La decisión del gobierno de reiniciar el proceso de licitación para seleccionar a los futuros operadores de la revisión técnica vehicular, no solo extendería el permiso provisional que se le otorgó a la empresa Dekra para que brinde el servicio, sino que también reviviría sus esperanzas de convertirse en uno de los prestatarios permanentes, luego de que quedó fuera del proceso anterior.
El pasado 4 de junio, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, confirmó en la conferencia previa al Consejo de Gobierno, que el nuevo concurso partiría de cero, dando las mismas posibilidades a cualquier empresa interesada.
La decisión, dijo, se sustenta en que el proceso que se venía desarrollando desde el 2023 “no dio los frutos esperados”, pues solo dos empresas superaron la fase de precalificación. Esto, según alegó, impediría garantizar que el servicio sea otorgado a las compañías que ofrezcan las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio.
Dicha medida implicaría ampliar más el permiso provisional mediante el cual opera Dekra. Este le fue otorgado originalmente por dos años (que vencieron en octubre del año anterior), pero fue prorrogado a causa de los mismos atrasos registrados durante el concurso inicial.
La empresa alemana era una de las tres firmas que había participado en el proceso que el MOPT ahora pretende descartar. No obstante, había quedado fuera de la precalificación desde diciembre del 2023.
Lo anterior dejaba entrever que las dos empresas que sí lograron cumplir los requisitos serían las adjudicadas, pues la intención de la administración es dejar el servicio en manos de dos compañías. Se trata de la firma alemana Tüv Rheinland y el consorcio Applus (en el que participa Riteve).
Extensión de permiso
El abogado experto en contratación administrativa, Christian Campos, señaló como uno de los principales problemas que acarrearía la decisión del MOPT la citada extensión del permiso mediante el cual Dekra percibe unos ¢12.000 millones al año.
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“Este negocio por sí mismo es un negocio que no se concibe que sea bajo una figura excepcionalísima que permite a la administración brincarse el concurso abierto y, por lo tanto, bajo un permiso en uso decirle ‘tome las instalaciones y admínistrelas’, por 2 años. Que uno habría pensado: ‘Bueno, por 2 años lo podemos tolerar’.
“Entonces, tenemos a una compañía que sin pasar por un concurso, se le dio a dedo un proceso que es altamente competitivo en el mercado. Ahora lo va a tener ya no por los 2 años, tampoco por los 4 años, cuidado si no se va a pasar 8 años feliz de la vida explotando un servicio bajo un título precario que debe ser excepcionalísimo y temporal”, señaló.
Por su parte, el también abogado administrativista, Adrián Leitón, apuntó que en caso de que el Estado pretenda ampliar el permiso en precario, deberá hacerlo con los mismos argumentos y condiciones mediante los cuales otorgó esa figura en un inicio.
En el proceso mediante el cual se seleccionó a Dekra sí se realizó un concurso. No obstante, la empresa no había quedado en primer lugar, según el sistema de evaluación y entonces el MOPT reconoció que la asignación se hizo de forma discrecional.
Inicialmente, se insistió en que la empresa ofrecería reinspecciones gratuitas. En forma posterior, el entonces jerarca del MOPT, Luis Amador, reconoció que desde antes de adjudicar sabían que eso no era posible.
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¿Se puede suspender el proceso en etapa final?
El proceso que el jerarca del MOPT dijo que descartarían, se encontraba ya en fases finales, luego de que se resolvieran múltiples reclamos presentados por Dekra ante la Contraloría General de la República y otras instancias.
Incluso semanas atrás, autoridades del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) habían señalado que lo único que quedaba pendiente era adjudicar en firme las zonas y estaciones en donde operarían cada una de las dos empresas precalificadas, pues incluso ya se cuenta con las bandas tarifarias aprobadas.
A criterio de los especialistas consultados, si bien la administración podría declarar desierta la licitación, esa resolución debe estar justificada y sustentada en criterios técnicos, incluso si se busca justificar en razones de interés público.
“Si uno de los interesados estima que esa decisión no es legal perfectamente puede presentar un recurso ante la Contraloría", explicó Leitón.
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De acuerdo con Campos, aunque el acto de adjudicación no había adquirido firmeza, sí había un proceso de precalificación que ya había sido incluso validado por la Junta Directiva.
“Es un proceso que ha estado a la luz del día, revisado, objetado; se recibieron ofertas, hubo recursos de apelación en dos tandas diferentes. Entonces, está altamente revisado para que ahora se venga a decir que no dio el resultado esperado”, agregó el abogado.
El experto insistió que para evitar problemas legales, el MOPT ahora deberá precisar muy bien los criterios con los que sustentaría la resolución, pues a su criterio, las empresas que resultaron precalificadas podrían no solo acudir a la Contraloría para recurrir el acto de declaratoria de desierto, sino incluso ir ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Esta última instancia podría, como medida cautelar, impedir que se realice el nuevo proceso hasta que se resuelva lo relacionado con el actual.
Campos agregó tampoco existe claridad sobre cuál es el “resultado esperado” citado por el ministro como razón para detener el proceso. A su criterio, no existen estudios de mercado sólidos que digan que es posible lograr la participación de varias empresas en procesos de este tipo.
Adicionalmente, según señaló, acciones como las que se están realizando generan inseguridad jurídica entre eventuales empresas interesadas.
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Diputados investigarán proceso
El diputado liberacionista Francisco Nicolás, quien forma parte de la comisión legislativa que investigó la contratación de Dekra, sostuvo que lo actuado por el gobierno genera nuevas dudas sobre un proceso que ha estado lleno de cuestionamientos.
Nicolás cuestionó que el MOPT haya decidido frenar un proceso de licitación pública después de tres años
“¿Por qué no aprendió la lección y por qué de último momento, después de tanta improvisación, decide declarar desierta la licitación. ¿Qué descubrió el ministro Zeledón que lo hizo echar para atrás?“, preguntó el verdiblanco.
Nicolás aseguró que ya se abrió una investigación, debido a que se recibió una denuncia en la que se advierte que una de las empresas habría presentado datos irregulares como parte de los requisitos de la licitación. Además, adelantó que promoverá que se revise la relación que estos hechos tendrían con lo anunciado por el MOPT.
Otro hecho que genera inquietud es que, desde diciembre del 2023, se conocía que solo dos empresas habían superado la precalificación, pero la decisión de frenar el concurso llega casi dos años después.
De acuerdo con estimaciones de los expertos, relanzar el proceso de licitación podría conllevar, al menos, dos años de espera antes de que se logre seleccionar nuevamente a los futuros operadores.
Ese plazo podría ser mayor, si durante las gestiones que se van completando se presentan objeciones, recursos u otros mecanismos como ocurrió en el original.
La semana anterior, luego de que el ministro anunciara la decisión del Ejecutivo, el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, quien preside la Junta Directiva del Cosevi, aseguró a este diario que el tema aún no había sido visto en ese órgano.
Ahí se tendrán que analizar las recomendaciones que se están haciendo, por lo que prefirió no brindar declaraciones sobre una eventual prórroga o al sustento técnico que tendría una decisión de ese tipo.