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Hoy es un día de gran importancia para la democracia. Con apego a su mandato institucional y al artículo 147 del Código que lo rige, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocará oficialmente a los comicios nacionales. De este modo, comenzará la campaña con vistas a las votaciones del 1.° de febrero.
Desde este día, y hasta el 17 del mes, los partidos podrán solicitar la inscripción de candidaturas, previo cumplimiento de los requisitos de ley, así como acreditar fiscales. Deberán obtener autorización para realizar actividades públicas. Sus erogaciones calificarán como “gastos de campaña”; estarán obligados a informar mensualmente sobre las donaciones y contribuciones que reciban, y a remitir al TSE, para ser publicados en su sitio web, los estados financieros auditados y listas detalladas de contribuyentes.
También a partir de hoy, según el artículo 11 de la Ley de Radio, el Tribunal asume el control de las cadenas de radiodifusión y televisión. Además, desde mañana quedará prohibido al Ejecutivo, las instituciones autónomas y municipalidades difundir, por cualquier medio de comunicación, publicidad sobre su obra o “logros”. Esta disposición, contenida en el artículo 142 del Código Electoral, es la que, maliciosamente, el presidente Rodrigo Chaves ha calificado de “censura”, aunque su vigencia es de larga data y fue actualizada recientemente, para incluir las plataformas digitales y redes sociales.
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Estas y otras disposiciones, tuteladas con objetividad por el TSE, garantizan que los partidos y candidatos compitan en igualdad de condiciones, en una justa lo más equitativa y transparente posible. Tanto a ellos como a los ciudadanos nos aseguran el respeto absoluto al principio de “una persona, un voto”, y a la pureza en el ejercicio y cómputo del sufragio, del cual emana la legitimidad de los gobernantes.
Su buen desarrollo, sin embargo, no depende solo de las garantías que otorga la Constitución, las normas incluidas en las leyes y las actuaciones de las autoridades encargadas de hacerlas cumplir. El deber de que así ocurra también descansa, en buena medida, en el comportamiento responsable de partidos, candidatos y líderes de opinión en general; en la neutralidad y respeto de los gobernantes; en la participación ciudadana, y en la dinámica del ecosistema de información y comunicación en que se inserta la campaña.
Las empresas e instituciones periodísticas, no importa las plataformas que utilicemos para difundir nuestros mensajes, somos parte esencial de su desenvolvimiento. Nuestros estilos, dinámicas y capacidades son muy diversos. Estas diferencias conducirán a distintas formas de cumplir las tareas; sin embargo, medios y periodistas debemos acatar un mandato cívico y profesional común e irrenunciable: actuar con honestidad, profesionalismo y sentido ético. A esto se añade rechazar presiones de cualquier índole que pretendan condicionar nuestro desempeño y denunciar aquellas de las que tengamos noticia.
Así lo entendemos en La Nación. Por esto, hemos articulado un conjunto de principios a observar y tareas por cumplir, que hoy divulgamos para que cada persona pueda juzgar nuestro desempeño a partir de criterios explícitos.
A los anteriores propósitos sustantivos añadimos otros más: dar seguimiento sistemático al desempeño del TSE y de los partidos, sus candidaturas y debates, y velar por la transparencia en ámbitos como el financiamiento, beligerancia política indebida y posibles denuncias al respecto.
El gran propósito que todos los actores, individuales y sociales, debemos impulsar, es proteger la integridad del proceso; en nuestro caso, desde el buen ejercicio periodístico; en el de otros, desde sus particulares deberes cívicos, políticos e institucionales. La vigencia de la democracia, que nunca debemos dar por sentada, lo exige. Porque de ella, en última instancia, dependen nuestras libertades y el ejercicio de derechos fundamentales.
