La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por cinco diputados del Frente Amplio (FA) y ordenó al Ministerio de Hacienda girar el dinero que por ley corresponde al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el cual financia programas sociales como las Becas Avancemos y la Red de Cuido.
En marzo, los legisladores presentaron el recurso de amparo contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, por un aparente recorte de ¢62.000 millones en los recursos del Fodesaf.
En el fallo de este jueves 1.° de agosto, los magistrados constitucionales confirmaron que el gobierno no ha girado la totalidad de fondos a Fodesaf, correspondientes al 20% de lo recaudado por concepto del impuesto sobre el valor agregado (IVA). Por tanto, determinaron que esta desprotección es un claro y evidente incumplimiento del mandato constitucional.
El Tribunal Constitucional señaló que el incumplimiento lesiona las posibilidades de hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas beneficiarias de los recursos, muchas de ellas niñas y niños, adolescentes y personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo.
En su fallo, los magistrados constitucionales ordenaron al ministro Nogui Acosta que, en el plazo de un mes, se cumpla con la obligación de girar a Fodesaf la totalidad de los recursos. Además, se condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.
El recurso de amparo fue firmado por los legisladores Jonathan Acuña, Rocío Alfaro, Priscilla Vindas, Ariel Robles y Antonio Ortega.
Jonathan Acuña declaró que los recortes afectan el derecho a la educación, ya que implican una reducción en las becas del programa Avancemos, además de que se vulneran las protecciones establecidas en la Constitución para la niñez y las personas adultas mayores.
“Es necesario que la Sala Constitucional le ponga un límite a estos recortes absurdos y que le indique al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, que esos recursos deben incorporarse completos al presupuesto de este 2024″, señaló Acuña en esa ocasión.
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El ministro Nogui Acosta argumentó que la escasez de recursos obligó al gobierno a reducir las transferencias destinadas a ayudas al Fodesaf, porque “las demandas de la sociedad superan la capacidad del Estado”.
El ministro manifestó que, entre el 2022 y el 2024, el Gobierno aumentó el presupuesto social en ¢70.593 millones. Sin embargo, mientras que en el 2019 el monto transferido al Fodesaf fue de ¢255.583 millones, en el 2024 se redujo a ¢193.452 millones.
Acosta también argumentó que, con los recursos actuales, se busca una distribución equitativa dentro de lo posible, para garantizar que todos los programas sociales puedan seguir funcionando.
El ministro informó en la Asamblea Legislativa de que el Gobierno está reduciendo el pago de los intereses de la deuda para generar un espacio fiscal que permita aumentar el gasto social en el futuro.
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Acosta también fue denunciado por siete diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y Partido Liberal Progresista (PLP), ante la Contraloría General de la República (CGR), bajo el argumento de que incumple la disposición legal de destinar a Fodesaf al menos el equivalente a la transferencia hecha en el 2019. Esta disposición está contemplada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
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La fracción legislativa del FA, por otra parte, presentó el proyecto de ley 24.227, que obligaría a Hacienda a girar la totalidad de recursos al Fondo de Desarrollo Social.
La iniciativa pretende reformar el artículo 15 de la Ley Constitutiva de Fodesaf e impone sanciones al ministro o ministra que incumpla ese mandato. El Fodesaf también financia programas sociales como las pensiones para personas en situación de pobreza y los bonos de vivienda.
