Las mujeres sufren un fuerte castigo en el mercado laboral: participan menos, les cuesta más encontrar empleo y ganan menos por el mismo trabajo. Y cuando se convierten en madres, esas desventajas se acentúan y las expulsan hacia la informalidad, advierte el último informe del Programa Estado de la Nación.
Conviene llamar la atención sobre este tema porque no es un “problema de mujeres”, sino nacional, por sus fuertes consecuencias sociales y económicas. Cada mujer que queda fuera del mercado laboral formal representa talento desperdiciado, menor productividad, una base contributiva más débil y mayor presión futura sobre la seguridad social. En una sociedad que envejece, excluir o precarizar el trabajo femenino reproduce desigualdad, compromete el desarrollo y el bienestar colectivo.
No se trata de que las mujeres “elijan” no trabajar, ni de falta de esfuerzo o ambición. Se trata de que el país no ofrece suficientes redes de cuido infantil ni condiciones laborales que permitan conciliar maternidad y empleo sin caer en la precariedad.
El reportaje “La ‘triple barrera’ que enfrentan las madres para trabajar en Costa Rica”, publicado el 11 de diciembre por la periodista Arianna Villalobos, retrata lo que peligrosamente hemos normalizado: la tasa de participación laboral de las mujeres es del 46% (frente al 70% de los hombres) y luego de la maternidad cae dos puntos adicionales. Y, lo que es más grave, casi la mitad de las madres (47%) trabaja en empleos informales, frente al 42% de los hombres y el 27% de las mujeres no madres.
Esta precarización laboral de las madres incrementa el riesgo de pobreza ahora y en el futuro, particularmente en hogares monoparentales encabezados por mujeres, y se traduce en pensiones más bajas o inexistentes en la vejez. A la vez, disminuye la autonomía económica, aumenta la dependencia económica de la pareja, la familia o el Estado y reduce la capacidad de tomar decisiones libres, incluso para salir de relaciones violentas.
Las madres trabajadoras “casi que aceptan cualquier tipo de trabajo”, como ejemplificó Natalia Morales Aguilar, investigadora del Programa Estado de la Nación (PEN). Por eso se concentran en sectores que ofrecen esa flexibilidad, aunque ello implique salarios bajos y escasa protección social. Se colocan en servicios tradicionales como comercio, alojamiento y comida (31%), salud y educación (18%) y servicio doméstico remunerado (17%). La informalidad funciona como un “amortiguador social”, pero a costa del futuro laboral y económico de las mujeres y del país.
Si para algo sirven las estadísticas y estudios es para orientar la toma de decisiones. En ese sentido, los informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y del PEN deberían provocar prontas acciones del Gobierno y la Asamblea Legislativa, e incluso ser prioridad en las promesas de quienes aspiran a gobernar a partir del 8 de mayo.
Aunque es cierto que la desigualdad salarial es un reto porque, en promedio, una mujer gana un 9% menos que un hombre, es fundamental reforzar la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi). Hoy es insuficiente. Apenas cubre a 70.000 niños, un 8,8% de la población meta de 800.000 menores de hasta 13 años que potencialmente necesita estos servicios.
En la práctica, eso significa que más del 90% de las familias con hijos pequeños no tiene acceso a una opción pública de cuido mientras trabajan. Para miles de hogares, especialmente los más vulnerables, esa ausencia hace la diferencia entre acceder a un empleo formal o quedar atrapados en la informalidad.
A ello se suma otro agravante. La Defensoría de los Habitantes reveló que en el 2024 la población beneficiada disminuyó un 7% en comparación con el 2023. Esto no solo perjudica el desarrollo temprano de los niños, sino que “restringe las oportunidades laborales de los padres, especialmente de las madres”, concluyó la Defensoría.
Ese debilitamiento pasa la factura al mercado laboral. De nada vale que las mujeres tengan mayor nivel educativo que los hombres, si cuando son madres se les condena a aceptar trabajos informales. Bien lo resumió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Costa Rica no ha logrado políticas para que las mujeres puedan trabajar, crecer y aportar en igualdad de condiciones. La brecha de género ya no es educativa, es laboral. Y su costo no lo pagan solo las mujeres, sino toda la sociedad.
Por eso, fortalecer de manera sostenida la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil debe ser una prioridad. Dotarla de presupuesto suficiente y de una gestión eficaz debe verse como una estrategia para el desarrollo nacional. Está demostrado que, cuanto más robusta y accesible es la red de cuido, mayor es la participación femenina en el empleo formal, mejores son los ingresos de los hogares y más sólido y sostenible resulta el crecimiento económico del país.