Causó sorpresa la intervención del regulador general, Roberto Jiménez Gómez, en un foro organizado por la propia Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para examinar el estado de la generación eléctrica distribuida. Ahora que el Congreso está a punto de dar la aprobación definitiva al proyecto de ley impulsado por la diputada liberacionista Paola Valladares para permitir a los consumidores producir su propia electricidad e inyectar los excedentes a la red nacional, Jiménez exhortó al ICE y sus distribuidores a enfrentar el miedo y mejorar los servicios en lugar de arreglarlo todo con alzas tarifarias.
El regulador resumió las quejas y anhelos de amplios sectores cansados de financiar la prestación del servicio a cualquier costo definido por el monopolio estatal y aceptado por la Aresep. En lugar de gestionar alzas, el ICE debe mejorar su gestión comercial para atraer y conservar clientes antes de expulsarlos hacia la nueva modalidad.
Con realismo, Jiménez reprochó la resistencia al avance de la generación para autoconsumo en vez de prepararse para competir y recordó las reducciones de tarifas aplicadas de oficio por la Aresep «porque no hay gestión comercial, que no es otra cosa que cuidar que el cliente no se vaya a la generación distribuida. Si todo es pedir y pedir tarifas, no va a funcionar», afirmó tajantemente.
La Cámara Costarricense de Generación Distribuida salió al paso del principal argumento esgrimido por el monopolio estatal a lo largo del debate: la falta de capacidad de las redes nacionales de distribución para aceptar los excedentes de la generación distribuida. Por el contrario, dice la organización empresarial, las redes son robustas.
El regulador se sumó, con un sencillo y contundente razonamiento, para responder los alegatos del ICE sobre los costos adicionales de mantenimiento. «Si hay costos imputables a la generación distribuida, debe integrarse en futuras metodologías tarifarias y seremos justos», afirmó.
La diputada Valladares reclamó al ICE «planificar en términos propios», sin poner por delante el interés superior de Costa Rica. «El ICE no es un fin en sí mismo. Lo hicieron bien en algún momento, pero molesta que siempre haya excusas como que las redes no están tan preparadas. El ICE comenzó el plan piloto de generación distribuida en el 2010 y venir a decir que aún está en revisión... no es de recibo».
Si el instituto teme a la generación distribuida debe detenerse a considerar lo sucedido en el foro. Podría resultarle más preocupante. Pocas veces se ve, desde perspectivas tan distintas, un examen tan crítico de sus políticas. La sociedad costarricense ya ha pasado por la prolongación artificial de procesos que van desde la instalación de Internet de banda ancha, en los 90, hasta la apertura telefónica y la portabilidad numérica. Ahora somos testigos de las dilaciones en la entrega del espectro necesario para desarrollar redes 5G, la insistencia de transformar en chatarra las plantas generadoras privadas y las zancadillas a la generación distribuida, incluso con un radical cambio de rumbo después de haber participado en un acuerdo con los demás actores del sector energético.
El mensaje del foro resuena como un ¡ya basta! La empresa monopólica debería tomar nota. Nadie duda de los trascendentales aportes del ICE al desarrollo nacional ni del papel que podría desempeñar en el futuro si renuncia a obstaculizar el progreso. El tiempo del ICE y sus ejecutivos estará mucho mejor invertido si se dedica a gestionar el cambio, tanto del país como de la propia institución.
