancia indicaría la posibilidad de hacer pruebas para conocer las verdaderas dimensiones de la obra por contratar, en lugar de adjudicar el trabajo a partir de una presunción de daños mayores.
Hay, entonces, un sinnúmero de dudas razonables. Desafortunadamente, las explicaciones de todos los involucrados son, hasta ahora, muy escuetas. Por lo pronto, sabemos que el precio no es el criticado inicialmente por el mandatario, pero tampoco es el de la oferta más barata. El deterioro no es producto de las razones alegadas para acelerar la contratación, pero permitió hacerla sin escrutinio de la Contraloría. Esa celeridad contrasta con los dos meses de parálisis de la obra, en parte atribuidos a la lluvia, pero también al nuevo diseño exigido por el buen estado de la capa inferior de la pista. Ojalá la simplificación de la obra ayude, cuando menos, a terminarla a tiempo para atender la próxima temporada alta, como estaba planeado. Esclarecer las dudas y contradicciones requerirá más tiempo.
