EscucharLos tropiezos del gobierno en el proceso de precalificación de empresas para la revisión técnica vehicular, iniciado en marzo de 2023, son inaceptables. Después de más de dos años de trámites y con dos de tres compañías ya validadas en la primera fase, anunciar que todo se reiniciará desde cero porque “no dio los frutos esperados” y porque una empresa incumple un requisito legal, evidencia falta de rigurosidad técnica y una preocupante inseguridad jurídica.
La anulación afecta al Consorcio Applus CR y al Grupo TÜV Rheinland, los cuales demostraron ante técnicos de una comisión evaluadora del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), cumplir los requisitos técnicos y financieros para participar en la licitación pública del servicio por un periodo de 10 años. Dekra, el tercer concursante, quedó fuera por incumplir requisitos financieros.
Sin embargo, la decisión del gobierno y la Junta Directiva del Cosevi asegura a Dekra la continuidad del servicio mediante un permiso provisional otorgado sin concurso público, pese a tratarse de un negocio que genera ingresos por ¢12.000 millones anuales. Ese permiso, concedido en octubre de 2022 por dos años y extendido hasta el 27 de julio de 2025, será ampliado otra vez, al menos por un año, mientras se tramita la próxima licitación. Además, Dekra podrá concursar en ese proceso, que el gobierno espera adjudicar antes de concluir el mandato, en mayo de 2026.
Todo esto plantea preguntas inevitables: ¿Por qué, después de 28 meses de trámites, el gobierno recién detecta un incumplimiento legal en una de las empresas precalificadas? Si el modelo de precalificación era deficiente, ¿por qué insistieron durante dos años sin corregirlo? ¿De qué sirven entonces las comisiones evaluadoras si sus dictámenes técnicos son ignorados?
No es la primera vez que se relegan criterios técnicos. En 2022, cuando se elegía la empresa para el permiso temporal, la comisión evaluadora colocó a la firma sueca Opus en primer lugar y a Dekra en segundo. Sin embargo, el entonces ministro de Transportes, Luis Amador, invocó “discrecionalidad” para otorgar el contrato a la firma que obtuvo la puntuación más baja.
Como si eso no bastara, en la etapa final del actual procedimiento, el gobierno decidió hacer una “revisión exhaustiva” de la documentación aportada por las empresas para darse cuenta de que la ley de tránsito impide otorgar el contrato a una empresa vinculada al transporte público, como sucederìa con un integrante del consorcio Applus. Si esta limitación que esgrime el ministro de Transportes, Efraím Zeledón, es cierta, ¿por qué no se detectó antes?
A lo anterior se suman contradicciones preocupantes. El director jurídico del Cosevi, Carlos Rivas Fernández, había asegurado en abril, cuando fungía como director interino, que el camino estaba despejado para adjudicar el servicio a las dos empresas precalificadas y repartir entre ellas las estaciones del país. “Nuestro mercado permite, por su tamaño, dos empresas brindando el servicio”, declaró.
No obstante, Zeledón afirma ahora lo contrario. Según él, con solo dos empresas precalificadas, “no hay formas de garantizar” que los usuarios tendrán tarifas más bajas. Con ese argumento, ¿pretende desechar todo el proceso? De ser así, resulta injustificable, pues desde diciembre de 2023 era evidente que solo dos empresas habían superado la precalificación.
Incluso, si el precio es lo relevante, el ministro olvida que las tarifas no son discrecionales, sino fijadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), por ser un servicio público. Para la precalificación, estableció bandas: el valor mínimo por inspección de un vehículo liviano sería de ¢4.898 y el máximo, de ¢5.794, una diferencia de apenas ¢896.
Otro aspecto que no puede pasarse por alto es el anuncio prematuro del ministro Zeledón, quien el 4 de junio, en Casa Presidencial, adelantó que el Cosevi declararía nula la precalificación, un mes antes de que su Junta Directiva –autónoma, según la ley– adoptara la decisión. La Auditoría Interna del Consejo de Seguridad Vial advirtió de que esas declaraciones podrían constituir una intromisión en una competencia legalmente reservada a ese órgano directivo.
Además, como alertó la propia Auditoría, el pronunciamiento del ministro podría minar la confianza de los oferentes y alimentar la sensación de inseguridad jurídica. Más grave aún, podría acarrear “consecuencias legales significativas para la Administración” y más retrasos en la contratación del servicio.
Ese temor hace necesario que el gobierno y el Cosevi logren sustentar técnica y legalmente el archivo de la precalificación y explicar por qué “no dio los frutos esperados”, las palabras que usó Zeledón.
La conclusión, sin embargo, es que el país no puede tolerar que un negocio público de esta magnitud continúe gestionándose en medio de la improvisación, las contradicciones y la discrecionalidad política. Los ciudadanos, las empresas y los inversionistas merecen procesos de contratación serios, técnicamente fundamentados y ajenos a cualquier interferencia política. La seguridad jurídica es un pilar del desarrollo y no debe ser vulnerada por la ineficiencia ni por la falta de rigor institucional.
