El director del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), Carlos Rivas, confirmó que ya alistan las eventuales prórrogas ante los dos escenarios posibles a partir de lo que resuelva la Contraloría en abril.
Rivas explicó que en caso de que el ente contralor determine que lo actuado hasta ahora por la Administración está a derecho, es decir rechace las pretensiones de Dekra, de anular la preselección de una de las empresas ya avaladas; sería necesario extenderle el contrato a la actual firma al menos seis meses, es decir seguiría al frente del servicio hasta enero del otro año.
Dekra opera en el país desde octubre del 2022, su contrato vencía a finales del año pasado pero se extendió hasta julio y ahora estaría por recibir una prórroga.
Esto obedece a que aunque ya se tenía a las dos firmas preseleccionadas, aún estaba pendiente completar la adjudicación e iniciar los procesos de transición, por lo que el plazo disponible (hasta julio, cuando vence la actual prórroga), no sería suficiente.
Si, por el contrario, se ordena al Cosevi anular la preselección de la empresa alemana Tüv Rheinland, se deberá iniciar un nuevo proceso de licitación, el cual, según lo experimentado con el trámite que se está llevando actualmente, podría tomar alrededor de año y medio.
“Habría que pensar en una nueva licitación con la ventaja de que ya hubo objeciones al cartel, entonces no debería ser atropellado, pero podría darse el escenario de que ahora participen más oferentes y por ende habría más trabajo que analizar”, explicó Rivas.
De acuerdo con el director del Cosevi, ambas posibilidades están siendo valoradas por los equipos técnicos, por lo que estiman que sería en marzo, cuando se acerque la fecha prevista en que la Contraloría debe resolver, que estos planteamientos se trasladen al jerarca de Obras Públicas y Transportes, quien tomaría la decisión final sobre la extensión en el permiso.
Actualmente, Dekra opera mediante un permiso de uso en precario, que originalmente vencía en octubre del año pasado; sin embargo, debido a los atrasos en la nueva licitación, a la empresa se le otorgó una prórroga de nueve meses, con la que extendió su permanencia hasta el 28 de julio próximo.
El recurso presentado por Dekra a finales de enero, el cual la CGR acogió para estudio, una vez más se sustentó en los cuestionamientos por el cumplimiento de requisitos para la precalificación por parte de la firma TÜV Rheinland, pues alega que esa firma presentó documentos fuera del plazo de ley.
El actual operador considera que esa decisión “otorga una ventaja indebida a un oferente que aún no ha podido acreditar plenamente la experiencia mínima requerida para prestar este servicio en Costa Rica durante los próximos 10 años”.
En octubre anterior, La Contraloría anuló de oficio la precalificación de las empresas, debido a que la firma TÜV Rheinland no había logrado acreditar el cumplimiento de la experiencia requerida por el Cosevi, que exigía un mínimo de 25 millones de revisiones integrales para una de las empresas que conforman ese consorcio.
No obstante, ese ente ordenó al Cosevi “valorar” si procedía el dictado de un nuevo acto, conforme los parámetros fijados en el pliego y el objeto del concurso. Es decir, no requirió que el proceso se iniciara de cero, por lo que Dekra continuaba fuera del concurso.
En la misma resolución, la CGR declaró sin lugar el recurso planteado por la actual operadora, debido a que desde la ronda anterior de apelaciones se había determinado que no cumplía con uno de los requisitos de admisibilidad financiera.
De esa forma, el Cosevi aclaró que lo correspondiente era volver a revisar el requisito de experiencia, siguiendo los lineamientos que indicó el órgano contralor, y devolver el proceso a la etapa de precalificación.
Tras esa nueva revisión, la comisión evaluadora del Cosevi determinó que Tüv Rheinland aportó nueva documentación en la que se demostraba el cumplimiento de la cantidad de inspecciones realizadas, según la solicitud de información realizada por el Cosevi.
En la nota enviada a la junta directiva del Consejo, se indicó que tras analizar la documentación, se consideró que esa actuación no constituía ninguna ventaja indebida o motivo de nulidad, por lo que se determinó que el consorcio Applus y la alemana Tüv Rheinland, fueron las únicas que cumplieron todos los requisitos de admisibilidad técnica y financiera.
Tras conocer ese resultado, la Junta Directiva del Cosevi recomendó su adjudicación. Ese acuerdo era el que debía quedar en firme el pasado 31 de enero, pero se suspendió tras el nuevo recurso.
