Escuchar
El 24 de febrero de 2022, lo que ya se había hecho evidente ocurrió: columnas de vehículos blindados rusos, apoyados por una ofensiva aérea, invadieron Ucrania. Avanzaron hacia la capital, Kiev, con la expectativa de lograr una victoria expedita, ya fuera mediante el derrumbe de las defensas del país agredido o la caída de su gobierno, que, en cualquiera de los dos casos, sería sustituido por un régimen títere.
Nada de lo anterior se produjo. Los ucranianos, con un heroísmo admirable y lleno de sufrimientos, han logrado resistir la oleada de ataques lanzados por órdenes del dictador Vladimir Putin. Para ello, han contado con el apoyo irrestricto de Europa y –aunque cada vez menos decidido– Estados Unidos.
Ha sido una guerra de agresión injustificada, descarada, inaceptable y asimétrica. Rusia, una de las dos mayores potencias nucleares del mundo, con una población de 143 millones de habitantes y un aparato bélico imponente, la emprendió contra un país mucho más débil, pequeño y tres veces menos poblado.
Además, por primera vez en la historia de posguerra, uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas violó de manera frontal la Carta de la organización y un principio ancilar del derecho internacional incluido en ella: el respeto a la integridad territorial de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza para imponerse a otros.
Como consecuencia de la invasión, durante estos cuatro años se ha desarrollado lo que todavía a finales de 2021 parecía impensable: la primera guerra europea a gran escala desde fines de la Segunda Guerra Mundial.
El saldo ha sido monstruoso. Un reciente informe del Centro para el Análisis y Estudios Estratégicos (CSIS), de Washington, calcula en 1,2 millones el número de bajas militares rusas, que incluyen 325.000 muertos; entre los ucranianos, sus cálculos son de 600.000 y entre 100.000 y 140.000, respectivamente. Hasta setiembre del pasado año, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados había documentado al menos 14.383 civiles muertos en Ucrania por los ataques rusos, incluidos 738 niños, y 37.541 heridos, entre ellos 2.318 niños, aunque reconoció que el saldo puede resultar mayor.
El impacto económico también ha sido enorme. En Rusia, la mezcla de sanciones occidentales, junto a una “economía de guerra” impuesta por el régimen sobre la población civil y la reducción en la disponibilidad de mano de obra, ha minado la capacidad productiva general, atizado la inflación y debilitado el crecimiento. Según el mismo estudio del CSIS, su producto interno bruto (PIB) apenas creció 0,6% en 2025.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que el PIB de Ucrania se desplomó en un 29% durante el primer año de la guerra. Luego ha crecido, pero de manera muy modesta, y en el pasado apenas rozó el 2%. Los daños materiales, más difíciles de estimar, superan $150.000 millones (alrededor de 1,5 veces el PIB de Costa Rica en 2025). Millones de personas han abandonado la fuerza laboral, la pobreza ha crecido a niveles récord y las finanzas estatales se sostienen gracias a los créditos y donaciones internacionales.
El principal objetivo de la agresión rusa ha sido convertir a Ucrania en un país vasallo, despojarlo de su sentido de nacionalidad, secuestrar su soberanía, cercenar el derecho del pueblo a la autodeterminación y consolidar la anexión de Crimea –anexada en 2014– y la región del Donbás, actualmente bajo su ocupación. Nada más similar a una guerra imperialista.
Pero el régimen de Putin también persigue otro fin. Se trata de debilitar la unidad, capacidad y voluntad defensiva de Europa, como parte de una estrategia hegemónica de mucho más largo aliento y consecuencias geopolíticas globales. Pasa, sobre todo, por tratar de normalizar y consolidar su voracidad contra Ucrania, y por crear fisuras en la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), dos grandes bastiones de la acción colectiva continental, en el segundo caso junto a Estados Unidos y Canadá.
Hasta ahora, ha fracasado en ambos objetivos. Con avances territoriales mínimos y un desangramiento constante en las tropas, su apuesta a una guerra de desgaste no ha sido exitosa. Los ucranianos han logrado mantener sus líneas defensivas de manera admirable.
La UE ha sostenido y aumentado su solidaridad hacia los agredidos, aunque algunos de sus miembros –en particular Hungría– la entorpecen constantemente. La inversión en defensa ha aumentado entre casi todos sus miembros. Suecia y Finlandia se incorporaron a la OTAN.
Todo lo anterior, sin embargo, se ha visto amenazado por la ambivalencia del gobierno estadounidense hacia la alianza atlántica y sus frecuentes coqueteos con Putin. Las presiones del presidente Donald Trump para que Ucrania ceda territorio como paso hacia la paz son inaceptables, pero también constantes.
De allí proceden hoy, paradójicamente, los mayores riesgos para la integridad ucraniana; también, de forma indirecta, para la europea. Es lo más preocupante al cumplirse cuatro años de agresión y sufrimiento, pero también de tesón y entrega del heroico pueblo ucraniano. El respaldo democrático global debe sostenerse.
