Una sociedad anónima vinculada al Taller 3R, empresa que presentó un proceso concursal para evitar su liquidación, adeuda millones al fondo inmobiliario que es propietario del polémico Parque Empresarial del Pacífico (PEP), administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI).
Se trata de Reyva S. A., una de las cuatro sociedades incluidas en el proceso concursal promovido Grupo Corporativo Tres Erres Holding. La subsidiaria, parte del grupo de interés económico, tiene una alta morosidad por impago de alquileres.
Según el expediente, Reyva S. A. adeuda al menos $815.652 (¢412,1 millones, al tipo de cambio de este lunes) al Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado administrado por BCR SAFI, distribuidos en $561.446 (¢283,7 millones) de un proceso monitorio y $254.206 (¢128,4 millones) por alquileres atrasados.
En el expediente 25-000048-0958-CI, presentado ante el Juzgado Concursal de San José el 14 de marzo pasado, el fondo de inversión figura como uno de los 15 acreedores de 3R. Además, BCR SAFI confirmó a La Nación que existen montos adeudados, aunque no los detalló por considerar que se trata de información “confidencial y privilegiada”.
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“Reyva S.A. es inquilino en uno de los inmuebles propiedad de BCR Fondo de Inversión Inmobiliario ND, fondo administrado por BCR SAFI; sí existen montos adeudados por parte de este inquilino, en razón del contrato de arrendamiento que existe entre las partes”, explicó la subsidiaria del BCR a este diario.
Manuel Briceño, abogado que presentó la solicitud concursal del Taller 3R, negó que la empresa deba algún monto a BCR SAFI por arrendamiento y añadió que los compromisos están garantizados, aunque dichas garantías no se han ejecutado.
“A la SAFI no se le debe nada. Sí es acreedor, pero por otra cosa; no por arrendamiento. A la SAFI no se le debe absolutamente nada (...). La SAFI ya está garantizada, se le pagó $1 millón (¢505,3 millones) y también está garantizada de otra forma”, explicó Briceño, quien manifestó que se incluyó como acreedor por “formalidad”.
BCR SAFI precisó que presentó una demanda monitoria arrendaticia contra Reyva S. A., el 21 de diciembre de 2023. El proceso busca tramitar el desahucio originado en una relación de arrendamiento civil o comercial.
Respecto al proceso concursal presentado por el Taller 3R, la Sociedad Administradora señaló que fue notificada sobre la gestión y que se apersonó “en defensa de los intereses de los inversionistas”.
Rodrigo Alberto Carazo, vocero de inversionistas del fondo inmobiliario administrado por BCR SAFI, afirmó que desde el 2023 les viene afectando la morosidad de este inquilino, el cual considera como un arrendatario importante.
“Le pedimos nuevamente a la administración de BCR SAFI que actúe conforme a sus obligaciones, que no deje pasar situaciones de este tamaño sin actuar de manera diligente”, manifestó Carazo.
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Trámite de cobro
En el proceso monitorio (cobro de deudas) tramitado bajo el expediente 23-000927-0181-CI, del cual La Nación tiene copia, se indica que la renta debía pagarse por mes adelantado, el primer día de cada mes, y que al momento de la presentación de la demanda pagaban $84.735 (¢42,8 millones).
El contrato de arrendamiento entre las partes fue suscrito el 3 de noviembre de 2017. Posteriormente, mediante la adenda N.° 1, firmada el 29 de noviembre de 2018, se amplió el área alquilada, ubicada en La Uruca, donde el Taller tiene una de sus sucursales.
Al 19 de diciembre del 2023, Reyva S. A. adeudaba al fondo de BCR SAFI siete rentas mensuales, así como un periodo de intereses moratorios, que sumaban $561.446 (¢283,7 millones), monto que también fue incluido en el proceso concursal. Además, se añadieron $22.160 (¢11,1 millones) por mora.
El expediente señala que las partes habían firmado un acuerdo de pago por las rentas adeudadas, el cual fue incumplido por la demandada. En ese sentido, se estimó que Reyva S. A. adeudaba $2,1 millones (¢1.061 millones) al 11 de diciembre del 2023 por dicho concepto.
