La Comisión Evaluadora del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) confirmó que la empresa alemana TÜV Rheinland cumple con los requisitos de experiencia y competencia técnica establecidos en el pliego de condiciones para seleccionar a los futuros dos operadores del servicio de inspección técnica en el país.
La resolución, incluida en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) el 1.º de agosto, detalla: “La Comisión concluye que la oferta presentada por TÜV Rheinland, en condición de un grupo de interés económico, cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos para el procedimiento licitatorio, por lo que se mantiene el criterio externado con el oficio CSV-DE-CEP-007-2024, de que los dos oferentes para la Licitación Mayor 2023LY-000002-0058700001, Consorcio APPLUS CR y Grupo TÜV RHEINLAND, cumplen a cabalidad con los requisitos establecidos”.
De esta forma, el ente técnico ratificó que el Cosevi puede seguir adelante en el proceso de selección debido a que previamente ya se había confirmado la idoneidad del consorcio Applus CR (en el que participa Riteve SyC), cumpliendo con la condición de tener al menos dos oferentes. El actual operador, Dekra, había quedado fuera de este proceso desde finales del año pasado en la etapa de precalificación.
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Luego de esa primera fase, el Cosevi había declarado infructuoso el concurso, pues la otra compañía alemana tampoco cumplía todas las condiciones.
No obstante, en marzo anterior, tras revisar apelaciones presentadas por las empresas, la Contraloría General de la República ordenó anular el acto mediante el cual se declaró infructuoso el proceso y determinó que el concurso podía continuar debido a que una de las tres ofertas sí superaba esa primera fase y otra de las participantes podría ser potencialmente elegible tras la resolución del reclamo presentado.
En esa resolución, se declaró parcialmente con lugar el reclamo de TÜV Rheinland, lo que obligó a la Comisión a revisar nuevamente la experiencia técnica aportada y el cumplimiento del requisito de 25 millones de inspecciones integrales. Esas condiciones eran las que la habían dejado fuera del concurso.
En el caso de Dekra, su reclamo estaba relacionado con el cumplimiento de las condiciones de capacidad financiera. No obstante, la CGR declaró sin lugar la petición, ya que no desvirtuó el incumplimiento de la capacidad financiera requerida para el periodo 2022, pues no era posible modificar la responsabilidad fijada en el acuerdo consorcial. Por esa razón, y a pesar de que el actual operador presentó otros recursos de nulidad en contra de las decisiones, esa empresa quedó fuera del proceso.
En mayo anterior, luego de revisar la documentación aportada por TÜV Rheinland para subsanar lo ordenado por la Contraloría, la Comisión Evaluadora del Cosevi recomendó adjudicar el servicio al consorcio Applus CR y a esa empresa alemana.
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Sin embargo, en la sesión de Junta Directiva del Cosevi del pasado 19 de junio, la directora de ese consejo, Cindy Coto, explicó, ante la consulta de una de las directivas, que el análisis se devolvió a la Comisión debido a que el informe presentado no cumplía con aspectos de forma requeridos por el Sicop.
“Cuando ellos terminen, eso va a pasar a la Comisión de Adjudicaciones, se les va a presentar un informe a ustedes y con eso se estaría resolviendo la etapa de precalificación, todavía estamos ahí”, agregó la directora del Cosevi.
Coto advirtió que aunque se finalice esta etapa de precalificación, aún no pueden sacar la licitación definitiva, debido a que se está a la espera de la resolución de la Sala Constitucional a una acción contra los artículos de la Ley de Tránsito que regulan la inspección técnica.
Las normas impugnadas están relacionadas con el modelo de operación establecido para ese servicio, por lo que la futura contratación podría chocar con la ley. En tanto, si la Sala deja sin efecto estos artículos, podría ser necesario realizar una reforma legal para subsanar los vacíos.
El pasado 31 de julio, el actual operador Dekra presentó un recurso de amparo en el que pide a la Sala Constitucional que se “revisen actuaciones contrarias al debido proceso”, alegando que la admisión de más de 25 documentos nuevos presentados por TÜV Rheinland se realizó fuera de plazo.
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Dekra opera actualmente mediante un permiso de uso en precario, cuyo plazo vencía en noviembre de este año. No obstante, el Cosevi le otorgó una prórroga de nueve meses a fin de completar en ese período la nueva licitación y las gestiones necesarias para trasladar el servicio a los futuros operadores.