¿Tiene sentido que tres instituciones distintas ejecuten un mismo programa social dirigido al cuido y desarrollo infantil? Esa es la pregunta que planteó recientemente la Defensoría de los Habitantes al analizar el funcionamiento de la Red de Cuido, una de las principales iniciativas estatales orientadas a la atención de la niñez en condición de vulnerabilidad.
Para el ente defensor, este “enredo institucional”, lejos de fortalecer la respuesta social del Estado, evidencia una estructura desfasada, heredada de un modelo del siglo pasado que ya no se ajusta a las realidades de la Costa Rica del siglo XXI.
Por esta razón, la Defensoría lanzó un llamado: es hora de repensar cómo el país brinda acompañamiento a quienes más lo necesitan.
“Ha llegado el momento de discutir, como país, si la estructura institucional orientada a atender poblaciones de situación de vulnerabilidad hay que cambiarla. Nuestro modelo de asistencia social es un modelo del siglo pasado con una Costa Rica del siglo XXI donde muchas dinámicas han cambiado”, señaló Geovanny Barboza Ramírez, director de Estudios Económicos y Desarrollo de la Defensoría, en entrevista con La Nación.
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La institución advierte que el modelo actual, fragmentado y sin mecanismos de transición efectivos, limita la movilidad social y genera dependencia estatal. Además, carece de evaluaciones claras sobre su impacto real, lo que dificulta ajustar políticas a las necesidades actuales de la población vulnerable.
El planteamiento se basa en una investigación publicada en mayo, en la que la institución identificó importantes debilidades por parte del Estado costarricense en la ejecución de programas sociales, dirigidos a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad.
El estudio abarcó programas bajo la responsabilidad del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Dirección Nacional de Cen-Cinai, esta última adscrita al Ministerio de Salud.
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En el caso de la Red de Cuido, el documento recuerda que la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió, en su informe económico 2025, que el sistema actual se encuentra fragmentado con funciones y responsabilidades poco claras, entre las instituciones involucradas.
Detrás de la Red de Cuido existen tres unidades ejecutoras: PANI, IMAS y Cen-Cenai.
“Entonces, nosotros hemos estado replanteando y revisando (este diseño), diciendo: “Mire, si tenemos tres instituciones que están trabajando con este objetivo, ¿no es más sencillo construir un sistema nacional, no una red de cuido donde su condición o situación de pobreza no sea la que determine si recibe o no el beneficio?“, destacó Barboza.
Los pasos a seguir
La Defensoría subrayó la necesidad de hacer una revisión profunda y estructurada de los roles, responsabilidades y mecanismos de coordinación entre todas las entidades involucradas en la Red de Cuido. Aclaró que dicho estudio debe trascender la formalidad y abordar de manera efectiva las brechas operativas y las ambigüedades que han surgido en la práctica.
“Solo entonces será posible garantizar una prestación coherente, eficiente y de alta calidad de los servicios esenciales destinados a la población infantil en situación de vulnerabilidad, cumpliendo así con la visión y misión originales del programa de cuido”, alega el documento.
Esta dispersión también está presente en el resto del Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social, que aglutina a las instituciones responsables de atender a las poblaciones en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.
¿Quién dirige la política social?
En Costa Rica no existe un único responsable de coordinar y articular las estrategias de reducción de la pobreza e inclusión social. Cada cuatro años, con la llegada de un nuevo gobierno, queda a discreción de la administración entrante definir quién es el rector del sector social.
Actualmente, el rol recae en Yorleny León Marchena, ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidenta ejecutiva del IMAS. No obstante, en gobiernos anteriores la competencia también ha sido delegada al jerarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
“¿Y eso qué nos está diciendo? Que el Estado costarricense no tiene una política social de largo plazo, que trascienda las administraciones", advirtió el experto de la Defensoría.
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Barboza contrastó la inestabilidad del sector social, con la consistencia del sector de la Hacienda Pública, que está a cargo del Ministerio de Hacienda.
“¿Quién es el responsable de la política fiscal de Costa Rica? El Ministerio de Hacienda. Imagínese que tuviéramos cuatro o cinco instituciones viendo la política fiscal: una dispersión de esfuerzos, una multiplicidad de actores y, probablemente, datos aislados que no se comunican entre ellos.
“No podríamos decir con certeza si el país está avanzando o no en la ruta de bajar la deuda pública al 60% o menos. Eso que tenemos en la parte fiscal, no lo tenemos en la parte social”, explicó.
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Sistema fomenta la dependencia
Además, la Defensoría advierte que el sistema actual, lejos de facilitar la movilidad social, fomenta la dependencia del Estado. Esto ocurre porque los subsidios se retiran de manera abrupta justo cuando las familias superan la línea de ingresos con la que se mide la pobreza, aunque sea por unos pocos colones.
La entidad fustigó la inexistencia de mecanismos que permitan una transición gradual hacia la autonomía económica de las personas. Por ello, insistió en la necesidad urgente de rediseñar estos programas, incorporando escalonamientos progresivos en la entrega de beneficios y un acompañamiento integral que garantice una superación real y sostenible de la pobreza.
Un problema adicional es que la mayoría de los programas sociales evaluados carecen de indicadores claros de resultado o impacto, lo que dificulta medir si realmente están generando mejoras en la vida de las personas beneficiarias.
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De hecho, algunos programas con más de 15 años en ejecución nunca han sido sometidos a evaluaciones de resultados, por lo que se desconoce si actualmente cumplen con sus objetivos. Por esta razón, la Defensoría recomienda que todas las entidades responsables implementen evaluaciones periódicas que permitan determinar la efectividad de sus iniciativas y, si es necesario, proceder a su reformulación.
El enfoque predominante en la gestión de estos programas se ha centrado en contabilizar la cantidad de transferencias realizadas, sin prestar suficiente atención al impacto real de estas ayudas en la calidad de vida de los beneficiarios. Esto limita la acción estatal a la simple entrega de recursos, sin adoptar una visión integral orientada al desarrollo social y económico.
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Definición de los beneficios
Otro aspecto crítico señalado por la Defensoría es que, al momento de realizar el costeo y asignación de recursos, no se consideran factores relevantes como la región de residencia de las personas beneficiarias, ni condiciones específicas como discapacidad o enfermedades crónicas.
Estas variables no se integran adecuadamente en la definición de los montos de las transferencias monetarias. Por ello, la institución recomienda ajustar anualmente los montos en función de la inflación y efectuar, al menos cada cinco años, un análisis de costos que permita establecer el nivel de apoyo económico necesario para atender de manera más adecuada las circunstancias particulares de los beneficiarios.
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Finalmente, la Defensoría destaca la necesidad imperativa de que las instituciones cuenten con sistemas unificados de registros administrativos, en lugar de seguir usando herramientas limitadas como Excel para gestionar la información.
Además, la Defensoría identificó inconsistencias significativas en la información proporcionada por algunas instituciones públicas, pues en distintas solicitudes realizadas con meses de diferencia, se han encontrado discrepancias considerables en los datos entregados, lo que dificulta una gestión eficiente y transparente.