“Las cláusulas tercera y décimo quinta del contrato principal estipulan la obligación de pago de la renta de forma mensual y adelantada y que la falta de pago por parte del arrendatario de cualquier suma de dinero a la que esté obligado faculta al arrendante para dar por terminado el contrato y, por ende, solicitar por la vía judicial el desalojo del local, por lo que a causa del no pago del arrendatario debidamente comprobada en este documento, se procede con la presentación de este proceso”, indica el expediente.
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De momento, se desconoce si la empresa canceló alguno de los montos incluidos en el monitorio. La Nación consultó a BCR SAFI sobre el avance del proceso y si la compañía había pagado los $2,1 millones, pero indicaron que no podían brindar más información debido a que el caso está judicializado.
En un oficio enviado por Reyva S. A. a BCR SAFI, con fecha del 17 de octubre del 2024, se menciona que la empresa ha realizado depósitos dentro del proceso monitorio por más de $600.000 (¢303,2 millones). En ese escrito, manifestaron su disposición a negociar la deuda.
Días después, el 4 de noviembre, Douglas Montero, gerente de BCR SAFI, respondió que no existía una propuesta concreta de pago y que la administración estaba dispuesta a negociar, siempre y cuando se presentara una oferta razonable y proporcional.
Luego, el 11 de noviembre del año pasado, la empresa envió una réplica al oficio enviado por Montero, indicando que presentarían una propuesta con el objetivo de suspender el proceso monitorio arrendaticio.
En dicho proceso, BCR SAFI solicitó el pago de la totalidad de lo adeudado al fondo de inversión, así como de los saldos que se continúen generando. También pidió que se ordenara a la empresa desocupar el inmueble.
BCR SAFI les compró inmueble
Las fincas donde se ubica el inmueble arrendado a Reyva S. A. por parte de BCR SAFI, fueron adquiridas por la subsidiaria del banco estatal en 2017 y 2018, directamente a la empresa, por un total de $11,26 millones (¢5.690 millones).
En 2017, el fondo de inversión administrado por BCR SAFI adquirió dos fincas a la sociedad de Taller 3R por un total de $5,69 millones (¢2.875,3 millones). En 2018, adquirió una finca adicional por $5,57 millones (¢2.814,7 millones), según informó la subsidiaria del BCR.
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Estas fincas corresponden al inmueble denominado NI Uruca, que ahora es propiedad del fondo inmobiliario dueño del PEP. El proceso monitorio versa sobre deudas relacionadas con ese mismo inmueble.
Un avalúo realizado por la empresa Consultécnica, en octubre del 2024, en poder de La Nación, valoró las fincas 1-309284-000, 1-205015-000 y 1-177021-000, ubicadas en La Uruca, en $12,02 millones (¢6.074,1 millones), por lo que el inmueble no ha perdido valor.
Proceso concursal
Taller 3R atribuyó sus dificultades financieras al Instituto Nacional de Seguros (INS) y a las secuelas provocadas por la pandemia de la covid-19. Por lo tanto, solicitó protección judicial ante el Juzgado Concursal para evitar la liquidación y preservar los empleos de sus trabajadores.
La empresa adeuda millones en cargas sociales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en impuestos al Ministerio de Hacienda.
“La insuficiencia patrimonial (...) es actual e inminente”, se lee en el expediente, en el que se incluyen cuatro sociedades. En el plan de pago, propusieron postergar el pago de intereses y capital.
El Juzgado Concursal dirige y supervisa procesos de insolvencia de empresas o personas físicas que no pueden cumplir con sus obligaciones financieras. Los deudores solicitan protección legal para negociar con sus acreedores. Si no se logra una reestructuración, el juez ordena la liquidación de los bienes.
Taller 3R indicó que actualmente cuenta con un volumen de trabajo importante, muy similar al que tenía antes de la pandemia. Sin embargo, señaló que la afectación en el flujo de caja por factores externos y el endeudamiento a corto plazo, con intereses elevados, han generado una falta de liquidez.
