El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) comenzará de nuevo el proceso de licitación para seleccionar a los futuros operadores de la revisión técnica en el país, que ya se encontraba en etapas finales.
El jerarca de ese ministerio, Efraím Zeledón, aseguró este miércoles en conferencia de prensa que la decisión se tomó porque el proceso de precalificación que se estaba llevando adelante “no dio los frutos esperados”.
“Hace dos o tres años se inició un proceso de precalificación para preseleccionar a las mejores firmas y garantizar el mejor servicio y mejor precio para los usuarios, fue la opción que se consideró más eficiente en ese momento, es evidente que el modelo no dio los frutos esperados”, aseguró Zeledón.
De acuerdo con el jerarca, el sistema que se estaba utilizando buscaba que la mayor cantidad de empresas pasaran la primera etapa de preselección técnica, para que en la segunda fase compitieran por precio y asegurar así el mejor precio para los usuarios.
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“En este modelo, las empresas que precalificaron no tienen esa obligación porque al quedar solo dos, no hay forma de garantizar que va a ser el mejor precio”, agregó.
Esto obedece a que la nueva licitación buscaba dejar el servicio en manos de dos empresas, para evitar cuestionamientos por prácticas monopólicas, por lo que las dos precalificadas automáticamente serían las adjudicadas.
El ministro agregó que lo que corresponde es “descartar” ese proceso y sacar una licitación pública en la que cualquier empresa podría participar partiendo de una “base plana”.
En el proceso que, según el ministro no continuará, habían participado solo tres empresas, entre ellas el actual operador Dekra y los consorcios TÜV Rheinland (de Alemania) y Applus CR (donde participa Riteve). De estas tres, solo las dos últimas firmas habían superado la primera fase, pues Dekra no cumplió con todos los requisitos financieros. Esa fase se había completado desde diciembre del 2023.
Desde entonces, el operador actual acudió a diversas instancias, incluidos reclamos ante el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y recursos en la Contraloría General de la República (CGR), el Tribunal Contencioso Administrativo y hasta la Sala Constitucional.
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En sus reclamos, Dekra argumentaba que la decisión del Cosevi otorgaba una ventaja indebida a un oferente que, a su criterio, no había acreditado plenamente la experiencia mínima requerida, en referencia a la firma alemana TÜV Rheinland.
En su última resolución, emitida a inicios de abril, la CGR confirmaba la firmeza del acto de precalificación, lo que permitía al Cosevi avanzar con las siguientes etapas de adjudicación.
Tras esa resolución, la posición del Cosevi era que seguiría adelante con el proceso, al cual solo correspondería la adjudicación y asignación de las zonas en donde operaría cada empresa.
Bajo ese escenario, el Cosevi tenía previsto completar la transición en el primer trimestre del próximo año y debido a esto era necesario ampliar el permiso de uso en precario mediante el cual opera Dekra, el cual vence el 27 de julio de este año.
En la respuesta dada este miércoles, el ministro no aclaró cuándo se iniciaría el nuevo proceso de licitación, el cual debe ser avalado por el Cosevi. Esta situación obligaría a prorrogar aún más el permiso de Dekra.
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El cartel que se estaba licitando establecía que los nuevos operadores brindarán el servicio en las 13 estaciones fijas existentes, pero además deberán construir 6 nuevas sedes. Además, dividía el país en dos zonas, en las que se repartiría equitativamente los cantones con mayor demanda para cada región.
Además, las empresas podrían brindar tarifas diferenciadas incluso entre sus sedes, siempre dentro de las bandas aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Según las bandas tarifarias aprobadas por la Aresep, el monto más bajo a cobrar por el servicio de inspección para vehículos livianos es de ¢4.898 y el máximo para esa misma categoría es de ¢5.794. Las operadoras deberán establecer sus tarifas dentro de esos montos y deben comunicarlas a la Aresep.