Cinco diputados del Frente Amplio (FA) presentaron un recurso de amparo contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, por un aparente recorte de ¢62.000 millones en los recursos que, por ley, el gobierno debe trasladar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) para financiar ayudas sociales.
Jonathan Acuña, diputado firmante del amparo, declaró de que estos recortes afectan el derecho a la educación, ya que implican una reducción en las becas del programa Avancemos, además de que se vulneran las protecciones establecidas en la Constitución para la niñez y las personas adultas mayores. “Es necesario que la Sala Constitucional le ponga un límite a estos recortes absurdos y que le indique al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, que esos recursos deben incorporarse completos al presupuesto de este 2024″, señaló Acuña.
Además de Acuña, firmaron los legisladores Rocío Alfaro, Priscilla Vindas, Ariel Robles y Antonio Ortega. El ministro también fue denunciado por siete diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y Partido Liberal Progresista (PLP), ante la Contraloría General de la República (CGR), bajo el argumento de que incumple la disposición legal de destinar a Fodesaf al menos el equivalente a la transferencia hecha en el 2019.
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Esta disposición está contemplada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Mientras que en el 2019 el monto transferido fue de ¢255.583 millones, en el 2024 se redujo a ¢193.452 millones.
La fracción legislativa del FA, además, presentó el proyecto de ley 24.227, que obligaría a Hacienda a girar la totalidad de recursos al Fondo de Desarrollo Social. La iniciativa pretende reformar el artículo 15 de la Ley Constitutiva de Fodesaf e impone sanciones al ministro o ministra que incumpla ese mandato. El Fodesaf financia programas sociales como las becas Avancemos, la Red de Cuido de menores de edad, las pensiones para personas en situación de pobreza y los bonos de vivienda.
Motivos del recorte
Semanas atrás, Acosta argumentó que la escasez de recursos obligó al gobierno a reducir las transferencias destinadas a ayudas al Fodesaf, porque “las demandas de la sociedad superan la capacidad del Estado”.
El ministro manifestó que, entre el 2022 y el 2024, el Gobierno aumentó el presupuesto social en ¢70.593 millones. Además, agregó que con los recursos actuales se busca una distribución equitativa dentro de lo posible, para garantizar que todos los programas sociales puedan seguir funcionando.
El ministro también informó en la Asamblea Legislativa de que el Gobierno está reduciendo el pago de los intereses de la deuda para generar un espacio fiscal que permita aumentar el gasto social en el futuro. Argumentó que si la deuda pública estuviera por debajo del 60% del PIB, el crecimiento del gasto del gobierno durante este año sería de ¢85.000 millones más, lo que permitiría cubrir varias obligaciones presupuestarias.